Parte 2
4
. 8 . Las citas, los extractos y la utilización de fragmentos
Las
bibliotecas jurídicas cumplen una función de apoyo a la
investigación y a la docencia. En ese contexto, los usuarios pueden
necesitar incorporar fragmentos de obras a trabajos académicos,
informes, presentaciones o publicaciones.
La
excepción de cita tiene una clara base en el texto del artículo
10.1 de la Convención de Berna.
La
ley n.° 9.739 contiene disposiciones relativas a determinados usos
de extractos y fragmentos, pero su alcance debe examinarse conforme
al texto legal. No corresponde trasladar automáticamente a Uruguay
el régimen de cita o de uso legítimo de otros países.
El
artículo 45 contempla, entre otros supuestos, la reproducción de
extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos en
determinadas publicaciones o difusiones, así como las
transcripciones realizadas con propósitos de comentarios, críticas
o polémicas.
La
existencia de estas disposiciones no supone una autorización general
para reproducir cualquier fragmento de una obra con fines académicos.
En
particular, debe distinguirse entre:
a
la cita de un fragmento para fundamentar una reflexión propia;
b
la reproducción de un artículo completo;
c
la reproducción de un capítulo de libro;
d
la incorporación de fragmentos en una publicación institucional;
e
la entrega de una copia a un usuario para su posterior utilización.
La
biblioteca puede facilitar el acceso a las fuentes, orientar sobre su
identificación y promover prácticas de cita adecuadas. Sin embargo,
la licitud de la reproducción y utilización posterior dependerá de
las circunstancias concretas y del régimen jurídico aplicable.
4
. 9 . Los formatos accesibles y las excepciones para personas con
discapacidad
El
acceso a las obras por parte de personas con discapacidad constituye
uno de los ámbitos en los que el derecho uruguayo ha incorporado una
excepción específica.
La
ley n.° 19.149, artículo 237, modificó el régimen de la ley n.°
9.739 e incorporó una excepción para determinados actos de
reproducción, adaptación, distribución y comunicación de obras en
formatos adecuados para personas ciegas o con otras discapacidades
para la lectura o sensoriales.
La
disposición fue desarrollada en el marco del Tratado de Marrakech,
aprobado en Uruguay por la ley n.° 19.262, y reglamentada por el
Decreto N.º 295/017. Este tratado está amplicamente incorporado en
distintos países del mundo.
La
excepción permite realizar determinados usos de textos lícitamente
publicados sin autorización del titular y sin remuneración, siempre
que se cumplan las condiciones legales.
El
Decreto N.º 295/017 establece requisitos relativos a los formatos
accesibles, la utilización por las personas beneficiarias, la
ausencia de fines de lucro y el respeto a la integridad de la obra,
teniendo en cuenta las modificaciones necesarias para hacerla
accesible.
La
importancia de esta excepción para las bibliotecas jurídicas es
considerable. El acceso a un código, una obra doctrinaria o un
artículo científico puede resultar imposible para una persona con
discapacidad visual si el documento no se encuentra disponible en un
formato accesible.
La
biblioteca puede desempeñar un papel fundamental en la producción,
adaptación y circulación de esos materiales, siempre dentro de las
condiciones legales aplicables. El régimen del tratado de Marrakech
demuestra que las excepciones no constituyen necesariamente una
disminución de la protección autoral, sino la manera de hacer
compatibles los derechos de los titulares con otros derechos
fundamentales, en este caso el acceso a la cultura, la educación y
la información.
4
. 10 . Las bases de datos jurídicas y los recursos electrónicos
La
gestión de una biblioteca jurídica contemporánea no se limita a
libros y revistas impresos. Comprende bases de datos, revistas
electrónicas, repositorios institucionales, plataformas de
jurisprudencia y otros recursos digitales.
En
estos casos, la biblioteca debe distinguir entre los derechos de
autor sobre los contenidos, los posibles derechos sobre las bases de
datos y las condiciones contractuales de acceso.
La
adquisición de una suscripción a una base de datos no implica
necesariamente la posibilidad de descargar, reproducir o distribuir
todos sus contenidos. Las licencias pueden establecer condiciones
sobre el número de usuarios, la descarga de documentos, el acceso
remoto, la impresión, la utilización de materiales en cursos y la
conservación de copias.
La
biblioteca debe examinar las condiciones contractuales antes de
ofrecer servicios que excedan el acceso previsto por el proveedor.
