miércoles, 11 de noviembre de 2026

Un bot que se presenta como humano ¿es un engaño al consumidor?


SUMARIO

1 Planteo

2 Identidad del interlocutor como información relevante

3 La ley n.° 17.250 y el deber de información

4 El bot como instrumento publicitario

5 El bot interviniendo en la contratación

6 ¿Puede entenderse que la apariencia humana en un bot sea un método desleal?

7 ¿Existe obligación de informar expresamente que se trata de inteligencia artificial?

8 Derecho comparado, casos

9 Responsabilidad del proveedor que utiliza bots

10 Comentarios finales


1 Planteo


En el mundo de plataformas y de la inteligencia artificial, en adelante también IA, nos relacionamos con bots o chatbots frecuentemente, donde antes había personas atendiendo al consumidor. Sepamos o no, nos demos cuenta o no. Es cada vez más frecuente interactuar con programas capaces de mantener diálogos fluidos, responder preguntas, formular recomendaciones, negociar condiciones e incluso concretar operaciones. Algunos se presentan abiertamente como asistentes virtuales mientras que otros adoptan nombres, fotografías, formas de expresión y comportamientos que pueden llevar al usuario a creer que está conversando con una persona. Pensemos en los influencers virtuales, tan “humanos”...

¿Se ajusta a derecho que una empresa utilice un bot que se haga pasar por un ser humano para vender sus productos, ofrecer servicios, formular publicidad o negociar con sus potenciales clientes? ¿La falta de identificación de su naturaleza artificial constituye un engaño al consumidor? ¿Cambia la respuesta cuando el sistema no se limita a informar, sino que interviene activamente en la formación de la voluntad contractual?

Depende de circunstancias concretas, como todo. No obstante, en términos generales se puede afirmar que si recurrir a un bot para relacionarse con el consumidor no resulta comunicado o evidente se trata de un engaño al consumidor. Me refiero especialmente a las circunstancias en las cuales la apariencia adoptada para el chatbot es apta para alterar la percepción del consumidor, condicionar su decisión económica o afectar la transparencia de la relación de consumo. Para mucha gente saber que se está interactuando con un programa de software no resulta admisible o no resulta persuasivo o - directamente - no resulta creíble, por lo que la conducta del consumidor sería muy distinta en uno y otro caso. Bueno... por eso es que no lo dicen... y eso se llama engañar.

Para los comentarios me baso fundamentalmente en la ley uruguaya n.° 17.250 y en información concreta que se encuentra online.


2 Identidad del interlocutor como información relevante


¿Tiene relevancia jurídica que el interlocutor del consumidor tenga naturaleza humana o artificial?

Evidentemente, en principio, lo más importante es la información que se transmite al consumidor: precios correctos, características del producto bien explicadas, condiciones de contratación sean transparentes y respuestas que no induzcan a error. Sin embargo, esto no alcanza a efectos legales.

La identidad y la naturaleza del interlocutor tiene relevancia en cuanto a la confianza que deposita el consumidor, la interpretación de las respuestas y las expectativas que se generan durante el intercambio. No es lo mismo un vendedor humano y su persuación que un software con información, no demasiado distinto a una mera lectura de un texto. Además, en muchas personas el impacto de saber que se interactúa con un sistema automatizado que produce respuestas mediante un modelo de inteligencia artificial, hoy puede ser peculiar. Más aún lo es en caso que el consumidor revele información personal, comunique necesidades particulares, solicite asesoramiento, formule objeciones o negocie condiciones.

No es lo mismo una respuesta automatizada a una inquietud o duda de un consumidor (ni hablemos de perfiles de edad más avanzada o falta de experiencia en las plataformas digitales), que pensar que uno recibe una recomendación independiente, una opinión profesional o una atención personalizada.

De manera que la apariencia humana no es un elemento indiferente, mucho menos afirmar que se trata de un interlocutor humano no siéndolo. En este último caso la gravedad puede ser mayor, naturalmente. En cualquier caso corresponde que haya aclaración o advertencia expresa de la situación.

Si un proveedor aprovecha deliberadamente que un robot tenga un entrenamiento que haga que su tono de voz sea cordial o muestre simpatía, se trata de características que crean una representación falsa sobre las condiciones en que se desarrolla la interacción. Hay engaño.


3 La ley n.° 17.250 y el deber de información


En Uruguay, el análisis de la base legal para aplicar al caso se concentra en la ley n.° 17.250 de Relaciones de Consumo, que es de orden público, artículo 1. El artículo 2 define al consumidor como la persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. El artículo 3 comprende dentro de la noción de proveedor “toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.” . El artículo 4, por su parte, define la relación de consumo como “el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final” y equipara a ella determinados servicios gratuitos cuando se suministran en función de una relación de consumo.

El uso de un bot es un sistema automatizado que se utiliza como medio de actuación comercial. La empresa que lo incorpora a su organización, es decir el proveedor, para comunicarse con consumidores continúa siendo el sujeto relevante desde la perspectiva de la relación jurídica. Eventualmente podrá tratarse de una relación de consumo, o de una información preparatoria como parte de una relación de consumo.

El artículo 6 reconoce, entre los derechos básicos del consumidor, la libertad de elegir, el tratamiento igualitario cuando contrata, el derecho a recibir información suficiente, clara y veraz, y la protección contra la publicidad engañosa y los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios.

No existiendo en el derecho uruguayo normas expresas aplicables a los medios de relacionamiento contractual que se instrumentan con inteligencia artificial, los derechos básicos del consumidor son los principios generales para apoyar la interpretación de la situación que nos planteamos como interrogante en este post.

La exigencia de información suficiente, clara y veraz no se limita a los datos materiales del producto o servicio. Comprende también las circunstancias relevantes en las que se desarrolla la relación de consumo, especialmente cuando estas pueden influir en la decisión de contratar.

No sería razonable interpretar que el proveedor puede proporcionar información comercial veraz sobre el producto, pero simultáneamente construir una representación falsa sobre el interlocutor con el propósito de obtener una ventaja en la negociación.

Por supuesto que no toda omisión acerca de la tecnología utilizada es igual, pero entendiendo relevante para la formación de voluntad y del consentimiento del consumidor si se trata de un interlocutor humano o de un bot, se puede calificar como una infracción al deber de información no comunicar cuál es la circunstancia en cada caso. Si no se dice que se trata de un bot y la implementación de su actividad emula a un ser humano, teniendo aptitud para inducir a error e incidencia en la decisión del consumidor, hay una infracción a los derechos básicos del consumidor, artículo 6 de la ley n.° 17.250.

Por otra parte, si el bot informa sobre las características de un producto, promete una prestación, comunica un descuento o formula determinadas condiciones, habrá que examinar esas manifestaciones conforme a las reglas de la ley n.° 17.250, sin que la automatización del intercambio permita al proveedor desligarse de sus consecuencias. El artículo 14 de la citada ley dispone que toda información, incluso la proporcionada en avisos publicitarios y difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor.


4 El bot como instrumento publicitario


La aproximación al tema se da también en caso que el sistema no se limite a atender consultas, sino a cumplir una función publicitaria. En este caso entran en juego otras reglas, de la misma mencionada ley.

