lunes, 9 de noviembre de 2026

Post 1 La biblioteca como patrimonio intelectual y los derechos que se administran en una colección - 1 de 15


Serie PI para Bibliotecas - Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada #BibliotecaPIAplicada


Una biblioteca no es nada más que un conjunto de libros ordenados en estanterías con criterio técnico que se pueden consultar. Es una organización que administra un patrimonio de bienes culturales, científicos y técnicos, cuyo valor no depende exclusivamente de su precio de adquisición. Una colección jurídica puede reunir obras doctrinarias, repertorios jurisprudenciales, revistas especializadas, comentarios legislativos, tesis, documentos históricos y publicaciones institucionales que cumplen funciones diferentes dentro del mercado educativo. Otra variedad de documentos y recursos se podrá encontrar en la colección de una biblioteca orientada a medicina o arquitectura

Ese patrimonio tiene la especial característica de estar integrado por bienes materiales y por derechos de propiedad intelectual que no necesariamente pertenecen a quien posee los ejemplares, pero que parte de su función en el caso de las bibliotecas – y particularmente de las bibliotecas públicas ubicadas en un centro educativo - consiste en administrar facetas de su uso. La adquisición de un libro permite, en principio, disponer del ejemplar adquirido dentro de los límites legales, pero no convierte a la biblioteca en titular del derecho de autor sobre su contenido. La propiedad del soporte y la titularidad de los derechos intelectuales son cuestiones distintas.

Sin embargo, aún no siendo titular de los derechos de autor una biblioteca gestiona algunos de tales derechos en cumplimiento de sus cometidos culturales. Prestar un libro, fotocopiarlo, digitalizarlo, incorporarlo a una plataforma, reproducirlo en una exposición o incluirlo en una compilación son actividades que pueden involucrar facultades diferentes del titular.

La ley n.° 9.739, en la redacción vigente, reconoce al autor facultades exclusivas sobre la reproducción, distribución, adaptación, transformación, comunicación y puesta a disposición de la obra. La reproducción comprende también el almacenamiento electrónico que posibilite su percepción o comunicación.

Por eso, la primera tarea en una biblioteca es conocer qué activos administra también en la dimensión jurídica autoralista. No basta con un inventario físico de títulos y ejemplares. Es necesario construir un inventario que permita distinguir los bienes adquiridos, las obras cuyos derechos se encuentran vigentes, las obras de dominio público, las publicaciones institucionales, los recursos contratados mediante licencias y los materiales respecto de los cuales existen autorizaciones especiales.

Este enfoque no convierte a la biblioteca en una empresa comercial en sentido estricto. La visualiza como una organización que debe gestionar responsablemente sus recursos, sus relaciones contractuales y los riesgos de sus decisiones. El valor de una colección depende, en buena medida, de la capacidad institucional de mantenerla, utilizarla y ofrecer servicios legítimos a partir de ella.

La propiedad intelectual no es un tema que aparece únicamente cuando llega un reclamo. Pasa a integrar la planificación, el presupuesto, las políticas de adquisición, la conservación y el desarrollo de servicios bibliotecarios.





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Las excepciones del derecho de autor en la gestión de las bibliotecas públicas

Parte 1 https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en_0605807907.html

Parte 2 https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en.html


PI para Bibliotecas – Serie con 15 post informativos y algunos recursos del tema.

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Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada:

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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

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Fotografía de la Biblioteca de la Facultad de Derecho UDELAR. © Beatriz Bugallo 2026


Post 2 Libros antiguos, revistas históricas y colecciones heredadas - 2 de 15



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Una biblioteca jurídica pública puede haber acumulado durante muchos años una colección extraordinariamente valiosa. En ella pueden convivir libros del siglo XIX o anteriores, tratados de comienzos del siglo XX, revistas de varias décadas, obras contemporáneas y publicaciones que fueron adquiridas por instituciones que ya no existen. La antigüedad de un ejemplar, sin embargo, no permite concluir automáticamente que su contenido se encuentre en el dominio público.

La investigación de la situación jurídica de una colección requiere considerar, como mínimo, la fecha de publicación, la identidad del autor, su fecha de fallecimiento cuando corresponda, la existencia de coautoría, las características de la obra y las posibles modificaciones legislativas que hayan incidido en el plazo de protección.

En Uruguay, la ley n.° 19.857 extendió a setenta años los plazos de protección previstos en la legislación de derechos de autor. Además, estableció que determinadas obras que se encontraban en el dominio público sin haber cumplido el nuevo plazo podían volver automáticamente al dominio privado, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros sobre las reproducciones realizadas durante el período correspondiente.

