lunes, 16 de noviembre de 2026

Post 1 Economía circular y propiedad intelectual – 1 de 10



Serie Economía circular y PI – Diez posts de PI

Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



La economía circular representa una transformación de los modelos tradicionales de producción y consumo. Frente al esquema lineal de extraer recursos, fabricar bienes, comercializarlos, utilizarlos y finalmente desecharlos, propone mantener los productos, componentes y materiales en circulación durante el mayor tiempo posible, procurando conservar o recuperar su valor económico. Además de reciclar residuos forman parte del modelo la reparación, el mantenimiento, la reutilización, la redistribución, el reacondicionamiento, la remanufactura y el aprovechamiento de materiales.

La Estrategia Nacional de Economía Circular del Uruguay, elaborada con participación de distintos organismos públicos y apoyo de la CEPAL, adopta una concepción sistémica que procura recuperar, retener o agregar valor a los recursos, transformando los sistemas de producción y consumo. Esta perspectiva resulta muy importante, porque permite comprender que la circularidad no es una actividad marginal de gestión de residuos, sino una reorganización de las cadenas de valor y de las relaciones económicas entre sus participantes (Gobierno del Uruguay & Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2024).

¿Qué tiene que ver la propiedad intelectual con esta transformación?

La propiedad intelectual protege creaciones, innovaciones, signos distintivos, diseños, conocimientos y otros activos inmateriales que participan en la actividad económica. La economía circular, por su parte, exige modificar procesos productivos, desarrollar nuevas soluciones tecnológicas, diseñar bienes reparables, identificar productos reacondicionados, comunicar atributos ambientales y construir relaciones comerciales de cooperación. En prácticamente todas esas actividades aparecen derechos intelectuales y entre ambas se plantean diversas dimensiones de interacción.

La primera dimensión de esta relación es la de la innovación. La búsqueda de materiales alternativos, tecnologías de reciclaje, procedimientos de reparación, sistemas de recuperación de componentes y procesos de producción más eficientes puede dar lugar a invenciones patentables, modelos de utilidad y diseños industriales. La protección jurídica de esas soluciones puede contribuir a recuperar las inversiones en investigación y desarrollo y facilitar su comercialización.

La segunda dimensión que se puede encontrar es la necesidad de identificación y diferenciación en el mercado de este modelo como tal. Los consumidores necesitan reconocer qué productos son reutilizados, reacondicionados, reparados o elaborados con materiales recuperados. Las marcas, las marcas colectivas, las marcas de certificación y las indicaciones geográficas pueden cumplir funciones importantes en la construcción de confianza, siempre que las afirmaciones que transmiten sean verificables.

La tercera dimensión es la creación y circulación de contenidos y conocimientos. La economía circular se desarrolla mediante manuales técnicos, programas informáticos, bases de datos, diseños, documentación, contenidos audiovisuales y plataformas digitales. Todos ellos pueden involucrar derechos de autor y derechos conexos, además de secretos empresariales y contratos de transferencia de tecnología.

La cuarta dimensión es que la propiedad intelectual también podría generar tensiones con la circularidad. El ejercicio de derechos exclusivos sobre piezas, componentes, programas informáticos, diseños o signos distintivos puede incidir en las posibilidades de reparar, reutilizar, transformar o comercializar productos previamente introducidos en el mercado.

Supongamos el caso de un fabricante que controla mediante derechos intelectuales el diseño de determinados repuestos, el software necesario para diagnosticar una máquina o la marca que identifica el producto. ¿Hasta dónde puede llegar ese control cuando un tercero pretende repararlo, reacondicionarlo o comercializarlo nuevamente? ¿Qué ocurre si una modificación necesaria para prolongar su vida útil requiere reproducir una obra protegida o utilizar un diseño registrado? ¿En qué condiciones puede venderse un producto usado que conserva una marca ajena?

No hay una respuesta única. Cada instituto tiene su propia estructura normativa, sus límites y sus reglas sobre exclusividad, agotamiento, excepciones y licencias. La casuística es variada.

El análisis jurídico debe evitar dos simplificaciones. Por un lado, evitar suponer que la protección de la propiedad intelectual siempre favorece la economía circular. Por otro lado, considerar que la circularidad exige reducir indiscriminadamente los derechos exclusivos. La cuestión consiste en encontrar mecanismos que permitan compatibilizar los incentivos a la innovación con la circulación eficiente de bienes, conocimientos y materiales.

La economía circular obliga, por tanto, a revisar la propiedad intelectual desde una perspectiva dinámica. Además de estudiar la creación, la protección y la explotación inicial de un bien o de una tecnología, importa lo que sucede después de su primera comercialización. Adquiere relevancia conocer las posibilidades de su reparación, transformación, reutilización, recuperación y eventual incorporación a nuevas cadenas de valor.



LINKs de interés

Gobierno del Uruguay & Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2024). Estrategia Nacional de Economía Circular del Uruguay: acciones para la transformación del sistema de producción y consumo del país. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/80715

Consejo de la Unión Europea. (s. f.). Qué es la economía circular. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-circular-economy-explained/

World Intellectual Property Organization (WIPO). (s. f.). WIPO GREEN: The marketplace for sustainable technology. https://www.wipo.int/en/web/wipogreen




Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016



Post 2 Innovación circular: patentes, modelos de utilidad y transferencia de tecnología – 2 de 10



Serie Economía circular y PI – Diez posts de PI

Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



La economía circular requiere innovación tecnológica, no alcanza con modificar los hábitos de consumo o promover que los productos se utilicen durante más tiempo. En muchos sectores es necesario desarrollar procedimientos industriales, materiales, equipos y sistemas que permitan recuperar recursos que anteriormente se consideraban residuos, reducir el consumo de materias primas, prolongar la vida útil de los productos y aprovechar nuevamente sus componentes.