La
cuestión se vuelve especialmente relevante cuando una biblioteca
conserva colecciones electrónicas de revistas jurídicas o bases de
datos cuya suscripción ha finalizado. El cese del acceso no implica
necesariamente que la institución pueda conservar y poner a
disposición copias de los contenidos anteriormente consultados.
La
gestión de recursos electrónicos exige, por tanto, una política de
licencias que complemente el análisis de las excepciones legales.
3
. 11 . Los repositorios institucionales y la difusión de documentos
La
publicación de documentos en repositorios institucionales constituye
una práctica cada vez más extendida en las bibliotecas
universitarias y jurídicas.
La
finalidad de estos repositorios es facilitar el acceso, preservar la
producción intelectual y promover la circulación del conocimiento.
Sin embargo, la incorporación de una obra a un repositorio implica
actos que deben examinarse desde la perspectiva del derecho de autor.
La
biblioteca debe determinar si cuenta con autorización suficiente
para reproducir y poner a disposición el documento. La autorización
puede derivar de una licencia, de una cesión de derechos o de las
condiciones de publicación aceptadas por el autor.
En
el caso de artículos científicos, tesis, libros y documentos
institucionales, la situación jurídica puede variar según el
contrato editorial, la titularidad de los derechos y las condiciones
de depósito.
La
mera disponibilidad de una obra en Internet no significa que pueda
incorporarse libremente a otro repositorio. Tampoco la circunstancia
de que el autor sea funcionario público o docente universitario
determina, por sí sola, que los derechos patrimoniales pertenezcan a
la institución.
En
las bibliotecas jurídicas de larga trayectoria, la digitalización
de colecciones históricas para su publicación en repositorios
requiere una política específica de identificación de titulares,
análisis de derechos y documentación de las autorizaciones.
4
. 11 . Las obras huérfanas y las dificultades de identificación de
titulares
Las
obras huérfanas son aquellas respecto de las cuales no es posible
identificar o localizar al titular de los derechos, pese a los
esfuerzos razonables realizados para ello.
El
problema es especialmente frecuente en las bibliotecas históricas.
Una publicación puede haber sido editada hace muchas décadas,
carecer de información editorial suficiente o haber sido editada y
publicada por una institución desaparecida.
La
dificultad no se limita a las obras anónimas. También puede afectar
a obras cuyos autores son conocidos, pero cuyos herederos o
cesionarios no pueden ser identificados.
La
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA) ha señalado que las obras huérfanas pueden
quedar excluidas de los procesos de preservación y difusión cuando
la legislación no ofrece un mecanismo adecuado para su utilización
(IFLA, s. f.).
En
Uruguay, la imposibilidad de localizar al titular no equivale, por
sí sola, a una autorización para reproducir la obra. La biblioteca
debe distinguir entre la incertidumbre acerca de la titularidad y la
extinción de los derechos patrimoniales.
Esto
es muy importante en el caso de colecciones de publicaciones
jurídicas antiguas, en las que puede existir un interés público
considerable en preservar y facilitar el acceso a los materiales, aun
cuando resulte difícil obtener las autorizaciones necesarias.
La
existencia de obras huérfanas constituye, por ello, uno de los
argumentos más relevantes para considerar un régimen legislativo
específico de utilización, con garantías para los titulares que
eventualmente puedan ser identificados.
4
. 12 . Las obras inéditas, manuscritos y archivos personales
Las
bibliotecas históricas pueden conservar manuscritos,
correspondencia, borradores de libros, apuntes de cátedra,
documentos personales y archivos de juristas. Estos materiales
presentan una complejidad adicional, porque la propiedad del soporte
documental no necesariamente coincide con la titularidad de los
derechos de autor.
La
adquisición de un archivo personal mediante donación o legado puede
conferir a la biblioteca la propiedad de los documentos físicos,
pero no implica necesariamente una autorización para publicarlos o
reproducirlos.
En
el caso de manuscritos inéditos, la biblioteca debe examinar,
además, la situación de los derechos patrimoniales, los derechos
morales y las condiciones bajo las cuales los documentos fueron
incorporados a la colección.
La
difusión de correspondencia privada o de documentos personales puede
involucrar también otros intereses jurídicos, como la intimidad, el
honor y la protección de datos personales. Estas cuestiones no se
resuelven exclusivamente mediante el análisis del derecho de autor.
La
gestión de archivos históricos requiere, por tanto, una evaluación
que contemple tanto los derechos sobre las obras como las condiciones
de acceso y utilización de los documentos.