Esta modificación fue muy importante para el caso de las bibliotecas históricas. Una obra que se encontraba en el dominio público pudo haber recuperado protección. Por eso, no es prudente adoptar decisiones de digitalización masiva basándose únicamente en un catálogo antiguo o en una clasificación realizada antes de la reforma.

Las revistas jurídicas requieren una atención particular. Una publicación periódica puede contener artículos de numerosos autores, traducciones, fotografías, ilustraciones, comentarios editoriales y otros materiales. Por otra parte, la situación de la revista como conjunto no necesariamente coincide con la de cada contribución. También debe distinguirse entre el derecho sobre un artículo y el eventual derecho sobre la estructura o compilación de la publicación.

Una solución práctica consiste en desarrollar una clasificación jurídica de las colecciones. Puede comenzar con categorías sencillas:

a dominio público confirmado;

b derechos vigentes identificados;

c titularidad pendiente de investigar;

d material institucional;

e material sujeto a licencia;

f material con autorización específica.

La investigación jurídica se transforma así en una inversión de gestión, pues permite saber qué materiales pueden incorporarse inmediatamente a nuevos servicios, cuáles requieren autorización y cuáles deben permanecer sujetos a un régimen de acceso más limitado.





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Las excepciones del derecho de autor en la gestión de las bibliotecas públicas

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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

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Post 3 Dominio público y patrimonio bibliográfico - 3 de 15



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El dominio público representa una muy buena oportunidad para la variedad de actividades de las bibliotecas, así como de la cultura en general. Las obras cuyos derechos patrimoniales de autor se han extinguido pueden ser utilizadas sin solicitar autorización por esos derechos que ya no tienen un titular del dominio privado con exclusiva para gestionarlos, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden respecto de derechos morales, como la integridad y paternidad de la obra.

Para una biblioteca jurídica, esto puede significar la posibilidad de desarrollar colecciones digitales de legislación histórica, doctrina clásica, revistas antiguas, documentos de investigación y publicaciones de interés académico. Un fondo bibliográfico que antes se consultaba exclusivamente en sala puede convertirse en un recurso accesible desde distintos lugares, siempre que se hayan verificado los derechos involucrados.

El dominio público debe determinarse con cuidado. No basta con que el libro sea antiguo, que su autor haya fallecido hace mucho tiempo o que la obra esté disponible en Internet.

Hay que considerar el régimen temporal que resulte aplicable y sus efectos sobre las obras que ya estaban en el dominio público, según las modificaciones introducidas por la ley n.° 19.857 en el Uruguay. Por eso, la clasificación debe documentar la fecha de la obra, la información sobre el autor, el plazo aplicable y la razón por la cual se considera que los derechos patrimoniales se han extinguido.

También conviene distinguir el contenido de una obra del trabajo realizado para digitalizarla. Una reproducción digital de una obra de dominio público no implica necesariamente que la biblioteca adquiera derechos exclusivos sobre el contenido original. Cualquier otra persona, a su vez, puede digitalizar esa misma obra que se encuentra en el dominio público. El análisis de eventuales derechos sobre la reproducción, la base de datos o los elementos incorporados debe realizarse según las características concretas del material y las normas aplicables.

Desde la gestión institucional, la digitalización de obras de dominio público puede convertirse en un servicio de alto valor. Permite preservar materiales frágiles, reducir la manipulación de originales, mejorar la recuperación de información y dar visibilidad a colecciones que permanecían prácticamente desconocidas.

La biblioteca puede además desarrollar productos y servicios complementarios: catálogos especializados, colecciones temáticas, exposiciones virtuales, cronologías doctrinarias y herramientas de búsqueda de publicaciones históricas.

La oportunidad no consiste solamente en poner libros antiguos en una pantalla, sino en transformar un patrimonio acumulado en un recurso de investigación y conocimiento, con una planificación jurídica y tecnológica adecuada.





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Las excepciones del derecho de autor en la gestión de las bibliotecas públicas

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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

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Post 4 Préstamo, consulta en sala y circulación de ejemplares, acciones típicas de la biblioteca con sus libros - 4 de 15


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El préstamo bibliotecario es una de las actividades más características de una biblioteca. También es una de las que conviene analizar jurídicamente con mayor cuidado, porque suele confundirse la adquisición legítima de un ejemplar con lo que es una autorización general para cualquier modalidad de utilización de la obra. No es lo mismo. No olvidemos que una cosa es ser propietario del soporte físico (sea un libro o hardware) y otra cosa es ser titular de los derechos de propiedad intelectual de la creación contenido en dicho soporte.