El artículo 24 de la ley n.° 17.250 establece que toda publicidad debe transmitirse y divulgarse de forma tal que el consumidor la identifique como tal. Asimismo, prohíbe la publicidad engañosa, que define como cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea total o parcialmente falsa o que, de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, pueda inducir a error al consumidor respecto de la naturaleza, cantidad, origen o precio de los productos y servicios.

De este precepto surgen dos afirmaciones.

En primer lugar, que la comunicación comercial debe ser reconocible como publicidad. La empresa no puede encubrir una acción publicitaria bajo una apariencia que impida al consumidor identificar su finalidad comercial.

En segundo lugar, el carácter engañoso de la publicidad no depende exclusivamente de que las características del producto sean falsas. También puede derivar de la forma en que se presenta la comunicación, de la información que se omite y de la impresión que razonablemente puede generar en sus destinatarios.

Pongamos el caso de que una empresa incorpora a su página web un bot con nombre, fotografía y lenguaje de una persona real o que parezca una persona real. El sistema inicia conversaciones con visitantes, pregunta por sus necesidades, recomienda productos y procura cerrar ventas. No informa que se trata de un asistente automatizado y está diseñado para que el consumidor crea que conversa con un empleado.

Si esa representación se utiliza para hacer más persuasiva la oferta, generar una confianza que el consumidor no habría depositado en un sistema automatizado o disimular el carácter interesado de las recomendaciones, existen fundamentos para considerar que se está ante una práctica comercial engañosa. En particular, cuando el bot recomienda determinados productos como si expresara una opinión personal o una experiencia propia, sin revelar que actúa siguiendo instrucciones comerciales del proveedor, puede producirse una confusión entre la recomendación aparentemente espontánea y la comunicación publicitaria. No es lo mismo un asistente virtual que dice “puedo ayudarte a elegir entre nuestros productos” que un sistema que afirma “yo compré este producto y me resultó excelente”, cuando esa experiencia personal nunca existió.

Por otra parte, el artículo 26 de la ley n.° 17.250 atribuye al anunciante la carga de probar la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en la información o comunicación publicitaria. La utilización de inteligencia artificial no altera esta regla ni transforma al consumidor en responsable de verificar la autenticidad de las afirmaciones generadas por el sistema.


5 El bot interviniendo en la contratación


Es más intensa la consideración si el bot “negocia” y define la contratación con el consumidor online.

Pongamos el caso de un bot que responde consultas, informa el precio, ofrece una financiación, negocia un descuento dentro de ciertos márgenes y finalmente recibe la aceptación del consumidor. O un un sistema de comercialización de pasajes, reservas, seguros, servicios de telecomunicaciones o productos de consumo. La interactuación en este caso es una instancia de la actividad negocial del proveedor.

La ley n.° 17.250 contempla la oferta y la contratación a través de distintos medios. El artículo 12 regula la eficacia y revocación de la oferta, mientras que los artículos 17 y 20 establecen exigencias informativas específicas para las ofertas de productos y servicios, respectivamente.

Por todo esto, un bot que participa en la contratación debe proporcionar información compatible con esas exigencias, como ser que las condiciones de la operación deben ser comprensibles, verificables y atribuibles al proveedor. Entendiendo que la circunstancia de que el consumidor crea estar negociando con una persona es relevante si esa creencia influye en su decisión de contratar, si no es así porque deliberadamente en un contexto de asimilación humana del bot sin advertencia de su naturaleza informática, dicha omisión constituye engaño.

Hay bots que simulan consultar a un superior, prometen una excepción o dicen que van a realizar alguna gestión para beneficiarlo como consumidor... mientras que no se trata más que de un diálogo automatizado prediseñado. Esto también constituye engaño.

Luego, otra instancia es si ello determina en todo caso la invalidez del contrato. Ese es otro tema paralelo o posterior a la identificación de engaño. Habrá que examinar cada caso. Entiendo, por mi parte, que hay en estas situaciones una afectación al consentimiento que constituye un elemento fundamental de la obligación.


6 ¿Puede entenderse que la apariencia humana en un bot sea un método desleal?


Me refiero en este caso a combinar la prohibición de publicidad engañosa, la persecusión del engaño al consumidor, con lo que establece el artículo 6, literal D, de la ley n.° 17.250 reconociendo expresamente el derecho a la protección contra los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios.

Un bot puede estar diseñado para simular empatía, preocupación, interés personal o una relación de confianza. Puede utilizar el nombre del consumidor (“Hola Beatriz, ¿en qué puedo ayudarte?”), recordar sus consultas, manifestar comprensión frente a sus dificultades económicas y presentar la compra como una solución especialmente adecuada para sus circunstancias.

Estas funcionalidades no son ilícitas por sí mismas.

Sin embargo, si hay simulación, si no se informa debidamente que se trata de un mecanismo automatizado prediseñado para dicho comportamiento, la impresión global que recibe el destinatario, el contexto de la conversación, la finalidad comercial del sistema y la incidencia de la conducta en la libertad de elección cambian la formación del consentimiento. Hay engaño, por lo menos falta de transparencia, y en cualquier caso se distorsionan las condiciones en las que el consumidor toma sus decisiones.

Hay distintas maniobras en cuanto a la contratación que se realizan con los mecanismos desarrollados por los bots. Uno de ellos se relaciona con el artículo 22 literal E de la ley n.° 17.250, que considera práctica abusiva hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios cuando ello no corresponda.

Supongamos el caso en que un bot inicia una conversación con una persona, la conduce mediante preguntas y sugerencias hacia una determinada operación y finalmente registra su aceptación como si hubiera sido el propio consumidor quien tomó la iniciativa de adquirir el producto o contratar el servicio. O que el sistema utilice expresiones destinadas a generar la impresión de que el consumidor ha solicitado una prestación, cuando en realidad la conversación fue organizada y conducida por el proveedor con una finalidad comercial Hay deslealtad en la opción que hace una empresa cuando decide que su software para bot o bots se comporte de esta manera.

Sea una persona o un software que genera tal inversión de la iniciativa, se aplica la referida norma. Por lo tanto, si un proveedor utiliza un bot para inducir al consumidor a realizar una operación y luego presenta esa operación como una iniciativa espontánea del interesado, podría configurarse la práctica abusiva prevista en el artículo 22, literal E.


7 ¿Existe obligación de informar expresamente que se trata de inteligencia artificial?


La ley n.° 17.250 no contiene norma expresa que imponga, con carácter general, la identificación de todo bot utilizado en una relación de consumo. Sin embargo, ello no “legaliza” las conductas desleales, engañosas o fraudulentas que puedan realizarse implementando un sistema de información, negociación o contratación por medio de bots.

La obligación de información suficiente, clara y veraz del artículo 6, literal C, interpretada conjuntamente con la protección contra la publicidad engañosa del literal D y con las restantes disposiciones de la ley, permite fundamentar la exigencia de transparencia cuando la naturaleza artificial del interlocutor tiene lugar en un escenario de interacción. Especialmente si se trata de una opción estética a la cual se recurre para persuadir al consumidor. En el mundo de plataformas y relacionamiento virtual la calificación de consumidor vulnerable o, incluso en temas como la contratación financiera, la calificación de consumidor hipervulnerable - entre otros supuestos de este caso -, hacen especialmente necesaria y exigible la transparencia.