5
. Las particularidades de las bibliotecas públicas jurídicas de
larga trayectoria
Las
bibliotecas jurídicas históricas presentan características que
justifican una consideración específica dentro de la política
legislativa sobre excepciones al derecho de autor.
Su
valor no reside únicamente en la cantidad de libros que conservan.
También se encuentra en la continuidad histórica de sus
colecciones, en la posibilidad de reconstruir la evolución de las
ideas jurídicas y en la conservación de documentos que permiten
comprender las transformaciones del derecho, de las instituciones y
de la sociedad.
Una
colección jurídica histórica puede reunir obras doctrinarias,
revistas especializadas, repertorios de jurisprudencia, colecciones
legislativas, publicaciones institucionales, tesis, documentos de
congresos y archivos personales de juristas. La relevancia de estos
materiales puede exceder ampliamente el interés de sus autores o de
quienes los publicaron.
La
preservación y difusión de estos fondos plantea problemas que no
siempre pueden resolverse mediante las herramientas tradicionales del
derecho de autor.
5
. 1 . La antigüedad de las colecciones y la incertidumbre jurídica
En
las bibliotecas de larga trayectoria es frecuente que los ejemplares
hayan sido adquiridos bajo condiciones que no se encuentran
documentadas de manera suficiente.
Puede
ocurrir que la institución conserve ejemplares cuya procedencia se
remonta a donaciones de particulares, transferencias de otras
bibliotecas o adquisiciones realizadas hace varias décadas.
La
biblioteca puede conocer la fecha de publicación de una obra, pero
no necesariamente la identidad de sus titulares actuales. Puede
disponer de un ejemplar original y carecer de información acerca de
los derechos de reproducción. Puede conservar una revista jurídica
cuyo editor ha desaparecido o cuyo archivo editorial ya no existe.
Estas
circunstancias no eliminan los derechos de autor, pero dificultan su
gestión.
La
solución no consiste en considerar que los materiales antiguos se
encuentran automáticamente libres de protección. No sería
razonable sostener que la imposibilidad de localizar a un titular
conduzca necesariamente a la exclusión permanente de una obra del
acceso público. La situación pone en evidencia la necesidad de
instrumentos jurídicos que permitan conciliar la preservación del
patrimonio documental con los derechos de los titulares.
5
. 2 . Las colecciones de publicaciones periódicas jurídicas
Las
revistas jurídicas presentan como dificultad adicional que suelen
reunir contribuciones de numerosos autores, bajo la dirección de un
editor o una institución.
La
reproducción de un número completo puede involucrar derechos sobre
los artículos individuales, sobre las fotografías o ilustraciones,
sobre los estudios preliminares y sobre otros contenidos
incorporados.
En
una colección histórica, la identificación de los titulares puede
resultar, por lo menos, compleja, cuando no imposible.
La
digitalización de una revista jurídica no debe analizarse
únicamente desde la perspectiva del soporte físico. Es necesario
identificar los contenidos protegidos y determinar si existe
autorización o una excepción que permita su reproducción y
difusión.
La
dificultad se acentúa cuando la biblioteca pretende digitalizar una
colección completa, con el propósito de construir un repositorio
histórico de la producción doctrinaria nacional.
El
valor científico y cultural de esa iniciativa puede ser
considerable, pero no sustituye la necesidad de una norma legal
habilitante.
5
. 3 . La conservación de repertorios jurisprudenciales y documentos
de investigación
Las
bibliotecas jurídicas pueden conservar repertorios de
jurisprudencia, compilaciones de sentencias, documentos de
investigación y materiales elaborados por juristas. En estos casos,
debe distinguirse entre los documentos oficiales y las contribuciones
intelectuales que pueden acompañarlos.
La
reproducción fiel de las leyes, códigos, actas oficiales y
documentos públicos comprendidos en el artículo 45, numeral 5.º,
de la ley n.° 9.739 tiene un régimen específico. En cambio, las
notas doctrinarias, comentarios, índices originales y otras
elaboraciones intelectuales pueden estar protegidos por derechos de
autor.
La
biblioteca debe identificar el contenido que pretende reproducir y
determinar su situación jurídica. Esta distinción es especialmente
importante cuando se digitalizan repertorios históricos que
combinan documentos oficiales con aportes de autores particulares.