Esta necesidad coloca a las patentes de invención y a los modelos de utilidad en un lugar relevante dentro del análisis jurídico de la economía circular.

Las tecnologías vinculadas con el reciclaje avanzado, la recuperación de materiales, el tratamiento de aguas, la reparación de equipos, la valorización de residuos orgánicos, la fabricación mediante nuevos materiales y la eficiencia de los procesos productivos pueden constituir materia de protección mediante patentes, siempre que satisfagan los requisitos legales correspondientes.

La patente no protege una idea general de sostenibilidad ni el propósito ambiental de una tecnología. Protege una invención concreta que reúna los requisitos de patentabilidad, de acuerdo con la legislación aplicable. La innovación circular puede manifestarse en una composición material novedosa, un procedimiento técnico de recuperación, un dispositivo para desmontar componentes, un sistema de separación de materiales o una máquina que permita reparar y reacondicionar determinados productos. En cada caso será necesario determinar cuál es la contribución técnica concreta y si reúne novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

Los modelos de utilidad merecen también consideración. En los ordenamientos que reconocen esta modalidad, pueden proteger determinadas configuraciones o disposiciones nuevas de objetos que proporcionan una utilidad o ventaja funcional. En el ámbito circular, pueden resultar relevantes las mejoras prácticas de herramientas, mecanismos de desmontaje, dispositivos de reparación y componentes diseñados para facilitar el mantenimiento.

Además de cuál es el alcance de la materia patentable, la gestión del derecho de exclusiva que deriva de las correspondientes patentes es un tema de interés.

La patente otorga un derecho exclusivo temporal, pero su contrapartida institucional es la divulgación de la invención. Esta divulgación permite que terceros conozcan el estado de la técnica y desarrollen nuevas soluciones. En consecuencia, el sistema de patentes puede contribuir a la circulación de conocimientos, aunque mantenga durante el plazo de protección la posibilidad de impedir determinados usos no autorizados.

Otro aspecto importante es la transferencia de tecnología entre empresas de diferente dimensión. Las pequeñas y medianas empresas pueden desarrollar soluciones circulares interesantes, pero carecer de recursos para escalar su producción. Una adecuada política de licenciamiento puede permitir que una tecnología desarrollada por una empresa innovadora sea utilizada por fabricantes, recicladores y operadores de otros sectores.

La plataforma WIPO GREEN es un claro ejemplo institucional de articulación entre innovación y difusión tecnológica. Su objetivo es conectar a quienes ofrecen tecnologías de sostenibilidad ambiental con quienes buscan soluciones de esa naturaleza. No sustituye los mecanismos jurídicos de transferencia ni elimina la necesidad de negociar los derechos correspondientes, pero ofrece una infraestructura de vinculación que resulta significativa.

En este contexto, conviene prestar atención a las cláusulas de los contratos de licencia. Además de autorizar la fabricación o utilización de una tecnología, será necesario establecer quién puede adaptar los procedimientos, quién será titular de las mejoras, qué ocurre con las invenciones desarrolladas conjuntamente y cómo se distribuyen los derechos sobre los resultados.

También debe analizarse la relación entre patentes y secretos empresariales. Una empresa puede optar por patentar una solución, divulgando su contenido técnico a cambio de exclusividad temporal, o conservar determinados conocimientos como información confidencial, siempre que reúna los requisitos de protección del secreto empresarial. La decisión depende de la naturaleza de la tecnología, la posibilidad de ingeniería inversa, la duración esperada de la ventaja competitiva y las posibilidades de control sobre su utilización.

La economía circular, en definitiva, no necesita menos innovación protegible. Necesita una gestión inteligente de la protección, que permita financiar el desarrollo tecnológico y, al mismo tiempo, crear condiciones adecuadas para que las soluciones circulares se incorporen efectivamente a los procesos productivos.


LINKs de interés

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). WIPO GREEN. https://www.wipo.int/en/web/wipogreen

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). Patents. https://www.wipo.int/en/web/patents

Uruguay. (1999). ley n.° 17.164, de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. IMPO.




Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016



Post 3 Marcas y economía circular: identificación comercial, reputación y nuevos mercados – 3 de 10



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Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos


El derecho de marcas tiene gran importancia en la economía circular.

La economía circular necesita mercados y los mercados necesitan identificar productos, servicios, operadores y características comerciales. La reutilización, la reparación, el reacondicionamiento y la comercialización de bienes usados no pueden desarrollarse al margen de la identificación empresarial, porque requieren que los consumidores puedan reconocer quién ofrece el producto, quién garantiza su calidad y bajo qué condiciones se comercializa.

De manera que las marcas desempeñan una función que va más allá de la tradicional identificación del origen empresarial, porque también pueden constituir un elemento de confianza respecto de la continuidad de la calidad, la responsabilidad del operador y la reputación asociada a determinados modelos de negocio.

Supongamos el caso de una empresa que comercializa equipos electrónicos reacondicionados, otra que presta servicios de reparación de prendas de vestir y una tercera que vende mobiliario elaborado con materiales recuperados. En los tres casos, la marca permite identificar una actividad comercial que puede adquirir características propias y diferenciadas respecto del mercado tradicional.

Sin embargo, pueden presentarse varios problemas jurídicos en este uso de marca de recursos incorporados a la economía circular y dirigidos al mercado.

En primer lugar, se debe determinar cómo se utiliza una marca en relación con productos usados, reparados o reacondicionados. En este tema es fundamental analizar la operativa del agotamiento del derecho de marca. Una vez que el titular, o un tercero con su consentimiento, introduce legítimamente un producto en el mercado, pueden quedar limitadas sus facultades para impedir determinadas comercializaciones posteriores de ese mismo ejemplar. Sin embargo, el agotamiento no significa que cualquier transformación, alteración o nueva presentación del producto resulte jurídicamente indiferente.