Es distinto el caso de un bot que luce como un personaje mecánico y se comporta como tal. No parece necesario informar de manera destacada que se utiliza inteligencia artificial cuando el carácter automatizado resulta evidente o cuando la interacción se limita a una función instrumental, como proporcionar un número de seguimiento o consultar el horario de atención.

Pero en el supuesto de un sistema que procura deliberadamente que el consumidor crea que está conversando con una persona, particularmente cuando esa apariencia se utiliza para persuadirlo, obtener información, formular recomendaciones o conseguir una contratación es distinto. En estas circunstancias, la identificación del sistema como asistente automatizado constituye una medida razonable de transparencia y puede resultar jurídicamente exigible a partir de los deberes generales de información y lealtad que estructuran el Derecho del consumo.


8 Derecho comparado, casos


De un rápido research se pueden destacar dos disposiciones normativas y tres casos (no todos jurisprudencia específica para la interrogante concreta, pero sí planteos y pronunciamientos reales concretos alusivos) entre varias menciones que se pueden encontrar en la búsqueda online. La mención de dos normas no agota la existencia de disposiciones normativas.


Dos normas

La Unión Europea, como tantas veces, contiene ejemplo de norma. Al respecto, en el Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el artículo 50, apartado 1, establece que los proveedores deben garantizar que los sistemas de inteligencia artificial destinados a interactuar directamente con personas físicas estén diseñados y desarrollados de manera que las personas concernidas sean informadas de que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, salvo que ello resulte evidente para una persona razonablemente informada, observadora y prudente, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de utilización.

No importa de qué negocios se trate, sino de la existencia de interacción entre una persona y un sistema de inteligencia artificial.

En el Estado de California, Estados Unidos, se aprobó la denominada Bot Disclosure Law (SB 1001), incorporada al Business and Professions Code, sección 17941, que prohíbe utilizar un bot para comunicarse o interactuar en línea con una persona con la intención de inducirla a error sobre la identidad artificial del sistema, cuando ello se realiza con el propósito de engañarla sobre el contenido de la comunicación para incentivar la compra o venta de bienes o servicios en una transacción comercial, entre otros supuestos. Quien utiliza un bot puede evitar esa responsabilidad mediante una revelación clara, visible y razonablemente diseñada para informar a los interlocutores de que están interactuando con un sistema automatizado.


Tres casos

a En Estados Unidos se puede citar el caso Garcia v. Character Technologies, Inc. (2025), ante la United States District Court for the Middle District of Florida, Case No. 6:24-cv-01903-ACC-UAM. Se resolvió a través de la Order de 20 de mayo de 2025 (publicada el 21 de mayo de 2025).

(https://caselaw.findlaw.com/court/us-dis-crt-m-d-flo-orl-div/117299600.html)

Se trata de una demanda promovida por la madre de un adolescente fallecido que había mantenido interacciones con personajes conversacionales de la plataforma Character.AI. Uno de los aspectos denunciados fue que los sistemas estaban diseñados para presentarse como personas reales y que, cuando los usuarios les preguntaban si eran humanos, algunos personajes afirmaban serlo y negaban que se tratara de chatbots. La demanda también señalaba que algunos personajes se presentaban como psicólogos o terapeutas, atribuyéndose competencias profesionales.

La norma analizada fue la Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act (FDUTPA).

La jueza entendió que era suficiente la alegación de la demandante de conducta engañosa, al sostener que los personajes eran desarrollados, distribuidos y promocionados de manera que insistían en ser personas reales. También consideró suficientemente planteada la afectación derivada de esas decisiones de diseño. De todas maneras no es una sentencia definitiva, decidiendo el planteo, sino una manifestación inicial habilitante de ulteriores reclamaciones.

b Otro caso relacionado con este tema tuvo lugar en Canadá, es el caso Moffatt v. Air Canada (2024), tramitado ante el Civil Resolution Tribunal of British Columbia, 2024 BCCRT 149, con pronunciamiento del 14 de febrero de 2024 en el expediente SC-2023-005609.

(https://decisions.civilresolutionbc.ca/crt/crtd/en/525448/1/document.do)

Un pasajero consultó al chatbot de Air Canada sobre la posibilidad de obtener una tarifa reducida por fallecimiento de un familiar. El sistema le informó que podía solicitarla incluso después de haber realizado el viaje, dentro de un plazo de 90 días. Sin embargo, la información era incorrecta dado que la aerolínea no permitía esa aplicación retroactiva. Cuando el consumidor reclamó la diferencia de precio la compañía se negó a reconocerla. Air Canada argumentó que no debía responder por la información suministrada por el chatbot. El tribunal rechazó ese planteo y consideró que el sistema era parte del propio sitio web de la compañía. La decisión expresó que la empresa era responsable por toda la información contenida en su sitio, que había existido una representación negligente (negligent misrepresentation) y que el consumidor había confiado razonablemente en la información recibida. Se ordenó pagar un total de US$ 812,02 al reclamante, cubriendo daños, intereses y gastos de procedimiento.

No es antecedente de bot que se hace pasar por humano, pero sí de atribución al proveedor de las manifestaciones del sistema.

c Hay otro caso de Estados Unidos, cercano a este tema, conocido como FTC contra DoNotPay (2024-2025), ante la Federal Trade Commission (FTC). Es un procedimiento administrativo por afirmaciones engañosas sobre las capacidades de un servicio de inteligencia artificial.

(https://search.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/donotpay)

DoNotPay comercializaba un sistema de inteligencia artificial que presentaba como el primer abogado robot del mundo (world's first robot lawyer). La FTC cuestionó que la empresa promocionara sus servicios atribuyéndoles capacidades equivalentes a las de un abogado humano, sin contar con pruebas suficientes para respaldar esas afirmaciones. En enero de 2025 la FTC expidió una orden que prohíbe a la empresa realizar afirmaciones engañosas sobre las capacidades de su sistema para sustituir servicios profesionales. Se establecieron, además, obligaciones de información a consumidores y una reparación económica de US$ 193.000.

Tampoco es el caso de un bot haciéndose pasar por humano, pero pone en evidencia que la apariencia de capacidad humana o profesional atribuida a una inteligencia artificial puede integrar una práctica comercial engañosa.


9 Responsabilidad del proveedor que utiliza bots


La utilización de inteligencia artificial no constituye una circunstancia que exonere al proveedor de sus obligaciones de base legal. La empresa decide incorporar el sistema, determina su finalidad comercial, configura sus instrucciones, establece los productos que promoverá y obtiene los beneficios económicos de su funcionamiento. Por lo tanto, es responsable.No hay cómo sostener que lo sea el consumidor, en el caso de afirmaciones falsas o estrategias engañosas desarrolladas mediante el agente automatizado.

De nuevo citamos disposiciones de la Ley de Relaciones de Consumo.

El artículo 14 de la ley n.° 17.250 atribuye fuerza vinculante a la información difundida por cualquier forma o medio de comunicación e integra esa información al contrato.

En materia publicitaria, el artículo 26 coloca sobre el anunciante la carga de probar la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en sus comunicaciones.

Asimismo, el artículo 51 contempla, ante la comprobación de publicidad engañosa o ilícita, la posibilidad de solicitar judicialmente su suspensión y ordenar la realización de contrapublicidad, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.