6
. Las licencias como instrumento complementario de la gestión
bibliotecaria
La
ausencia de una excepción legal no significa que una biblioteca deba
renunciar necesariamente a la reproducción o difusión de una obra.
Puede obtener una autorización del titular de los derechos.
Las
licencias constituyen, por tanto, un instrumento relevante para la
gestión de los derechos de autor.
En
el ámbito bibliotecario, pueden utilizarse para autorizar:
a
la digitalización de una obra;
b
la reproducción de determinados capítulos o artículos;
c
la incorporación de documentos a un repositorio institucional;
d
la puesta a disposición de obras en Internet;
e
la conservación de copias digitales;
f
la utilización de materiales en actividades docentes;
g
la reproducción de imágenes y cubiertas en catálogos o
exposiciones.
La
autorización debe delimitar con claridad los actos permitidos, la
finalidad de la utilización, los medios de difusión, el territorio,
la duración y las condiciones económicas, cuando corresponda.
La
biblioteca debe evitar que una autorización para un uso específico
sea interpretada como una autorización general para cualquier
modalidad de explotación.
En
las colecciones históricas, la documentación de las autorizaciones
resulta especialmente importante. Una política de gestión de
derechos debería permitir identificar, para cada obra o conjunto
documental, la situación de titularidad, las autorizaciones
obtenidas y los usos permitidos.
7
. El desafío de las tecnologías digitales y la inteligencia
artificial
La
transformación digital de las bibliotecas ha ampliado las
posibilidades de acceso, pero también ha multiplicado los actos que
por involucrar derechos de autor pueden estar comprometiendo
responsabilidad de la biblioteca. La digitalización masiva, los
repositorios institucionales, las plataformas de consulta remota y
las herramientas de búsqueda automatizada pueden involucrar
reproducción, almacenamiento, comunicación y puesta a disposición
de obras protegidas.
La
inteligencia artificial agrega nuevas cuestiones. Una biblioteca
puede utilizar sistemas automatizados para clasificar documentos,
generar índices, identificar referencias, producir resúmenes o
facilitar búsquedas dentro de una colección.
La
licitud de estas operaciones no puede determinarse únicamente por la
finalidad bibliotecaria. Debe examinarse qué materiales se utilizan,
qué actos técnicos se realizan, si se generan copias, qué
contenidos se incorporan a los sistemas y si existe una autorización
o excepción aplicable.
También
debe distinguirse entre el uso de herramientas de búsqueda sobre
metadatos, la extracción de información de documentos y la
reproducción de las obras completas para su procesamiento.
No
todas estas operaciones tienen necesariamente el mismo tratamiento
jurídico.
En
una biblioteca la incorporación de inteligencia artificial puede
contribuir a mejorar la recuperación de información y el acceso a
colecciones de gran valor. Pero la innovación tecnológica no
elimina la necesidad de respetar los derechos de autor ni de
establecer políticas institucionales de utilización de los
materiales.
La
cuestión requiere una regulación que contemple las nuevas
modalidades de reproducción y tratamiento de obras, especialmente
cuando se desarrollan con fines de investigación, preservación o
acceso al conocimiento.
8
. Hacia una política institucional de gestión de derechos de autor
La
gestión de derechos de autor en una biblioteca no debería limitarse
a resolver solicitudes individuales de reproducción. Resulta
conveniente establecer una política institucional que permita
identificar las situaciones de riesgo y adoptar criterios uniformes.
En
una biblioteca jurídica de larga trayectoria, esa política podría
estructurarse sobre diversos ejes entre los que destacamos los
siguientes.
En
primer lugar, proceder a la identificación de las colecciones. Es
necesario conocer la composición de los fondos, las fechas de
publicación, la procedencia de los ejemplares y las condiciones de
adquisición.
En
segundo lugar, hay que determinar la situación jurídica de las
obras. La biblioteca debería distinguir entre obras protegidas,
obras en dominio público, obras sujetas a licencias y obras cuya
titularidad no puede determinarse con certeza.
En
tercer lugar, hay que identificar los actos de explotación. La
digitalización, la reproducción, el préstamo, la entrega de copias
y la publicación en repositorios deben analizarse como operaciones
diferentes.
En
cuarto lugar, corresponde documentar las autorizaciones. Las
licencias y permisos deberían conservarse de manera que permitan
conocer qué usos han sido autorizados y bajo qué condiciones.
En
quinto lugar, deben adoptarse criterios de acceso. La institución
debería establecer procedimientos para atender solicitudes de
usuarios, evitando tanto las restricciones innecesarias como los usos
que carecen de fundamento jurídico. Es una forma de control que
informa sobre intención o finalidad.