El titular puede conservar facultades para oponerse cuando existan motivos legítimos, particularmente si el estado del producto ha sido modificado o deteriorado después de su comercialización y ello puede afectar la función de la marca o inducir a error.

Cuando se trata del mercado de productos reacondicionados la cuestión es más delicada. ¿Puede un comerciante colocar en el mercado un equipo reparado que conserva la marca del fabricante original? ¿Puede anunciarlo utilizando esa marca? ¿Debe aclarar que se trata de un producto reacondicionado por un tercero independiente? ¿Qué sucede si la reparación modifica características relevantes del producto?

Para responder estas interrogantes se debe distinguir entre la identificación veraz del producto y la utilización de la marca como si el reacondicionador fuera el fabricante original o un servicio oficialmente autorizado.

La transparencia comercial es fundamental. La marca original puede ser mencionada para identificar correctamente el producto, pero la comunicación no debería generar confusión acerca de la identidad del responsable de la reparación, la garantía ofrecida o la existencia de una relación comercial con el titular. Para evitar confusión o explotación de reputación ajena, el derecho de marcas habilita, según el caso, a que el titular de la marca que distingue al producto o servicio originario se oponga a ulteriores usos modificativos.

En segundo lugar, están las marcas que identifican específicamente actividades circulares y también generan cuestiones para analizar. Pueden desarrollarse signos destinados a distinguir servicios de reparación, alquiler, reutilización, recuperación de materiales, mantenimiento y comercialización de productos reacondicionados. Estos signos pueden convertirse en activos empresariales de considerable importancia.

En tercer lugar corresponde al estudio de las marcas colectivas y de certificación. La economía circular favorece la creación de estándares y sistemas de confianza que permitan acreditar determinadas características de los productos o servicios. Las marcas colectivas pueden identificar productos o servicios de miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación pueden servir para distinguir aquellos que cumplen determinadas condiciones verificables, según el régimen jurídico aplicable.

En estos casos, la calidad del reglamento de uso y la independencia de los controles son cuestiones centrales. No basta con adoptar una denominación que sugiera sostenibilidad. Es necesario definir criterios, procedimientos de verificación, condiciones de utilización y consecuencias del incumplimiento.

Por otra parte, las marcas pueden convertirse en instrumentos de competencia desleal cuando se utilizan para presentar como circulares productos que no reúnen las características anunciadas. La utilización de expresiones como "reciclado", "reacondicionado", "reutilizable" o "ecológico" debe analizarse considerando el conjunto del mensaje comercial y su aptitud para inducir a error.

La economía circular no necesita solamente nuevas marcas. Necesita que el derecho de marcas contribuya a construir mercados confiables, donde la identificación comercial no encubra información relevante sobre el origen, el estado, la calidad o las condiciones de recuperación de los productos.



LINKs de interés

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). Trademarks. https://www.wipo.int/en/web/trademarks

Uruguay. (1998). ley n.° 17.011, de marcas. IMPO

World Intellectual Property Organization. (s. f.). Collective marks. https://www.wipo.int/en/web/trademarks/collective-marks

World Intellectual Property Organization. (s. f.). Certification marks. https://www.wipo.int/en/web/trademarks/certification-marks




Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016



Post 4 Marcas, agotamiento y reventa: ¿hasta dónde llega el derecho del titular en la economía circular? - 4 de 10



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Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



La comercialización de productos usados, los mercado de segunda mano, las plataformas de reventa, los negocios de reacondicionamiento y las actividades de recuperación de bienes permiten prolongar la utilización de productos que, de otro modo, son descartados.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, estas actividades plantean un problema clásico: la relación entre el derecho exclusivo de marca y la circulación posterior de los productos que llevan incorporado el signo distintivo.

La cuestión se vincula con el agotamiento del derecho, principio conforme al cual el titular de un derecho de propiedad intelectual no puede ejercer indefinidamente su exclusividad sobre cada acto posterior de comercialización de un ejemplar que fue introducido legítimamente en el mercado, dentro de las condiciones territoriales y jurídicas que establezca el régimen aplicable.

El agotamiento es especialmente importante para la economía circular porque permite distinguir entre la comercialización de un producto legítimamente adquirido y la fabricación o distribución de nuevos ejemplares que requieren autorización.

Un automóvil usado, una prenda de vestir de segunda mano, una máquina industrial o un equipo electrónico pueden volver a comercializarse sin que cada transferencia de propiedad implique obtener nuevamente el consentimiento del titular de la marca. De lo contrario, el sistema de identificación comercial podría convertirse en una barrera para la circulación de bienes que ya fueron legítimamente introducidos en el mercado.

Sin embargo, cuando el producto ha sido reparado, restaurado o transformado la situación cambia.

Supongamos el caso de una empresa que adquiere teléfonos usados, sustituye componentes, actualiza determinados elementos y los comercializa nuevamente. El negocio puede ser perfectamente legítimo, pero será necesario analizar si la modificación afecta la identidad del producto, sus características relevantes o las expectativas que razonablemente genera la marca original.

También debe diferenciarse la reventa de un producto usado de la comercialización de un producto reconstruido con piezas de procedencia diversa. En este último supuesto, la comunicación comercial debe evitar que el público atribuya al fabricante original una intervención que no realizó.

La cuestión no es solamente un tema de derecho de marcas. Puede involucrar patentes sobre componentes, diseños industriales sobre piezas, derechos de autor sobre programas incorporados y derechos sobre bases de datos o documentación técnica.

El agotamiento debe examinarse derecho por derecho. No corresponde asumir que la primera comercialización de un producto produce automáticamente el agotamiento de todos los derechos intelectuales que puedan estar asociados a él.