10 Comentarios finales


Esta mirada al tema no me encamina a pensar que se debieran prohibir que los proveedores utilicen bots con nombres, personalidades conversacionales o interfaces amigables. De ninguna manera. Tiene facetas positivas que una empresa automatice su atención, utilice inteligencia artificial para informar sobre sus productos, recomiende alternativas o incluso incorpore sistemas capaces de intervenir en operaciones contractuales.

Siempre y cuando lo haga con total transparencia, sin procurar ningún nivel de abuso o distorsión en el consumidor al momento de su determinación de contratar.

En particular, y yendo a la respuesta a la interrogante inicial, no resulta admisible utilizar las posibilidades tecnológicas para construir deliberadamente una representación falsa de la interacción y obtener, mediante ella, una ventaja comercial, ocultando la situación.

Directamente, en cuanto a la aplicación de la ley n.° 17.250, se puede sintetizar que:

1 la empresa que utiliza un bot en su actividad comercial continúa siendo responsable del cumplimiento de las obligaciones propias del proveedor, pues la automatización no modifica la naturaleza de la relación de consumo;

2 cuando el sistema transmite información comercial, formula ofertas o efectúa recomendaciones, sus manifestaciones deben respetar las exigencias de información suficiente, clara y veraz de los artículos 6, 12, 14, 17 y 20, según corresponda;

3 la utilización de una identidad humana ficticia puede constituir una práctica engañosa si es apta para inducir al consumidor a error sobre las condiciones de la comunicación y tiene incidencia en su comportamiento económico;

4 si la conversación automatizada se utiliza para simular que el consumidor ha tomado la iniciativa de adquirir un producto o contratar un servicio, cuando ello no corresponde, se aplica la prohibición del artículo 22, literal E.

Cuando se trata de veracidad en el Derecho de protección al consumidor, ésta comprende no solamente las características del producto o servicio, sino también toda otra situación o circunstancia de incidencia en la voluntad del consumidor.

Un bot puede vender, informar, recomendar, negociar y hasta intervenir en la celebración de un contrato, pero no exonera a la empresa que lo implementó del cumplimiento de ninguna de las normas legales de mercado que le corresponden.


En definitiva: si se presenta como un humano, luce como un humano y no es un humano, el mecanismo de interacción con el consumidor implementado a través de un bot o chatbot es un engaño al consumidor en el derecho uruguayo, en aplicación de los principios y normas generales de protección del consumidor de la ley n.° 17.250.

Cada caso merecerá sus consecuencias.

Sobre la base de derechos básicos del consumidor la empresa proveedora debe informar si el interlocutor que pone a su servicio es un software, bot o chatbot.



martes, 10 de noviembre de 2026

La caligrafía como dato personal y alguna referencia a la IA


1 Introducción


La escritura manuscrita es una manifestación de la personalidad. Hay un margen de intención o intencionalidad en la expresión gráfica de las letras que eligen las personas para escribir, pero también otro de expresión natural a lo largo del tiempo. Aunque habitualmente se la considera una forma de comunicación o una habilidad adquirida mediante el aprendizaje, la caligrafía de una persona también puede funcionar como un elemento de identificación, permitir inferencias sobre determinados aspectos de su comportamiento y convertirse en un instrumento de reconocimiento individual.

La letra manuscrita tiene características que, en mayor o menor medida, pueden mantenerse a lo largo del tiempo y distinguir a una persona de otras. La forma de las letras, su inclinación, el tamaño, la presión ejercida sobre el papel, la continuidad de los trazos, los enlaces, los espacios y la disposición general del texto constituyen algunos de los elementos que pueden ser objeto de observación y análisis. Todo ello lo analizan los peritos calígrafos, por ejemplo, en diversos juicios civiles y penales, para la atribución documental sea en escritura de textos generales o de las firmas personales. Esto no es novedad. La ciencia forense nos tiene acostumbrados a este tipo de análisis.

En este post lo que planteamos en otra dimensión legal de la caligrafía, la de dato personal y su consecuente protección en su régimen jurídico.

No es adelantar conclusiones ir afirmando que sí, que es lo que se considera usualmente. Desde el punto de vista de constituir una manifestación de la personalidad, queda alcanzado por la característica de dato personal y, por tanto, por su protección legal. La caligrafía no es necesariamente, por sí misma, un dato sensible ni un dato biométrico en sentido jurídico. Sin embargo, cuando se encuentra vinculada con una persona identificada o identificable, constituye información relativa a ella y puede quedar comprendida en el concepto de dato personal. Incluso siendo potencialmente vinculable a una persona, queda sujeta a dicha protección.

Tal afirmación tiene consecuencias en nuestro mundo de alternativas de la inteligencia artificial, en adelante también IA, por ejemplo, cuando estamos utilizando algoritmos que cumplen tareas a partir de documentos manuscritos ajenos que se suben al software específico.


2 La escritura manuscrita como elemento de identificación


La caligrafía es una conducta aprendida que, a través de su ejercicio reiterado, desarrolla características individuales. Aunque una persona puede modificar voluntariamente su escritura, utilizar distintos estilos o adaptarla a las circunstancias, existen regularidades gráficas que permiten reconocer semejanzas entre diferentes muestras manuscritas.

Desde el punto de vista técnico, el análisis de escritura puede considerar aspectos estáticos y aspectos dinámicos. Los aspectos estáticos están vinculados con el resultado gráfico que queda plasmado en el papel. Los aspectos dinámicos se relacionan con factores del proceso de ejecución, tales como velocidad, presión, dirección, continuidad, secuencia y coordinación de los movimientos.

Esta distinción es clave en cuanto se pasa del examen tradicional de documentos a los sistemas digitales de reconocimiento de escritura. Una imagen digital de un manuscrito permite estudiar sus características visuales, mientras que un dispositivo de captura dinámica puede registrar, además, información sobre la manera en que fue producido.

Los aspectos estáticos se evalúan cuando se escanea un documento manuscrito con firma de difícil lectura y se “sube a la IA” para que lo transcriba de manera que pueda leerse como documento en cualquiera de las fuentes usuales. Es lo que hace un docente que escanea el escrito que le cuesta leer de un estudiante y lo sube a una aplicación que identifica las palabras y lo transcribe para la clara lectura.

La investigación científica ha estudiado la individualidad de la escritura manuscrita y su utilización en procesos de identificación. Srihari, Cha, Arora y Lee (2002), por ejemplo, examinaron la posibilidad de reconocer características individuales a partir de muestras de escritura, utilizando técnicas computacionales y métodos estadísticos. Por su parte, Plamondon y Srihari (2000) analizaron los fundamentos y las aplicaciones del reconocimiento automático de escritura, incluyendo sus dimensiones tecnológicas y de procesamiento.

La importancia jurídica de estas características no reside exclusivamente en que permitan identificar a quien escribió un texto. También interesa que puedan ser conservadas, comparadas, clasificadas y utilizadas para tomar decisiones sobre una persona.

Así, una muestra manuscrita puede cumplir diferentes funciones:

a permitir entender el contenido de un manuscrito, transcribiéndolo tal como lo identifica la IA;

b identificar o contribuir a identificar a su autor;

c verificar la autenticidad de una firma o de un documento;

d comparar distintas muestras de escritura;

e detectar posibles alteraciones o falsificaciones;

f alimentar sistemas automatizados de reconocimiento;

g construir patrones de referencia para posteriores verificaciones;

h producir inferencias sobre características del comportamiento gráfico de una persona.