En
sexto lugar, es fundamental la capacitación del personal. La gestión
de derechos de autor requiere conocimientos jurídicos y
bibliotecológicos, especialmente cuando se trata de colecciones
históricas y recursos digitales.
Finalmente
en séptimo lugar, hay que organizar la revisión periódica de las
políticas. Las transformaciones tecnológicas y normativas obligan a
revisar las prácticas institucionales de manera permanente.
Estas
medidas no sustituyen las excepciones legales que resultan
necesarias, pero permiten mejorar la gestión de los derechos
existentes y reducir la incertidumbre jurídica.
9
. Fundamentos legales de excepciones para bibliotecas públicas o de
acceso público uruguayas emplazadas en centros educativos
En
este punto el ámbito para los comentarios es muy específico, tal
como dice el título: bibliotecas públicas uruguayas emplazadas en
centros educativos, comprendiendo educación a todo nivel o
investigación. No
se hace referencia a algunas particularidades que se podrían
plantear para el caso de bibliotecas privadas, que no son de acceso
público o que cobran una suma periódica por pertenencia y acceso a
servicios.
Explicados
los derechos de autor involucrados en actividades que realizan las
bibliotecas, planteadas cuáles serían las actividades que necesitan
excepciones - que existen en diversos países - y las limitantes del
derecho uruguayo, ¿cuáles son los casos concretos de excepciones en
las que se puede fundamentar la actividad en el Uruguay?
9
. 1 Regla general – Regla de los tres pasos
Hay
una regla presente en tratados internacionales que es fundamental
para entender qué es una excepción y cual es su fundamento. Por
consistir en tres condiciones se le denomina en los distintos idiomas
regla de los tres pasos.
Se
encuentra tanto en el Convenio de Berna de 1866 como en el AADPIC del
1995, los dos principales instrumentos internacionales vigentes en
prácticamente todo el mundo, en materia de derechos de autor y
derechos conexos. Ambos se encuentra ratificados por el Uruguay hace
ya tiempo. Por lo tanto, constituyen también derecho aplicable en
Uruguay, particularmente sus disposiciones autoejecutivas (que no
necesitan una ley o pronunciamiento del Estado a través de una ley
para que estén vigentes en Uruguay).
En
el Convenio
de Berna,
se encuentra prevista expresamente para el caso de derecho de
reproducción, artículo 9, y para el caso de ilustración de la
enseñanza, artículo 10.2.
En
cuanto al derecho de reproducción y el reconocimiento de excepciones
a los derechos del autor, rige en Uruguay la disposición del
artículo 9 numeral 2) del Convenio de Berna para la protección de
la propiedad literaria y artística, del que nuestro país es Estado
parte. Se trata de un artículo que reconoce el derecho exclusivo de
autorizar la reproducción de las obras a los titulares de obras
literarias y artísticas protegidas. En cuanto a las posibles
excepciones dice así:
“2)
Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la
facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados
casos especiales con tal que esa reproducción no atente a la
explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a
los intereses legítimos del autor.”
Luego,
en el artículo 10, que hace referencia a l libre utilización en
caso de citas e ilustración de la enseñanza, el numeral 2)
establece:
“2)
Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los
Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo
que concierne a la facultad de utilizar licitamente, en la medida
justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas
a título de ilustración de la enseñanza por medio de
publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales,
con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.”
Siempre,
destaca el referido artículo 10, en el caso de citas como en el de
finalida de ilustración de la enseñanza, deberán mencionarse la
fuente y el nombre del autor, si figura en la fuente.
Por
su parte en el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, AADPIC, la norma correspondiente es el
artículo 13 no distingue ámbito de aplicación, por lo que la regla
de tres pasos resulta aplicable en los Estados Miembros para todos
los casos que se trate de limitaciones o excepciones. Dice lo
siguiente.
“Artículo
13. Limitaciones y excepciones.
Los
Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a
los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no
atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un
perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los
derechos.”