En el ámbito europeo, la discusión sobre la economía circular ha adquirido particular relevancia a partir de sus políticas de reparación y reutilización. La Directiva (UE) 2024/1799, relativa a normas comunes para promover la reparación de bienes, constituye una referencia importante para observar cómo se articulan las exigencias de reparabilidad con la protección de la propiedad intelectual. Su artículo 5 contempla expresamente que los fabricantes no deben utilizar determinadas técnicas o cláusulas que obstaculicen la reparación de los bienes comprendidos en su ámbito, aunque reconoce la relevancia de los derechos de propiedad intelectual y de otros factores legítimos.

Esta regulación no puede trasladarse automáticamente al Derecho uruguayo, pero ofrece un antecedente comparado a considerar.

Evidentemente, los negocios de segunda mano, reparación y reacondicionamiento requieren una adecuada política de uso de marcas. Los contratos deben establecer quién asume la responsabilidad sobre las reparaciones, cómo se identifica el estado del producto, qué garantías se ofrecen y de qué manera se informa al consumidor acerca de la intervención realizada.

La marca no debería impedir artificialmente la circulación de productos legítimamente comercializados, pero tampoco puede convertirse en un instrumento para atribuir al titular original una responsabilidad que no le corresponde frente al consumidor, ni permitir la apropiación por el comerciante ulterior de un trabajo de su predecesor.



LINKs de interés

Unión Europea. (2015). Reglamento (UE) 2015/2436 relativo a la marca de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2436/oj

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Directiva (UE) 2024/1799, sobre normas comunes para promover la reparación de bienes. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

Uruguay. (1998). Ley n.° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, sobre marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas.

World Intellectual Property Organization. (s. f.). Trademarks. https://www.wipo.int/en/web/trademarks




Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016



Post 5 Derecho de autor, reutilización y suprarreciclaje – 5 de 10



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Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



La economía circular también tiene una dimensión cultural y creativa que se analiza desde el derecho de autor.

La reutilización de materiales, objetos y elementos preexistentes puede dar lugar a nuevas obras artísticas, diseños, contenidos audiovisuales, publicaciones, producciones musicales y creaciones digitales. En muchos casos, el nuevo producto no consiste simplemente en reparar lo existente, sino en transformarlo para conferirle una función, una expresión o un significado diferente.

En este contexto aparece el concepto de upcycling, que suele traducirse como suprarreciclaje. Se refiere a procesos mediante los cuales materiales o productos descartados se aprovechan para elaborar otros de mayor valor percibido, funcional o estético.

Una prenda confeccionada a partir de textiles recuperados, una instalación artística realizada con objetos descartados, un mueble elaborado con materiales provenientes de construcciones demolidas o una obra audiovisual que incorpora materiales de archivo son ejemplos de actividades que pueden tener una importante dimensión autoral. Surgen en torno a este tipo de situaciones diversos problemas jurídicos.

En primer lugar, hay que determinar cuándo la utilización de materiales preexistentes requiere autorización. No todos los materiales reutilizados están protegidos por derecho de autor. Los objetos pueden ser simplemente materias primas, materiales industriales, elementos funcionales o expresiones que han ingresado al dominio público. Pero también pueden incorporar obras protegidas, fotografías, ilustraciones, diseños gráficos, composiciones musicales o elementos audiovisuales.

La transformación de una obra protegida puede involucrar el derecho exclusivo de adaptación u otras facultades reconocidas al autor, según la legislación aplicable. Por eso, el hecho de que el soporte físico haya sido adquirido legítimamente no significa necesariamente que exista autorización para transformar o reproducir la obra incorporada.

Supongamos el caso de una empresa que adquiere libros antiguos para convertir sus páginas en objetos decorativos. Si los libros contienen obras en dominio público, la cuestión será diferente de aquella en la que se pretende reproducir o transformar una obra todavía protegida. Del mismo modo, una empresa que utiliza fragmentos de películas antiguas para crear una instalación artística debe examinar la situación de los derechos sobre las obras audiovisuales y las interpretaciones incorporadas.

En segundo lugar está la cuestión del reconocimiento de la nueva creación.

El hecho de que una obra utilice materiales recuperados no impide que pueda ser original y merecer protección autoral. Lo decisivo es que exista una creación intelectual original atribuible a su autor, y no una mera operación mecánica de ensamblaje o reproducción sin aportación creativa suficiente.

La economía circular puede, por tanto, generar nuevos activos intelectuales a partir de materiales o creaciones preexistentes, siempre que la actividad creativa reúna las condiciones legales correspondientes.

También debe considerarse el derecho moral de integridad. La transformación de una obra preexistente puede afectar la relación del autor con su creación, especialmente cuando la modificación altera significativamente su expresión o puede perjudicar su honor o reputación, en los términos establecidos por la legislación aplicable.

En tercer lugar, todo lo concerniente al régimen de las obras derivadas, las licencias y los acuerdos de colaboración. Los proyectos de suprarreciclaje pueden involucrar a diseñadores, artistas, empresas de recuperación de materiales y propietarios de objetos. Es conveniente establecer contractualmente quién será titular de los derechos sobre la nueva obra, qué facultades se conceden y cómo se reconoce la procedencia de los materiales utilizados.

No debe confundirse, por último, la titularidad del soporte material con la titularidad de los derechos de autor. Comprar una fotografía, un libro, un cuadro o un objeto que incorpora una obra protegida no implica adquirir automáticamente los derechos de explotación intelectual.

La economía circular abre así un espacio de creación que puede enriquecer la actividad cultural y empresarial, pero exige una adecuada gestión de los derechos preexistentes y de las nuevas creaciones.