La escritura manuscrita, por tanto, es información susceptible de tratamiento autónomo.


3 La caligrafía y el concepto de dato personal


La calificación de la caligrafía como dato personal debe partir de una concepción amplia de la información personal. No es necesario que un dato revele directamente el nombre, la identidad civil o algún aspecto íntimo de una persona para quedar comprendido en el régimen de protección. Basta con que se refiera a una persona identificada o identificable.

En el ordenamiento uruguayo, el artículo 4 literal D) de la ley n.°18.331 define el dato personal como la información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables. Se trata de una definición amplia.La norma no limita la categoría a datos textuales, identificadores oficiales o informaciones declarativas. Comprende cualquier tipo de información que permita establecer una relación con un sujeto determinado o determinable.

La caligrafía encaja en esta definición, dado que una muestra manuscrita puede vincularse con una persona, cuando sus características permiten contribuir a su identificación. La protección no depende de que la escritura sea reconocida inmediatamente por cualquier observador. Puede bastar con que sea posible identificar al titular mediante su asociación con otros datos o mediante técnicas de análisis.

Esta interpretación se sustenta también en el artículo 1 del Decreto N.º 414/009, reglamentario de la ley n.°18.331. La disposición establece que el derecho a la protección de datos personales se aplica a las personas físicas, directa o indirectamente, a través de cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que refiera a ellas.

La referencia expresa a la información gráfica resulta definitoria. Una muestra de escritura es, precisamente, una representación gráfica que puede referirse a una persona y permitir su identificación. Por lo tanto, no parece necesario recurrir a una interpretación extensiva o forzada de la legislación uruguaya para reconocer que la caligrafía puede constituir un dato personal. La propia amplitud de las disposiciones legales y reglamentarias permite comprenderla dentro de esa categoría.

Hay quienes sostienen que no toda escritura manuscrita constituye necesariamente un dato personal. Un texto anónimo, sin elementos que permitan identificar o hacer identificable a su autor, no adquiere automáticamente esa condición por el solo hecho de estar escrito a mano. Entienden que la calificación dependerá de la posibilidad de establecer el vínculo entre la información y una persona determinada o determinable. Por mi parte entiendo que la imposibilidad circunstancial de dar un nombre a la caligrafía que puede estar almacenada como dato en una IA no afecta el carácter de dato personal. Tiene la potencialidad de contribuir al reconocimiento con otras muestras caligráficas que de la misma persona se agreguen y sumarse a una identificación o imputación de autoría.

Tampoco debe confundirse el carácter personal de la caligrafía con la titularidad del soporte material en el que aparece. El propietario de una carta, un cuaderno, un formulario o un documento que contiene escritura manuscrita no adquiere por ese solo hecho libertad irrestricta para tratar o utilizar la información personal que allí se encuentra.


4 ¿Es la caligrafía un dato biométrico?


En el lenguaje técnico, la escritura manuscrita puede utilizarse como característica biométrica conductual. A diferencia de otros rasgos biométricos asociados a características físicas o fisiológicas, como las huellas dactilares o determinados rasgos faciales, la escritura se relaciona con una actividad motora aprendida.

Sin embargo, es necesario distinguir entre la utilización de una muestra manuscrita como dato personal y su utilización como instrumento biométrico de identificación.

No toda muestra de escritura constituye necesariamente un dato biométrico en sentido funcional. Una carta manuscrita puede contener información personal por su autoría, por su contenido o por las circunstancias en que fue producida, sin que haya sido recogida ni procesada con fines de identificación biométrica.

La situación es diferente cuando un sistema analiza características de la escritura para generar un patrón individual y utilizarlo en procedimientos de autenticación o identificación. En ese supuesto, la información gráfica se transforma en un insumo para un proceso de identificación basado en características individuales.

La distinción también permite separar las dos modalidades tecnológicas de análisis ya anticipadas.

Por un lado, el análisis estático de escritura que se realiza a partir de una imagen o reproducción del manuscrito. El sistema estudia las formas, dimensiones, inclinaciones y demás características gráficas visibles.

Por otro lado, el análisis dinámico de escritura que se desarrolla mediante dispositivos capaces de registrar el proceso de escritura, incluyendo variables como presión, velocidad, aceleración, trayectoria y secuencia de los trazos.

El segundo procedimiento puede proporcionar información mucho más rica sobre la conducta gráfica del individuo.

En el derecho uruguayo, el artículo 4 literal E) de la ley n.°18.331 enumera las categorías de datos sensibles, que son aquellos que revelan origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual.

La caligrafía no aparece expresamente incluida en esa enumeración. Tampoco corresponde afirmar que cualquier dato biométrico queda automáticamente comprendido en ella por el solo hecho de ser biométrico. En consecuencia, no es posible realizar una equiparación automática entre caligrafía, dato biométrico y dato sensible. Son categorías que pueden relacionarse, pero no son equivalentes.

Una muestra de escritura puede ser un dato personal sin ser sensible. Puede, asimismo, utilizarse como dato biométrico cuando se somete a un tratamiento dirigido a reconocer o verificar la identidad de una persona. Por otra parte, puede revelar - por su contenido o por la información que se le asocia - datos sensibles, supuesto en el cual corresponderá aplicar las garantías reforzadas previstas legalmente.

La consecuencia jurídica es importante: la naturaleza del dato y la finalidad del tratamiento deben analizarse conjuntamente, sin atribuir a toda muestra manuscrita un régimen jurídico que no necesariamente le corresponde.


5 Caligrafía y la ley n.°18.331


Reconocida la caligrafía como posible dato personal, corresponde determinar qué consecuencias produce su inclusión en el ámbito de aplicación de la ley n.°18.331.

La primera cuestión es que la protección no se limita a la escritura digitalizada. El artículo 3 de la ley comprende los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento, así como sus modalidades de uso posterior. A su vez, el artículo 2 del decreto N.º 414/009 extiende expresamente el régimen a la recolección, registro y tratamiento automatizado o no automatizado, cualquiera sea el soporte y la modalidad de utilización.

Por tanto, la escritura manuscrita en papel puede quedar comprendida en el régimen legal, no es necesario que se encuentre incorporada a una base de datos electrónica. Una colección organizada de muestras caligráficas, fichas manuscritas, documentos escaneados o patrones de escritura utilizados para efectuar comparaciones pueden constituir manifestaciones de tratamiento de datos personales.

Esto no significa que cualquier acto de escribir o conservar un documento manuscrito esté sometido, sin más, a todas las obligaciones de la ley. Debe considerarse el contexto, la existencia de un tratamiento de información personal y las exclusiones previstas en el artículo 3, entre ellas las bases mantenidas por personas físicas para actividades exclusivamente personales o domésticas.


5 . 1 Principio de finalidad

El artículo 8 de la ley n.°18.331 establece que los datos no pueden utilizarse para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.

