Serie: Due Diligence - Diez posts para juristas
El proceso de Due Diligence, más allá de sus variantes sectoriales, sigue una secuencia metodológica relativamente estable que conviene sistematizar.
La primera etapa es la de planificación, en la que se define el alcance de la revisión (scope), se conforma el equipo de asesores, se fija el cronograma y se acuerda con la contraparte el mecanismo de acceso a la información, habitualmente mediante un acuerdo de confidencialidad (NDA) previo.
La segunda etapa consiste en la elaboración y remisión de un checklist o request list, documento estructurado por materias que detalla toda la documentación e información que se solicita a la sociedad objetivo. Un checklist bien diseñado no es un formulario genérico: debe adaptarse al sector, tamaño y estructura de la sociedad, así como a los riesgos específicos previamente identificados en la etapa de planificación.
La tercera etapa es la revisión documental propiamente dicha, que hoy se desarrolla mayoritariamente sobre un data room virtual, donde el equipo asesor analiza la documentación cargada, formula preguntas de seguimiento (Q&A) y, eventualmente, solicita reuniones con management (management interviews) para aclarar puntos críticos.
La cuarta y última etapa es la elaboración del informe de Due Diligence (due diligence report), que debe traducir los hallazgos técnicos en categorías de riesgo jurídicamente relevantes: contingencias que constituyen condición suspensiva para el cierre, contingencias que ameritan un ajuste de precio, contingencias que deben trasladarse a garantías e indemnidades específicas, y contingencias menores que simplemente se documentan a título informativo. Un buen informe no enumera problemas, sino que jerarquiza riesgos y propone soluciones contractuales concretas para cada uno de ellos.
Imagen: Bernard Sleigh’s Anciente Mappe of Fairyland (ca. 1920)
https://publicdomainreview.org/collection/an-anciente-mappe-of-fairyland/
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