LINKS de interés

Calboli, I. (2023). El suprarreciclaje, la sostenibilidad y la propiedad intelectual: repercusiones en el mundo de la moda

https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/upcycling-sustainability-and-ip-what-it-means-for-the-world-of-fashion-56361

Uruguay. (1937). Ley N.° 9.739, sobre derechos de autor. IMPO. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/9739-1937

World Intellectual Property Organization. (s. f.). Copyright. https://www.wipo.int/en/web/copyright




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Post 6 El desafío de diseñar para reparar, reutilizar y transformar en la economía circular – 6 de 10



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Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



El diseño industrial ocupa una posición estratégica en la economía circular. La posibilidad de reparar, desmontar, sustituir componentes, reutilizar materiales o actualizar un producto depende, en buena medida, de decisiones que se adoptan en la etapa de diseño.

La circularidad no comienza cuando un objeto se convierte en residuo. Comienza mucho antes, cuando se decide qué materiales utilizar, cómo ensamblar sus componentes, qué vida útil tendrá, cómo podrá mantenerse y qué posibilidades existirán de recuperarlo al finalizar su primer ciclo de utilización.

Desde la propiedad intelectual, el diseño industrial permite proteger determinados aspectos de la apariencia de los productos. En Uruguay, la ley n.° 17.164 regula también esta modalidad de protección, junto con las patentes de invención y los modelos de utilidad.

En la economía circular, los diseños pueden incorporar soluciones que faciliten el desmontaje, la reparación y la sustitución de piezas. También pueden generar productos estéticamente atractivos a partir de materiales recuperados, contribuyendo a crear mercados para bienes que, de otra manera, tendrían escaso valor comercial.

En estas circunstancias hay que evaluar si el diseño que facilita la reparación se encuentra protegido por un derecho exclusivo. Esto es un tema clave en el mercado de repuestos y componentes. Una pieza puede cumplir una función técnica y, al mismo tiempo, presentar características estéticas protegibles. Es necesario distinguir los elementos puramente funcionales de aquellos que responden a decisiones de apariencia y que pueden reunir los requisitos de protección. La distinción es fundamental para evitar que la protección del diseño industrial se extienda indebidamente a soluciones técnicas que deben analizarse bajo otros institutos.

Otro aspecto es el de la reparación de productos que incorporan diseños protegidos. La sustitución de una pieza dañada puede exigir reproducir una determinada forma. La valoración jurídica de la cuestión dependerá de la legislación aplicable, de las características del diseño, de las excepciones existentes y de la eventual aplicación de reglas especiales sobre componentes y reparación.

El Derecho europeo ofrece antecedentes de interés en materia de diseños de componentes destinados a la reparación de productos complejos. El denominado régimen de la cláusula de reparación ha sido objeto de una evolución normativa que procura facilitar la competencia en el mercado de repuestos, sin desconocer los derechos legítimos de los titulares.

Para Uruguay, el análisis debe partir de la normativa nacional, pero no debería prescindir del debate comparado. El mercado de repuestos y las posibilidades de reparación constituyen factores relevantes para la competitividad, especialmente en sectores como la automoción, los electrodomésticos, el mobiliario y los equipos industriales.

La dimensión comercial es igualmente importante. Una empresa puede desarrollar una estrategia de protección de diseños que abarque tanto el producto inicial como sus componentes sustituibles, pero debe evaluar si esa estrategia es compatible con los modelos de reparación y recuperación que pretende desarrollar.

También merece atención la relación entre diseño industrial y derecho de autor. En determinados objetos, especialmente en mobiliario, indumentaria, accesorios y productos culturales, la apariencia puede involucrar simultáneamente aspectos protegibles por ambos regímenes. La acumulación de protecciones no debe presumirse automáticamente: requiere examinar los requisitos y el alcance de cada instituto.

En Uruguay, la legislación vigente al día de hoy erróneamente mantuvo la alternativa excluyente de protección autoralista o de otros regímenes de propiedad industrial (lo había derogado y por inadvertencia en norma posterior lo reiteró, fue sin intención por eso digo erróneamente), de manera que añade a la complejidad del tema interrogantes de difícil definición como quién es el que debe optar y cuándo (artículo 5 ley n.° 9.739). Porque podría tratarse del titular de derechos de la creación primaria, digamos, sea al ponerla en el mercado o en cualquier momento de circulación, o podría tratarse del titular de la obra ya intervenida a efectos de su ulterior circulación. Nada hay que evidencie una inclinación hacia ninguna de las posibilidades. Este punto hay que solucionarlo hace varios años, desde el 2003. Además, ahora interfiere en temas de economía circular.

Finalmente, el diseño circular puede convertirse en un elemento de diferenciación empresarial. Los productos concebidos para durar, repararse y actualizarse pueden desarrollar una identidad propia en el mercado. El desafío consiste en construir modelos de protección que reconozcan el valor creativo del diseño sin bloquear injustificadamente la reparación y la reutilización.


LINKs de interés

Uruguay. (1999). ley n.° 17.164, de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17164-1999

World Intellectual Property Organization. (s. f.). Industrial designs. https://www.wipo.int/en/web/designs

Unión Europea. (2024). Directiva (UE) 2024/2823 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2823/oj




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Post 7 Secretos empresariales, conocimientos técnicos y economía circular – 7 de 10


 

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Los procesos de recuperación de materiales, reparación, reacondicionamiento y remanufactura suelen involucrar a distintos operadores que necesitan compartir información técnica, procedimientos, datos, conocimientos sobre materiales y métodos de producción. De manera que la economía circular requiere cooperación entre empresas.

Esa cooperación plantea una interrogante de base para el derecho comercial, referida a cómo proteger el conocimiento empresarial sin impedir que circule en la medida necesaria para desarrollar actividades económicas circulares.

Los secretos empresariales constituyen un instrumento fundamental. A diferencia de las patentes, no requieren registro ni una divulgación pública. Su protección se vincula con la naturaleza confidencial de la información sobre base contractual, su valor comercial derivado de esa condición y la adopción de medidas razonables para mantenerla reservada.