Este principio tiene una aplicación particularmente interesante en materia de caligrafía. En el caso, por ejemplo, de una institución educativa que recoge ejercicios manuscritos de sus estudiantes con fines de evaluación. La utilización de esas muestras para calificar los trabajos responde a la finalidad que justificó su obtención. Sin embargo, su incorporación posterior a un sistema de reconocimiento de identidad, destinado a detectar automáticamente quién realizó cada ejercicio, constituye una finalidad diferente que requiere un análisis jurídico propio.

Lo mismo sucede en el ámbito laboral. Una empresa puede recibir documentos manuscritos durante un procedimiento de selección o conservar documentos firmados por sus trabajadores. Ello no significa que pueda reutilizar libremente esas muestras para desarrollar perfiles de escritura, alimentar sistemas de identificación o efectuar controles no informados.

La finalidad no puede presumirse por el mero hecho de que la información se encuentre legítimamente en poder de una organización.


5 . 2 Consentimiento e información

El artículo 9 de la ley n.°18.331 establece, como regla general, que el tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular ha prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, debidamente documentado. La norma contempla excepciones, entre ellas determinados tratamientos derivados de relaciones contractuales, científicas o profesionales, cuando los datos resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento.

En el caso de la escritura manuscrita, la aplicación de este principio exige distinguir entre la recepción de un documento y la utilización de sus características gráficas para una finalidad adicional.

Si una persona entrega un formulario manuscrito para realizar un trámite, no puede entenderse automáticamente que ha consentido la utilización de su escritura para cualquier otro propósito.

El artículo 13 complementa esta protección al exigir que, al recoger los datos, se informe de manera expresa, precisa e inequívoca sobre la finalidad del tratamiento, los destinatarios, la existencia de la base de datos, la identidad del responsable, el carácter obligatorio o facultativo de la entrega y las posibilidades de ejercicio de los derechos correspondientes.

La información resulta especialmente importante cuando la persona desconoce que su escritura será sometida a análisis automatizado.


5 . 3 Calidad, proporcionalidad y seguridad

También son relevantes los principios de veracidad, finalidad, proporcionalidad y seguridad previstos en los artículos 7, 8 y 10 de la ley.

Una muestra de escritura puede ser poco representativa de la forma habitual de escribir de una persona. El cansancio, la edad, una lesión, las condiciones materiales de escritura, el instrumento utilizado o la situación emocional pueden incidir en sus características.

Por ello, no sería razonable atribuir a una muestra aislada un valor identificatorio absoluto ni construir conclusiones definitivas sobre la personalidad de alguien a partir de ella.

El principio de veracidad exige que la información sea adecuada y exacta; el de proporcionalidad impide recoger datos excesivos respecto de la finalidad perseguida, y el de seguridad obliga a protegerlos contra accesos, consultas, tratamientos o alteraciones no autorizados.

La responsabilidad proactiva incorporada al artículo 12 por la ley n.°19.670 agrega a la premisa anterior que el responsable debe adoptar y poder demostrar la implementación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, incluyendo privacidad desde el diseño, privacidad por defecto y evaluación de impacto cuando corresponda.

En una organización que almacena muestras manuscritas para identificación, estas obligaciones no son meras formalidades. Deben traducirse en controles de acceso, limitación de usos, conservación adecuada y medidas para impedir que las muestras sean utilizadas fuera de los propósitos autorizados.


6 La escritura manuscrita y los derechos de su titular


La consideración de la caligrafía como dato personal permite reconocer al individuo los derechos que la ley n.°18.331 establece respecto de la información que le concierne.

El derecho de acceso, previsto en el artículo 14, permite conocer qué información personal se encuentra almacenada en bases de datos públicas o privadas. Aplicado a este supuesto, puede comprender la posibilidad de conocer la existencia de muestras de escritura conservadas y los tratamientos que se realizan sobre ellas.

El artículo 15 reconoce los derechos de rectificación, actualización, inclusión y supresión. Su ejercicio puede presentar particularidades cuando se trata de una muestra gráfica original, porque no siempre es posible modificar el documento material sin alterar su integridad. No obstante, ello no elimina el derecho a corregir información asociada incorrectamente a la muestra, actualizar su clasificación o solicitar su supresión cuando corresponda legalmente.

También interesa el artículo 16, relativo a la impugnación de valoraciones personales basadas en tratamientos automatizados.

Esta disposición merece especial atención en relación con los sistemas de análisis de escritura. Pongamos el caso de que una empresa utiliza un sistema automatizado para evaluar la fiabilidad de candidatos a un empleo mediante características extraídas de sus manuscritos o que una institución utiliza patrones gráficos para atribuir conductas o realizar clasificaciones individuales.

Si esa valoración produce efectos jurídicos significativos y se funda en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar aspectos de la personalidad, pueden resultar aplicables las garantías del artículo 16. La persona afectada tiene derecho a impugnar la decisión y obtener información sobre los criterios de valoración y el programa utilizado.

La norma uruguaya demuestra así que la protección de datos personales no se limita al control de la información almacenada. También alcanza, bajo sus condiciones legales, los procedimientos mediante los cuales esa información se utiliza para valorar a las personas.


7 Ámbitos de aplicación y situaciones problemáticas


La caligrafía puede aparecer en contextos muy diversos que permiten apreciar la relevancia práctica de su protección.

En el ámbito educativo, los ejercicios manuscritos, las evaluaciones y las fichas de estudiantes pueden convertirse en fuentes de información para sistemas de reconocimiento de autoría, más allá de auxiliar al docente para la lectura de las evaluaciones. La institución debe diferenciar la utilización pedagógica de los trabajos de su aprovechamiento para finalidades de identificación o análisis automatizado.

En el ámbito laboral, las muestras manuscritas pueden utilizarse en procedimientos de selección, control documental o autenticación. Se vuelve particularmente problemático el tema en este caso cuando se convierten en instrumentos para elaborar perfiles o realizar inferencias que no guardan relación necesaria con la finalidad para la cual fueron obtenidas.

En el ámbito bancario y financiero, la comparación de firmas y patrones de escritura puede contribuir a verificar operaciones y prevenir fraudes. La legitimidad de estos tratamientos debe analizarse atendiendo a su finalidad, necesidad, proporcionalidad y fundamento jurídico.

En el ámbito notarial y documental, la escritura y la firma pueden ser objeto de análisis pericial para determinar autenticidad o detectar falsificaciones. Aquí debe distinguirse el tratamiento de datos personales de la actividad probatoria o pericial, que puede contar con fundamentos jurídicos propios. La conservación y utilización de muestras de referencia también merecen atención.

En el ámbito de la inteligencia artificial, los sistemas de reconocimiento de escritura pueden procesar grandes volúmenes de manuscritos, extraer patrones y generar modelos de identificación. Si esos sistemas permiten vincular las muestras con personas identificadas o identificables, el tratamiento queda sujeto al régimen de protección de datos que corresponda.

En todos estos casos corresponde tener presente que la información esté contenida en un documento entregado voluntariamente no significa que cualquier utilización posterior sea jurídicamente admisible.

También, en todos los casos, es muy importante tener claro que si se están utilizando aplicaciones de IA abiertas o de acceso general, todos los datos que se ingresen para la finalidad que sea – por más legítima que sea – están liberando dichos datos a un uso ulterior incorporados al data set general. Es similar a subir datos ajenos a internet, literalmente, para un uso o aprovechamiento de terceros.