En
definitiva, para estar ante limitaciones o excepciones a los derechos
de autor hay de cumplirse estas tres condiciones o tres
pasos:
1
que se trate de casos
especiales,
que deben estar indicados en una ley; lo cual es así por tratarse de
limitación a derechos establecidos en una ley y tratados
internacionales como lo son los derechos de autor y derechos conexos;
la previsión legal puede estar tanto en la ley de derechos de autor
como en cualquier otra, no se distingue al formular la condición;
2
que no
atente contra la explotación normal
de la obra;
no
puede habilitarse la sustitución total de los derechos de exclusiva
del autor en relación con su obra;
3
que no
cause un perjuicio injustificado
a los intereses legítimos del autor; si el perjuicio a intereses en
aspectos relacionados con derechos morales y patrimoniales del autor
no se circunscribe a situaciones aisladas o pone en riesgo
sustancialmente las expectativas del autor, no puede justificarse la
excepción bajo cuyo amparo alguien pretende actuar.
Naturalmente,
la determinación de cada paso da lugar para mucho análisis que se
manifiesta en distintos libros y estudios realizados por la doctrina
a lo largo de los años.
9
. 2 Situaciones en particular
¿Dónde
están las limitaciones y excepciones en el derecho uruguayo?
Hay
que buscar la norma legal correspondiente.
Por
un lado, de manera general se ha de mencionar el artículo 45 de la
ley n.° 9.739 de 17 de diciembre de 1937, mencionada tantas veces ya
en estos posts. El referido artículo lo hemos transcripto ya, en el
post anterior de este artículo.
El
problema es que dicho texto ES EL MISMO desde el año 1937, salvo por
el agregado del numeral 12 del Tratado de Marrakech referido a
formatos adecuados en beneficio de personas ciegas o con otras
discapacidades. Es decir: un texto para otro mundo, sin tecnología
habilitante para el acceso masivo a creaciones, sin usuarios
prosumidores, sin las consideraciones de acceso a la cultura de las
últimas cuarenta décadas por lo menos.
Por
más visionario en aspectos como la mención a la televisión en el
texto de 1937, muchos años antes de que existiera propiamente en
nuestro país, no lo podía intuir todo, ni es esa la misión de un
legislador. Al momento de la ley la biblioteca era un lugar de
consulta presencial, de lectura in situ, sin siquiera demasiados
libros como para pensar en préstamo que tuviera una actividad
demasiado intensa. Ese legislador, ni quienes promovieron la ley, no
tenían cómo “visionar” la tecnología y cambios sociales de un
siglo siguiente que quedaba distante más de sesenta años.
Eso
genera un desamparo de las bibliotecas públicas o de acceso público
en centros educativos frente a la realidad y, consecuentemente,
desamparo legal de la actividad de enseñanza y de la cultura.
Además
de las excepciones del artículo 45, que son las directamente
mencionadas, corresponde considerar cualquier otra norma legal que
habilite la realización de una actividad que pueda entenderse una
excepción o limitación a derechos de autor. No puede considerarse
que un tema deba regularse solamente en una determinada ley y no en
cualquier otra que apruebe el legislador. Esto es así en el caso de
los derechos de autor como en cualquier otro caso.
Hay
una lógica que hace que deban interpretarse de manera flexible o
adaptativa las normas legales para su aplicación a las situaciones
que estrictamente no se encuentran previstas en la ley cuando fue
aprobada, cuando se trata de la normal evolución social, económica,
política o tecnológica.
Los
titulares de derechos de autor no han realizado nunca ningún tipo de
accionamiento de aproximación literal para impedir algunos actos
realizados en el ámbito de bibliotecas públicas, sobre la base de
su sentido común y, seguramente también, calibrando lo que sería
la repercusión social de un gesto así. Pero no puede sustentarse
una actividad que implementa derechos humanos culturales y sociales
en la circunstancial razonabilidad de una parte de los integrantes de
la sociedad.
Mientras
no se proceda a la reforma legislativa tantas veces fracasada o
pospuesta, la sociedad uruguaya no está reconociendo merecidamente
la actividad de las bibliotecas que estamos analizando en este
artículo.
9
. 3 Situaciones previstas en particular en la ley 9.739 y otras
eventuales previsiones
En
materia de excepciones relacionadas con la actividad de bibliotecas
públicas o de acceso público ubicadas en centros educativos, las
normas clave para en el derecho positivo uruguayo están en el
artículo 45, numerales 1 a 5 de la ley n.° 9.739.
Tratándose
de un servicio en torno a una actividad de enseñanza – la ley no
distingue niveles o contenidos enseñados – se aplica claramente el
numeral 1 del artículo citado, cuyo texto transcribimos nuevamente a
continuación.