En la economía circular pueden existir secretos empresariales relativos a fórmulas de materiales reciclados, técnicas de clasificación, procedimientos de recuperación, métodos de reparación, configuraciones de maquinaria, información sobre proveedores y estrategias de valorización de residuos.

La información puede ser clave para que una empresa consiga transformar un residuo en un insumo productivo de valor económico. Por lo tanto, su protección constituye un elemento de competitividad.

Sin embargo, existe una dificultad, pues si cada participante de una cadena circular pretende mantener bajo reserva toda la información relevante, la cooperación puede resultar inviable.

Supongamos el caso de una empresa que recupera componentes electrónicos y necesita conocer las características técnicas de un equipo para desmontarlo de manera segura. El fabricante puede disponer de información que considera confidencial. ¿Cómo compatibilizar la protección de ese conocimiento con la necesidad de facilitar la reparación y la recuperación de materiales?

La solución no consiste en eliminar la confidencialidad, sino en organizar jurídicamente el acceso.

Los acuerdos de confidencialidad, los contratos de transferencia de tecnología, las licencias de know-how, los protocolos de intercambio de información y los acuerdos de investigación conjunta pueden establecer condiciones adecuadas de cooperación.

Es importante que esos instrumentos distingan entre información confidencial, conocimientos generales del sector, información pública y desarrollos propios de cada participante. También deben establecer qué ocurre con las mejoras introducidas por el receptor de la información y quién puede utilizar los conocimientos adquiridos una vez terminado el contrato. Lograr todo esto no es nada fácil, porque para el fabricante su secreto es un valor.

En este contexto, los acuerdos de colaboración tecnológica deben contemplar expresamente la titularidad de las innovaciones posteriores. Si una empresa aporta un procedimiento de recuperación y otra desarrolla una mejora técnica, no es conveniente dejar la distribución de derechos librada a interpretaciones posteriores.

Por otro lado está todo el tema de la relación entre secretos empresariales y competencia. La protección del know-how no puede convertirse en un mecanismo para impedir la competencia legítima, ni para bloquear la utilización de conocimientos adquiridos de manera independiente o mediante ingeniería inversa lícita, cuando corresponda. Sin embargo, siendo un activo importante para la competitividad tampoco es posible – a menos que se trata de actos anticompetitivos – cómo fundamentar la obligación de compartir secretos empresariales.



LINKs de interés

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s. f.). Trade secrets. https://www.wipo.int/en/web/trade-secrets

Uruguay. (2019). ley n.° 19.677, sobre protección de la información no divulgada. IMPO.

Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), artículo 39. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf




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Post 8 Indicaciones geográficas, marcas colectivas y certificación en la economía circular – 8 de 10

 


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Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos


Se trata en este caso de analizar la dimensión territorial de la economía circular, que también puede desarrollarse a partir de recursos, conocimientos y formas de producción vinculados con territorios determinados. En estos casos, la propiedad intelectual ofrece instrumentos para diferenciar productos y servicios, proteger reputaciones colectivas y organizar sistemas de producción que aprovechen los recursos locales.

Las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las marcas colectivas pueden desempeñar un papel relevante en esta dimensión territorial.

La economía circular no necesariamente requiere grandes instalaciones industriales ni tecnologías de elevada complejidad. Puede construirse mediante redes de pequeños productores, artesanos, cooperativas, empresas familiares y operadores locales que recuperan materiales, reutilizan recursos y desarrollan productos a partir de conocimientos tradicionales o de características propias de una región.

En esos escenarios, el valor económico no se encuentra exclusivamente en el producto final. También reside en el conocimiento productivo, la reputación colectiva, la vinculación con el territorio y la capacidad de mantener determinadas actividades económicas.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen permiten identificar productos cuya calidad, reputación o características se vinculan con su procedencia geográfica. En Uruguay, la ley n.° 17.011 contempla estos institutos en sus artículos 73 y siguientes, con las modificaciones introducidas, entre otras, por la ley n.° 19.670.

¿Qué relación puede existir entre estas figuras y la economía circular?

Supongamos el caso de una región donde existe una tradición de producción artesanal que utiliza fibras naturales, materiales locales o técnicas de aprovechamiento de recursos. La protección de una indicación geográfica puede contribuir a preservar el valor económico de esa producción, fortalecer la organización de los productores y facilitar la diferenciación comercial.

La relación también puede presentarse en actividades agroalimentarias que aprovechan subproductos de una cadena productiva para desarrollar nuevos bienes. La utilización integral de recursos y la conservación de prácticas territoriales pueden constituir elementos relevantes de una estrategia económica circular, siempre que se cumplan las condiciones propias del instituto de propiedad intelectual invocado.

Debe advertirse, sin embargo, que la protección de una indicación geográfica no certifica automáticamente que un producto sea ambientalmente sostenible. El vínculo territorial y las características que justifican la protección son cuestiones diferentes de la evaluación ambiental. Si se pretende comunicar atributos de circularidad, estos deberán definirse y acreditarse mediante criterios adicionales.

Las marcas colectivas presentan otra posibilidad. El artículo 38 de la ley n.° 17.011 permite identificar productos o servicios provenientes de los miembros de una colectividad. Esta figura puede resultar útil para redes de empresas y productores que desarrollan actividades de reparación, recuperación de materiales, reutilización o comercialización de productos elaborados bajo determinados criterios comunes.

La normativa uruguaya también contempla las marcas de certificación o de garantía. Su artículo 44 prevé signos que certifican características comunes de los productos o servicios, entre ellas su calidad, componentes y metodología empleada. Esta figura puede ser particularmente interesante para identificar prestaciones vinculadas con procesos circulares, siempre que el sistema de certificación cumpla las condiciones legales correspondientes.

El diseño del sistema de certificación es determinante. Será necesario definir qué se certifica, quién realiza los controles, qué documentación debe presentar el operador y cuáles son las consecuencias de incumplir las condiciones establecidas.