La forma correcta sería tener los documentos manuscritos utilizados en un servidor cerrado, sin que sean incorporados al universo general de la IA que se trate, dado que no se puede disponer de los datos ajenos.

Rotondo (2024, p. 41) afirma que la IA tiene en los datos personales un insumo relevante, cuyo tratamiento está regulado por la normativa nacional e internaiconal correspondiente para los sujetos comprendidos.


8 Limitaciones en el uso de estos sistemas


La utilización de la escritura manuscrita como elemento identificatorio también obliga a considerar sus límites. La individualidad de la escritura ha sido objeto de investigación científica, pero de ello no se desprende que cualquier procedimiento de comparación permita identificar infaliblemente a una persona.

El estudio de Srihari et al. (2002) es un antecedente importante en la investigación cuantitativa de las características individuales de la escritura. Los autores trabajaron con muestras de 1.500 personas y utilizaron procedimientos computacionales para estudiar diferencias gráficas. Su investigación contribuye a comprender el potencial identificatorio de la escritura, pero no autoriza a convertir cualquier coincidencia gráfica en prueba concluyente de autoría.

De igual modo, los sistemas de reconocimiento automático tienen limitaciones técnicas y pueden producir falsos positivos o falsos negativos. La calidad de las muestras, las condiciones de captura, las modificaciones voluntarias y las variaciones naturales de la escritura son factores que deben considerarse.

Desde la perspectiva jurídica, resulta necesario separar tres cuestiones:

a que una muestra manuscrita constituya un dato personal;

b que un tratamiento permita obtener información útil para identificar a su autor;

c que el resultado de ese tratamiento tenga suficiente fiabilidad para fundamentar una decisión o servir como elemento probatorio.

Son cuestiones diferentes y requieren evaluaciones distintas. La protección de datos personales no sustituye las reglas sobre admisibilidad y valoración de la prueba, ni convierte una técnica de reconocimiento en un método infalible.


9 La caligrafía como expresión de la personalidad


Existe, finalmente, una dimensión que merece una prudente consideración, que es la relación entre escritura manuscrita y personalidad.

La escritura es una actividad humana compleja, en la que intervienen aprendizaje, hábitos motores, coordinación, experiencia y circunstancias personales. Por eso puede presentar características relativamente estables y, al mismo tiempo, experimentar modificaciones a lo largo de la vida.

Sin embargo, no corresponde confundir el reconocimiento de características individuales de la escritura con la posibilidad de deducir científicamente rasgos psicológicos, aptitudes, intenciones o comportamientos a partir de ella.

La grafología, entendida como disciplina que pretende inferir características de personalidad a partir de la escritura, no debe confundirse con el examen pericial de documentos ni con los sistemas científicos de reconocimiento de escritura. Sus pretensiones interpretativas han sido objeto de cuestionamientos científicos y no corresponde atribuirles, sin validación suficiente, capacidad para fundamentar decisiones jurídicas relevantes.

Esta distinción adquiere importancia desde la protección de datos personales. La utilización de una muestra caligráfica para identificar a su autor es una operación diferente de aquella que pretende elaborar un perfil psicológico o valorar la confiabilidad de una persona. En el segundo supuesto, además de los problemas de exactitud y proporcionalidad, puede entrar en juego el artículo 16 de la ley n.°18.331, si se trata de decisiones significativas basadas en tratamientos automatizados destinados a evaluar aspectos de la personalidad.


10 Conclusiones finales


La letra de una persona puede ser, simultáneamente, una forma de expresión, un elemento de identificación y un dato personal.

La caligrafía constituye un ejemplo de cómo la evolución tecnológica modifica la relevancia jurídica de manifestaciones tradicionales de la actividad humana. Durante mucho tiempo, la escritura manuscrita fue considerada fundamentalmente como un medio de comunicación y como soporte de documentos. Su utilización para reconocer a una persona estaba asociada, principalmente, a la comparación de firmas y a la actividad pericial.

La digitalización y los sistemas automatizados de reconocimiento amplían considerablemente sus posibilidades de utilización. Una muestra manuscrita puede convertirse en un conjunto de características cuantificables, susceptible de almacenamiento, comparación y procesamiento masivo.

Desde el derecho uruguayo, la conclusión fundamental es que la caligrafía puede constituir un dato personal conforme al artículo 4 literal D) de la ley n.°18.331, especialmente cuando permite identificar o hacer identificable a su autor. El artículo 1 del Decreto N.º 414/009 refuerza esta interpretación al incluir expresamente la información gráfica entre las modalidades mediante las cuales puede referirse información a una persona.

No obstante, su calificación como dato biométrico dependerá de las características del tratamiento y de su utilización para identificar o autenticar a una persona. Tampoco corresponde considerarla automáticamente un dato sensible conforme a la enumeración del artículo 4 literal E) de la ley.

Hay varias cuestiones involucradas en este tema: qué información contiene una escritura manuscrita, qué puede hacerse con ella, para qué finalidad se obtiene, quién la conserva, durante cuánto tiempo y qué decisiones pueden adoptarse a partir de su análisis.

La caligrafía demuestra que la protección de datos personales no debe limitarse a los identificadores tradicionalmente reconocidos, sino también comprender aquellas manifestaciones individuales que, mediante procedimientos técnicos, permiten convertir una expresión humana en información susceptible de identificación, clasificación y utilización.




Referencias bibliográficas


Normativa uruguaya

Uruguay. (2008). ley n.°18.331 de 11 de agosto de 2008 sobre protección de datos personales y acción de habeas data. IMPO.

Uruguay. (2009). Decreto n.º 414/009 de 31 de agosto de 2009, reglamentario de la ley n.°18.331. IMPO.

Uruguay. (2018). Ley n.°19.670 de 15 de octubre de 2018. IMPO.


Referencias


Plamondon, R., & Srihari, S. N. (2000). On-line and off-line handwriting recognition: A comprehensive survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(1), 63–84. https://doi.org/10.1109/34.824821


Rotondo, F. (2024) Temas de protección de datos personales. FCU. 131 pp.


Srihari, S. N., Cha, S.-H., Arora, H., & Lee, S. (2002). Individuality of handwriting. Journal of Forensic Sciences, 47(4), 856–872.


https://www.lawyerpress.com/2026/03/05/el-recordatorio-gallego-sobre-la-caligrafia-como-dato-personal/





Imagen: Parque Rodó. Fotografía: Beatriz Bugallo 2022. 

lunes, 9 de noviembre de 2026

Post 1 La biblioteca como patrimonio intelectual y los derechos que se administran en una colección - 1 de 15


Serie PI para Bibliotecas - Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada #BibliotecaPIAplicada


Una biblioteca no es nada más que un conjunto de libros ordenados en estanterías con criterio técnico que se pueden consultar. Es una organización que administra un patrimonio de bienes culturales, científicos y técnicos, cuyo valor no depende exclusivamente de su precio de adquisición. Una colección jurídica puede reunir obras doctrinarias, repertorios jurisprudenciales, revistas especializadas, comentarios legislativos, tesis, documentos históricos y publicaciones institucionales que cumplen funciones diferentes dentro del mercado educativo. Otra variedad de documentos y recursos se podrá encontrar en la colección de una biblioteca orientada a medicina o arquitectura

Ese patrimonio tiene la especial característica de estar integrado por bienes materiales y por derechos de propiedad intelectual que no necesariamente pertenecen a quien posee los ejemplares, pero que parte de su función en el caso de las bibliotecas – y particularmente de las bibliotecas públicas ubicadas en un centro educativo - consiste en administrar facetas de su uso. La adquisición de un libro permite, en principio, disponer del ejemplar adquirido dentro de los límites legales, pero no convierte a la biblioteca en titular del derecho de autor sobre su contenido. La propiedad del soporte y la titularidad de los derechos intelectuales son cuestiones distintas.