“Artículo
45
No
es reproducción ilícita:
1.° La
publicación o difusión por radio o prensa, de obras destinadas a la
enseñanza,
de extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos, siempre
que se indique el nombre del autor, salvo lo dispuesto en el artículo
22.”
Tener
presente en todo caso que esta excepción no significa permitir la
reproducción de cualquier obra en cualquier contexto educativo.
SIEMPRE hay que tener en cuenta la Regla de los tres pasos, tal como
se establece en el artículo 13 del AADPIC, arriba comentada. Hay que
ver cada situación.
Nótese
que la referencia es a la reproducción, no a comunicación pública
ni otros derechos de explotación. Esa es una de las carencias de la
normativa del año 1937 frente a las actividades actuales.
Asimismo,
pueden citarse disposiciones alusivas a ciertas obras en particular,
cuya reproducción es permitida, aunque no se trata del contexto de
ilustración a la enseñanza mencionadas.
En
primer lugar, sería el caso de la admisión de excepción en caso de
lecciones orales de los profesores, discursos informes o
exposiciones, del numeral 2. Claro que no dice, por ejemplo para el
caso de las lecciones orales, que se trate de todas ellas, sino de
las realizadas en reuniones públicas, en cuando sea aplicable. Una
clase usualmente no es una convocatoria pública, como lo sería una
conferencia, seminario o coloquio.
En
segundo lugar, está la excepción propia de las noticias de
actualidad o información, pero con reproducción fundada en el
numeral 3). Como debe aplicarse la regla de los tres pasos esta
excepción no habilita a realizar una actividad patrimonial de
reproducción íntegra de estas creaciones como actividad rentable o
con ánimo de lucro, mientras perjudique los intereses del autor o
sustituya a la propia obra.
En
tercer lugar, la excepción muy propia de ámbitos educativos y
culturales, referida a reproducción para análisis y debate, del
numeral 4). El contexto de la reproducción admitida implica que se
destaque esta finalidad, no es un argumento para justificar cualquier
reproducción sin que dicho propósito sea evidente de alguna manera.
En
cuarto lugar, se encuentra la excepción de reproducción referida a
documentos emanados del Estado en cualquiera de sus niveles de
actuación, lo que se menciona como “documentos públicos de
cualquier género”, entre los que se mencionan expresamente leyes,
Códigos, actas oficiales. Esta es una expresión de política
pública de transparencia y difusión de la actuación del Estado,
condicionada – naturalmente – a que la reproducción se realice
fielmente.
De
manera que todo lo que involucre reproducción en estas cuatro
previsiones, que se realice en el marco de la actividad
bibliotecaria, resulta amparado también por la ley.
Para
facilitar la interpretación de nuestro comentario, se reitera la
transcripción de estos numerales mencionados a continuación,
correspondientes al artículo 45 de la ley n.° 9.739.
“2.°
La publicación o transmisión por radio o en la prensa, de las
lecciones
orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones
pronunciadas en las asambleas deliberantes, en los Tribunales de
Justicia o en las reuniones públicas;
3.°
Noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados de
interés
general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el
origen de ellos;
4.° Las
transcripciones hechas con propósitos de comentarios, críticas o
polémicas;
5.°
La reproducción fiel de las leyes, Códigos, actas oficiales y
documentos
públicos de cualquier género;”
Reproducción
incluye todo tipo de procedimiento y de forma, inclusive la grabación
sonora o visual, tal como admite el artículo 9 del Convenio de Berna
al regular sobre el derecho de reproducción y su alcance. La
digitalización es un acto de reproducción.
Nada
se establece en la normativa vigente en cuanto al derecho de
comunicación pública, que es el que está involucrado en las
actividades de dar acceso. Para el caso de instituciones públicas
estatales, la consideración de su naturaleza “pública estatal”
puede facilitar algún tipo de ejercicio de actos.
El
préstamo de materiales no tiene una excepción literal expresa, por
ejemplo, porque es expresión del derecho de distribución de la obra
que tiene en exclusiva el autor. La ley n.° 9.739 incluye el
préstamo dentro de las modalidades de distribución comprendidas en
el derecho de autor. El texto del artículo 2 fue actualizado en el
año 2003, mientras que el texto del artículo 45 sigue siendo el
mismo desde 1937. En la reforma del 2003 se puso al día a la ley con
los derechos consagrados para los titulares, pero no se adaptaron las
excepciones y limitaciones, dejando todos los nuevos temas y
escenarios tecnológicos por fuera del texto legal. Ese atraso
desequilibrante lleva más de veinte años ya.