Desde el punto de vista jurídico, se debe comenzar por destacar que la ley n.° 9.739 incluye el préstamo dentro de las modalidades de distribución comprendidas en el derecho de autor. En el inciso tercero, explica que la facultad de distribuir del autor comprende – entre otros derechos que enuncia – el préstamo, “como cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de las mismas”.

La norma legal uruguaya no contiene una excepción general que habilite, de manera expresa e indiscriminada, el préstamo público de todos los libros protegidos. Esto obliga a distinguir el funcionamiento tradicional de una biblioteca de las nuevas modalidades de circulación y explotación que pueden desarrollarse a partir de una colección.

Como en toda esta temática, las situaciones son tan disímiles que también lo pueden ser las respuestas a las interrogantes que nos planteamos en esta serie.

En la práctica, una biblioteca puede adquirir ejemplares de forma legítima y desarrollar su actividad habitual de ofrecer a consulta y préstamo de soporte físico. Pero la incorporación de servicios adicionales —como el préstamo digital, la distribución de copias electrónicas o la disponibilidad simultánea de una obra en una plataforma— puede implicar facultades diferentes y requerir una autorización específica. En caso de no disponer de ella, podrá haber algún margen sobre la base de excepciones a los derechos de explotación del autor, muy acotado. Si no lo hay, se trata de una acción que no se ajusta a derecho.

La cuestión se vuelve más compleja cuando se trata de una biblioteca jurídica pública en un centro educativo. Un ejemplar de un tratado puede ser consultado por numerosos estudiantes durante un período prolongado. La biblioteca necesita administrar la circulación, controlar las condiciones de conservación y atender la demanda. Desde el punto de vista de la gestión, esas tareas requieren políticas claras, aunque la existencia de una política institucional no sustituya la autorización jurídica que pueda resultar necesaria.

También debe distinguirse el préstamo de un ejemplar físico del suministro de una reproducción. La posibilidad de prestar el libro adquirido no debe confundirse con la posibilidad de fotocopiarlo íntegramente, escanearlo o entregar a los usuarios una versión digital permanente. Una reproducción no autorizada de una obra con derechos de autor patrimoniales vigentes no la puede realizar la biblioteca para entregar a alguien. La biblioteca puede prestar y no autoriza nada de lo que haga el usuario que recibe el préstamo. Ese es un tema personal de cada usuario.

Es prudene que las bibliotecas documenten las modalidades de circulación que ofrecen. Deben identificar cuáles se realizan sobre ejemplares físicos adquiridos, cuáles dependen de contratos con proveedores y cuáles involucran reproducciones o comunicaciones digitales.

En el caso de las publicaciones sujetas a licencias, es necesario verificar si el contrato permite el acceso en sala, el préstamo, el acceso remoto, la consulta simultánea o la utilización por personas externas a la institución.

Una biblioteca necesita conocer el alcance jurídico de cada modalidad y evitar que una innovación tecnológica transforme inadvertidamente una actividad autorizada en otra que requiere un permiso adicional.





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Post 5 Fotocopias, escaneos y materiales de estudio - 5 de 15


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En las bibliotecas públicas o de acceso público ubicadas en un centro de educación, la reproducción de materiales de estudio es una demanda constante. Los estudiantes necesitan consultar artículos, capítulos, comentarios de sentencias y fragmentos de obras doctrinarias. Los docentes preparan bibliografías y los investigadores reúnen materiales de diversas fuentes.

La importancia de las actividades para las cuales se necesita utilizar recursos educativos o culturales en general no elimina las facultades de los titulares de derechos de autor. En Uruguay, la legislación de derechos de autor no establece una excepción general que permita reproducir libros o capítulos completos por el solo hecho de que la finalidad sea educativa o que la reproducción se realice sin fines de lucro. Las excepciones deben analizarse conforme a los supuestos legalmente previstos. Es decir: puede operar una excepción a los derechos de autor, siempre que se cumplan los términos legales que lo admiten.

La biblioteca debe distinguir, por ejemplo, entre la reproducción de una ley o un documento oficial, un artículo de doctrina, un capítulo de un libro contemporáneo y una obra que se encuentra en el dominio público. La reproducción fiel de leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos está contemplada entre los usos libres de la legislación uruguaya. Esa regla no se extiende automáticamente a los comentarios doctrinarios que acompañan a las normas ni a las compilaciones que incorporan otros contenidos protegidos.

Como prácticas de excelencia, una política institucional de reproducción debe contemplar varios aspectos:

a identificar qué solicitudes pueden atenderse directamente;

b establecer un procedimiento para los casos que requieren autorización;

c informar a los usuarios sobre los límites de los servicios;

d prever un mecanismo para registrar las autorizaciones y las condiciones bajo las cuales se realizaron las reproducciones.