Sin embargo, aún no siendo titular de los derechos de autor una biblioteca gestiona algunos de tales derechos en cumplimiento de sus cometidos culturales. Prestar un libro, fotocopiarlo, digitalizarlo, incorporarlo a una plataforma, reproducirlo en una exposición o incluirlo en una compilación son actividades que pueden involucrar facultades diferentes del titular.

La ley n.° 9.739, en la redacción vigente, reconoce al autor facultades exclusivas sobre la reproducción, distribución, adaptación, transformación, comunicación y puesta a disposición de la obra. La reproducción comprende también el almacenamiento electrónico que posibilite su percepción o comunicación.

Por eso, la primera tarea en una biblioteca es conocer qué activos administra también en la dimensión jurídica autoralista. No basta con un inventario físico de títulos y ejemplares. Es necesario construir un inventario que permita distinguir los bienes adquiridos, las obras cuyos derechos se encuentran vigentes, las obras de dominio público, las publicaciones institucionales, los recursos contratados mediante licencias y los materiales respecto de los cuales existen autorizaciones especiales.

Este enfoque no convierte a la biblioteca en una empresa comercial en sentido estricto. La visualiza como una organización que debe gestionar responsablemente sus recursos, sus relaciones contractuales y los riesgos de sus decisiones. El valor de una colección depende, en buena medida, de la capacidad institucional de mantenerla, utilizarla y ofrecer servicios legítimos a partir de ella.

La propiedad intelectual no es un tema que aparece únicamente cuando llega un reclamo. Pasa a integrar la planificación, el presupuesto, las políticas de adquisición, la conservación y el desarrollo de servicios bibliotecarios.





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Las excepciones del derecho de autor en la gestión de las bibliotecas públicas

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Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada:

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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

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Post 2 Libros antiguos, revistas históricas y colecciones heredadas - 2 de 15



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Una biblioteca jurídica pública puede haber acumulado durante muchos años una colección extraordinariamente valiosa. En ella pueden convivir libros del siglo XIX o anteriores, tratados de comienzos del siglo XX, revistas de varias décadas, obras contemporáneas y publicaciones que fueron adquiridas por instituciones que ya no existen. La antigüedad de un ejemplar, sin embargo, no permite concluir automáticamente que su contenido se encuentre en el dominio público.

La investigación de la situación jurídica de una colección requiere considerar, como mínimo, la fecha de publicación, la identidad del autor, su fecha de fallecimiento cuando corresponda, la existencia de coautoría, las características de la obra y las posibles modificaciones legislativas que hayan incidido en el plazo de protección.

En Uruguay, la ley n.° 19.857 extendió a setenta años los plazos de protección previstos en la legislación de derechos de autor. Además, estableció que determinadas obras que se encontraban en el dominio público sin haber cumplido el nuevo plazo podían volver automáticamente al dominio privado, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros sobre las reproducciones realizadas durante el período correspondiente.

Esta modificación fue muy importante para el caso de las bibliotecas históricas. Una obra que se encontraba en el dominio público pudo haber recuperado protección. Por eso, no es prudente adoptar decisiones de digitalización masiva basándose únicamente en un catálogo antiguo o en una clasificación realizada antes de la reforma.

Las revistas jurídicas requieren una atención particular. Una publicación periódica puede contener artículos de numerosos autores, traducciones, fotografías, ilustraciones, comentarios editoriales y otros materiales. Por otra parte, la situación de la revista como conjunto no necesariamente coincide con la de cada contribución. También debe distinguirse entre el derecho sobre un artículo y el eventual derecho sobre la estructura o compilación de la publicación.

Una solución práctica consiste en desarrollar una clasificación jurídica de las colecciones. Puede comenzar con categorías sencillas:

a dominio público confirmado;

b derechos vigentes identificados;

c titularidad pendiente de investigar;

d material institucional;

e material sujeto a licencia;

f material con autorización específica.

La investigación jurídica se transforma así en una inversión de gestión, pues permite saber qué materiales pueden incorporarse inmediatamente a nuevos servicios, cuáles requieren autorización y cuáles deben permanecer sujetos a un régimen de acceso más limitado.





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Post 3 Dominio público y patrimonio bibliográfico - 3 de 15



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El dominio público representa una muy buena oportunidad para la variedad de actividades de las bibliotecas, así como de la cultura en general. Las obras cuyos derechos patrimoniales de autor se han extinguido pueden ser utilizadas sin solicitar autorización por esos derechos que ya no tienen un titular del dominio privado con exclusiva para gestionarlos, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden respecto de derechos morales, como la integridad y paternidad de la obra.

Para una biblioteca jurídica, esto puede significar la posibilidad de desarrollar colecciones digitales de legislación histórica, doctrina clásica, revistas antiguas, documentos de investigación y publicaciones de interés académico. Un fondo bibliográfico que antes se consultaba exclusivamente en sala puede convertirse en un recurso accesible desde distintos lugares, siempre que se hayan verificado los derechos involucrados.

El dominio público debe determinarse con cuidado. No basta con que el libro sea antiguo, que su autor haya fallecido hace mucho tiempo o que la obra esté disponible en Internet.

Hay que considerar el régimen temporal que resulte aplicable y sus efectos sobre las obras que ya estaban en el dominio público, según las modificaciones introducidas por la ley n.° 19.857 en el Uruguay. Por eso, la clasificación debe documentar la fecha de la obra, la información sobre el autor, el plazo aplicable y la razón por la cual se considera que los derechos patrimoniales se han extinguido.

También conviene distinguir el contenido de una obra del trabajo realizado para digitalizarla. Una reproducción digital de una obra de dominio público no implica necesariamente que la biblioteca adquiera derechos exclusivos sobre el contenido original. Cualquier otra persona, a su vez, puede digitalizar esa misma obra que se encuentra en el dominio público. El análisis de eventuales derechos sobre la reproducción, la base de datos o los elementos incorporados debe realizarse según las características concretas del material y las normas aplicables.

Desde la gestión institucional, la digitalización de obras de dominio público puede convertirse en un servicio de alto valor. Permite preservar materiales frágiles, reducir la manipulación de originales, mejorar la recuperación de información y dar visibilidad a colecciones que permanecían prácticamente desconocidas.

La biblioteca puede además desarrollar productos y servicios complementarios: catálogos especializados, colecciones temáticas, exposiciones virtuales, cronologías doctrinarias y herramientas de búsqueda de publicaciones históricas.

La oportunidad no consiste solamente en poner libros antiguos en una pantalla, sino en transformar un patrimonio acumulado en un recurso de investigación y conocimiento, con una planificación jurídica y tecnológica adecuada.





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