La
norma legal no contiene una excepción general que habilite, de
manera expresa e indiscriminada, el préstamo público de todos los
libros protegidos. En el derecho comparado, concretamente en Europa,
se lo administra como el derecho patrimonial que es y ha sido
reclamado por los titulares de derechos. Nada de eso se plantea
efectivamente en el contexto latinoamericano y, mucho menos, para el
caso de material de educación, aunque la base jurídica sea la
misma. Tampoco en el caso de países como el nuestro hay una
definición legislativa expresa por admitirlo, como una excepción.
No hay nada concreto. Por más que se pueda interpretar la ley.
Esta
es una de las situaciones en las cuales la reforma legislativa para
reconocer y habilitar una situación que lleva décadas o más de un
siglo de constituir una política cultural – el acceso a material
educativo facilitando el estudio - es fundamental y de justicia. Por
supuesto que, tal como rige para todas las excepciones, siguiendo la
regla de los tres pasos plurimencionada.
De
todas formas, en el caso de esta actividad hay un fundamento de
cometido educativo del Estado, que resulta evidente en esta actividad
y que, en realidad, en el volumen en el que se lleva adelante a los
titulares de derechos los beneficia pues mantienen la difusión de
sus obras. En principio, no tiene lugar la situación de perjuicio de
intereses del autor que exige la normativa para que no sea tolerable
el caso especial de establecimiento de bibliotecas en centros
educativos que admite – y desarrolla - el Estado.
REFLEXIONES
CONCLUSIVAS
Las
bibliotecas públicas jurídicas de larga trayectoria cumplen una
función que excede la conservación de libros. Son instituciones que
preservan la memoria jurídica, facilitan la investigación y
contribuyen a la continuidad del conocimiento.
La
protección del derecho de autor constituye un elemento legítimo de
ese sistema. Sin embargo, su aplicación debe considerar las
particularidades de las funciones bibliotecarias y las necesidades de
acceso, preservación y difusión del patrimonio documental.
El
derecho uruguayo contiene disposiciones que permiten determinados
usos de obras protegidas, como la reproducción fiel de leyes,
códigos, actas oficiales y documentos públicos, así como
excepciones específicas en materia de accesibilidad. No obstante,
carece de un régimen general de excepciones que contemple las
principales actividades de preservación, reproducción y acceso
desarrolladas por las bibliotecas.
Esta
ausencia se hace sentir más en las bibliotecas históricas, en las
que la digitalización y difusión de colecciones pueden resultar
indispensables para evitar la pérdida de documentos y facilitar el
acceso a fuentes jurídicas de difícil consulta.
La
solución no debería consistir en desconocer los derechos de los
autores ni en asumir que toda actividad bibliotecaria se encuentra
automáticamente legitimada por su finalidad cultural. Tampoco parece
adecuado que la falta de una excepción específica impida de manera
permanente la preservación y difusión de materiales de indudable
interés público.
El
desafío es construir un equilibrio normativo que reconozca las
funciones de las bibliotecas y permita desarrollar sus actividades
dentro de un marco jurídico claro.
La
experiencia internacional demuestra que las excepciones para
bibliotecas pueden configurarse de manera específica, delimitando
las actividades permitidas, las condiciones de utilización y las
garantías para los titulares. En Uruguay, la incorporación de un
régimen de esta naturaleza permitiría atender necesidades que hoy
deben resolverse mediante autorizaciones individuales o
interpretaciones restrictivas de las disposiciones existentes.
En
particular, una regulación adecuada debería contemplar la
preservación de obras deterioradas, la digitalización de
colecciones históricas, el suministro de documentos para
investigación, la cooperación interbibliotecaria, el acceso a obras
huérfanas y la utilización de tecnologías digitales para la
organización y recuperación de información.
La
finalidad no sería eliminar la protección autoral, sino asegurar
que su ejercicio resulte compatible con la conservación del
patrimonio documental y con el acceso al conocimiento jurídico.
Una
biblioteca histórica que no puede preservar ni facilitar el acceso a
sus colecciones corre el riesgo de perder parte de su función
cultural. Una legislación que reconozca esa realidad puede
contribuir a que la protección de los derechos de autor y la
preservación de la memoria jurídica se desarrollen como objetivos
complementarios.
Parte 1 de este artículo: https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en_0605807907.html
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LINKs
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PI
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recursos del tema.
https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/p/pi-para-bibliotecas.html
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