No alcanza con crear una marca que incluya expresiones como "circular", "recuperado" o "sostenible". El valor jurídico y comercial del signo depende de que exista un contenido verificable detrás de la afirmación.

Existe, además, una oportunidad de desarrollo empresarial. Las marcas colectivas pueden favorecer la integración de pequeños operadores en mercados más amplios, mientras que las indicaciones geográficas pueden contribuir a conservar el valor de producciones locales y evitar que la reputación territorial sea apropiada indebidamente por terceros.



LINKs de interés

Uruguay. (1998). Ley n.° 17.011 de 25 de setiembre de 1998, de marcas, especialmente artículos 38 a 44 y 73 a 78.

Uruguay. (2018). Ley n.° 19.670 de 15 de octubre de 2018, artículos 139 a 144, modificaciones a la ley n.° 17.011.

World Intellectual Property Organization. (s. f.). Geographical indications. https://www.wipo.int/en/web/geographical-indications

Ministerio de Industria, Energía y Minería. (2018). Boletín sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen. https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/publicaciones/boletin-sobre-indicaciones-geograficas-denominaciones-origen





Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016



Post 9 Software, bases de datos y plataformas digitales como infraestructura intelectual de la economía circular – 9 de 10

 


Serie Economía circular y PI – Diez posts de PI

Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



Las actividades de reparación, recuperación, reutilización y comercialización de bienes dependen cada vez más de sistemas informáticos que permiten identificar productos, registrar sus componentes, conocer su historial, localizar materiales recuperables y conectar a los distintos operadores de una cadena de valor. El software, las bases de datos y las plataformas digitales constituyen, por tanto, una infraestructura inmaterial de la economía circular.

Supongamos el caso de una plataforma que conecta personas que desean vender objetos usados con compradores interesados en prolongar su vida útil. O el caso de un sistema que permite localizar repuestos, identificar componentes compatibles, coordinar servicios de reparación y registrar intervenciones técnicas. Entre tantos. En casos como estos y muchos más, el valor económico no reside únicamente en los bienes físicos. Una parte sustancial se encuentra en el software, la organización de la información y la capacidad de articular diferentes operadores.

Desde el derecho de autor, los programas de ordenador pueden constituir obras protegidas. La legislación uruguaya, a partir de la ley n.° 9.739 y sus modificaciones, contempla la protección de los programas de ordenador. La ley n.° 17.616 incorporó modificaciones relevantes en materia de derechos de autor y derechos conexos.

Esto plantea cuestiones contractuales importantes. ¿Quién es titular del software desarrollado para una plataforma de recuperación de materiales? ¿Qué derechos corresponden a la empresa que financia el desarrollo y cuáles al desarrollador? ¿Puede un operador utilizar el programa para gestionar actividades de terceros? ¿Qué sucede cuando se modifica el código para adaptarlo a nuevas necesidades de reparación?

La respuesta dependerá de la titularidad, las condiciones contractuales y el alcance de las licencias concedidas.

Las bases de datos merecen una consideración particular. Una plataforma de economía circular puede reunir información sobre materiales, proveedores, componentes, precios, procedimientos de reparación, disponibilidad de repuestos y características de los productos. La protección jurídica de esa información dependerá de su configuración y de los derechos que puedan concurrir.

No debe confundirse la protección del programa que permite gestionar una base de datos con la protección de su contenido, ni corresponde asumir que toda base de datos es automáticamente una obra protegida por derecho de autor. Será necesario examinar si existe una selección o disposición original de los materiales y considerar, además, los derechos sobre los contenidos incorporados.

La información puede estar protegida por derecho de autor, por secreto empresarial o por otras disposiciones, pero también puede consistir en datos que, por su naturaleza, no son apropiables en exclusiva. Esta distinción es esencial para diseñar plataformas interoperables y evitar restricciones injustificadas.

Otro tema importante es el de los denominados pasaportes digitales de producto. Se trata de sistemas destinados a facilitar el acceso a información sobre los productos, sus componentes, materiales, características y condiciones relevantes durante su ciclo de vida. Su desarrollo puede contribuir a la reparación, reutilización, mantenimiento y recuperación de materiales.

Desde la propiedad intelectual, estos sistemas generan preguntas acerca de quién controla la información, qué datos pueden consultarse libremente, qué elementos están protegidos por derechos exclusivos y qué condiciones de acceso resultan necesarias para que los operadores puedan realizar actividades circulares.

También aparece el problema de la interoperabilidad. Si una plataforma utiliza formatos cerrados o sistemas incompatibles, puede dificultar la circulación de información entre fabricantes, reparadores, distribuidores y operadores de recuperación. En determinadas circunstancias, las restricciones tecnológicas y contractuales pueden adquirir relevancia desde el derecho de la competencia.

Por último, la utilización de inteligencia artificial para clasificar residuos, predecir necesidades de mantenimiento, optimizar rutas de recuperación o identificar materiales reutilizables agrega nuevas cuestiones de propiedad intelectual. Los algoritmos, los programas, los datos de entrenamiento y los resultados pueden involucrar distintos derechos e intereses. La protección de cada elemento debe analizarse separadamente.

La economía circular no es solamente una economía de objetos que vuelven a utilizarse, sino también una economía de información.



LINKs de interés

Uruguay. (1937). Ley n.° 9.739 de 17 de diciembre de 1937, modificativas y concordantes, sobre derechos de autor y derechos conexos. IMPO.

Uruguay. (2003). Ley n.° 17.616 de 10 de enero de 2003, modificativa de la ley n.° 9.739. IMPO.

World Intellectual Property Organization. (s. f.). Copyright. https://www.wipo.int/en/web/copyright

Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1781, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj




Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016




Post 10 Contratos, competencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en los mercados circulares - 10 de 10


 

Serie Economía circular y PI – Diez posts de PI

Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



La consolidación de una economía circular plantea un desafío jurídico que excede el análisis individual de cada modalidad de propiedad intelectual. Se trata de determinar cómo deben organizarse las relaciones entre los titulares de derechos, los fabricantes, los distribuidores, los reparadores, los operadores de recuperación de materiales y los nuevos participantes que desarrollan actividades de reutilización y comercialización de productos reacondicionados.

En el mercado hay varios sectores o ramas de derecho convergentes cuya operativa simultánea corresponde analizar, definiendo el régimen correspondiente para sus intersecciones pues no hay base legal para definir uno prevalente sobre otro.

El derecho contractual y el derecho de la competencia, en paralelo a la propiedad intelectual, tienen un rol protagónico. Los modelos de negocio circulares requieren acuerdos que tradicionalmente no ocupaban un lugar central en las relaciones comerciales. Contratos de reparación, mantenimiento, reacondicionamiento, recuperación de componentes, reutilización de materiales, licencias tecnológicas, distribución de productos usados y colaboración entre operadores son algunas de las figuras que pueden aparecer.

La propiedad intelectual está presente en buena parte de esas relaciones.

Una empresa que autoriza a otra a reparar sus productos puede necesitar conceder acceso a documentación técnica, software de diagnóstico, diseños de componentes y determinados conocimientos confidenciales. Otra que permite utilizar su marca en productos reacondicionados deberá establecer condiciones de identificación, control de calidad y responsabilidad comercial.

En los contratos de recuperación de materiales puede ser necesario regular la titularidad de los resultados de los procesos de transformación. También puede resultar conveniente determinar quién podrá utilizar los conocimientos adquiridos, quién será titular de las mejoras tecnológicas y bajo qué condiciones podrán comercializarse los nuevos productos.

La redacción contractual debe evitar que la titularidad de un derecho intelectual se convierta en una fuente de incertidumbre para los participantes de la cadena circular.

Volvemos en este punto al tema de las licencias. La autorización para utilizar una patente, un diseño o un programa informático puede resultar indispensable para desarrollar una actividad de reparación o remanufactura. Sin embargo, las condiciones de la licencia deben ser analizadas atendiendo a su objeto, alcance, duración, territorio, exclusividad, remuneración y restricciones de uso.

En este punto hay que evaluar la legalidad de los actos del mercado a tenor de los preceptos del derecho de la competencia.

Los derechos de propiedad intelectual reconocen exclusividades legítimas, pero su ejercicio no queda situado fuera del ordenamiento general del mercado. En determinadas circunstancias, las condiciones contractuales, las negativas de acceso o las restricciones impuestas por un titular pueden generar problemas competitivos.

Supongamos el caso de un fabricante que controla la disponibilidad de repuestos y documentación técnica y que, además, limita contractualmente la posibilidad de que terceros reparen sus productos. O en una empresa que impide que un operador independiente comercialice bienes reacondicionados mediante restricciones que exceden la protección legítima de sus derechos.

No toda negativa de licencia constituye un ilícito. Tampoco toda restricción contractual es anticompetitiva. El análisis debe considerar el mercado relevante, el poder económico del titular, la justificación objetiva de la conducta, sus efectos y las particularidades del derecho intelectual involucrado.

La cuestión se vuelve más compleja cuando las restricciones afectan la entrada de operadores especializados en reparación, mantenimiento o recuperación de materiales. La economía circular puede depender de la existencia de mercados secundarios competitivos, en los cuales participen empresas distintas del fabricante original.

El derecho de la competencia debe examinar, por tanto, si determinadas prácticas contribuyen a preservar una exclusividad legítima o si, por el contrario, utilizan esa exclusividad como instrumento para bloquear mercados complementarios.

La experiencia europea nos resulta un buen antecedentes, desde la perspectiva del derecho uruguayo por la comunidad de los principios de ambos sistemas. La Directiva (UE) 2024/1799 sobre reparación de bienes reconoce expresamente la necesidad de evitar determinadas prácticas que obstaculicen la reparación, incluyendo el uso de técnicas contractuales, de hardware o de software, sin perjuicio de la protección legítima de los derechos de propiedad intelectual. Este planteamiento refleja que la reparación no es una cuestión exclusivamente técnica ni de consumo: también involucra la organización de los mercados y las condiciones de acceso a los servicios posventa.

En Uruguay, el análisis debe articularse con el régimen general de defensa de la competencia de la ley n.° 18.159, sin perder de vista las particularidades de cada derecho intelectual y la normativa sectorial que resulte aplicable.

Hay, además, un problema transversal que es la comunicación comercial de la circularidad.

Las empresas tienen incentivos para presentarse como sostenibles, ecológicas o comprometidas con la reutilización de recursos. Sin embargo, las afirmaciones ambientales pueden convertirse en instrumentos de competencia desleal si no tienen sustento suficiente. La utilización de marcas, certificaciones, expresiones publicitarias y elementos gráficos que sugieren atributos ambientales debe evaluarse desde la perspectiva de la veracidad, la transparencia y la posibilidad de inducir a error. En consecuencia, el desarrollo de mercados circulares necesita una política jurídica que contemple simultáneamente propiedad intelectual, contratos, competencia y protección del consumidor.

La conclusión es que la economía circular no exige abandonar la protección de los activos intelectuales, sino revisar cómo se ejercen los derechos y cómo se organizan las relaciones comerciales durante las distintas etapas de vida de los productos.



LINKs de interés

Uruguay. (2007). Ley n.° 18.159 de 20 de julio de 2007 sobre libre comercio y defensa de la competencia.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Directiva (UE) 2024/1799, sobre normas comunes para promover la reparación de bienes. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, artículos 7, 8, 30, 31 y 40. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

World Intellectual Property Organization. (s. f.). WIPO GREEN. https://www.wipo.int/en/web/wipogreen




Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016