Es muy importante fijar reglas internas de actuación. Una biblioteca puede encontrarse con situaciones semejantes en diferentes sedes o turnos, y la falta de criterios uniformes genera incertidumbre tanto para los usuarios como para la institución.

También es importante distinguir entre el servicio de reproducción que presta la biblioteca y las reproducciones que los usuarios realizan por sus propios medios. La biblioteca debe determinar qué servicios ofrece, qué equipos pone a disposición y cuáles son las condiciones aplicables. No corresponde asumir que toda actividad realizada dentro de sus instalaciones está automáticamente autorizada. Siempre dependerá de quién lo hace y para qué.

La gestión puede mejorarse mediante convenios con editoriales, autorizaciones de autores, adquisición de licencias de reproducción o selección de materiales que cuenten con permisos suficientes. Algo que no es tan fácil de negociar, evidentemente, y difícilmente sería gratuito, tratándose de interlocutores que tienen su fuente de ingresos en el ejercicio de derechos patrimoniales del autor. Se trata de una actividad económica que también es muy legítima.

Como siempre en el Derecho, es un tema de equilibrios.





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Post 6 Digitalización de colecciones: de la conservación del ejemplar a la explotación de una obra - 6 de 15


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La digitalización es una de las transformaciones más importantes de la actividad bibliotecaria debido a los avances tecnológicos. Permite conservar materiales deteriorados, mejorar las condiciones de consulta y desarrollar servicios que antes dependían de la presencia física del usuario.

Hay que contemplar que digitalizar no es simplemente cambiar el soporte de una obra. Desde el punto de vista jurídico, la digitalización constituye una forma de reproducción. La legislación uruguaya comprende dentro de esta facultad la fijación de una obra por cualquier procedimiento y el almacenamiento electrónico que posibilite su percepción o comunicación.

Por eso, una biblioteca debe distinguir entre la digitalización destinada a conservar un ejemplar y aquella que pretende ofrecer el contenido a los usuarios. Aunque ambas actividades puedan utilizar la misma tecnología, sus finalidades y modalidades de explotación son diferentes.

Un escaneo conservado en un servidor institucional no plantea exactamente la misma cuestión que un archivo disponible en una página web abierta. La publicación digital puede implicar, además de la reproducción, la puesta a disposición del público. Si la obra se encuentra protegida, es necesario verificar que la biblioteca cuenta con una autorización suficiente o que resulta aplicable una excepción legal.

Las colecciones históricas presentan un problema particular. Puede ser difícil identificar a los autores, sus sucesores o las editoriales que participaron en la publicación. También puede ocurrir que una editorial haya desaparecido o que no exista documentación suficiente sobre la titularidad de los derechos.

En estos casos, conviene adoptar una política de investigación gradual. La biblioteca puede comenzar por las obras cuya situación jurídica se encuentra mejor documentada, desarrollar proyectos piloto y establecer procedimientos para solicitar autorizaciones cuando sean necesarias.

La autorización para digitalizar debe contemplar no solamente la creación del archivo. Es conveniente determinar si incluye almacenamiento, copias de seguridad, reconocimiento óptico de caracteres, indexación, consulta en sala, acceso remoto, descarga y eventuales migraciones tecnológicas.

Un contrato que autoriza exclusivamente la digitalización para conservación no debe interpretarse como una autorización general para distribuir los archivos por Internet.

La biblioteca también debe prever la seguridad de los archivos, la gestión de accesos y la protección de los materiales que se encuentren sujetos a restricciones.

Digitalizar correctamente es una tarea jurídica, tecnológica y administrativa. Su éxito depende de que esas tres dimensiones se desarrollen de manera coordinada.





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Post 7 Libros electrónicos, bases de datos y revistas digitales, la biblioteca no tiene el ejemplar sino una licencia - 7 de 15



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La incorporación de recursos electrónicos modifica la relación tradicional entre la biblioteca y sus proveedores. Cuando una institución adquiere un libro impreso, normalmente recibe un ejemplar material, un soporte físico que debidamente catalogado se ubicará donde le corresponde de los estantes de la biblioteca. En cambio, cuando contrata el acceso a una base de datos, una revista electrónica o una colección de libros digitales, suele adquirir una licencia de utilización bajo determinadas condiciones. El acceso a un recurso electrónico puede depender de la duración del contrato, del número de usuarios autorizados, de las condiciones de autenticación, de las restricciones de descarga y de las modalidades de consulta permitidas.

Una biblioteca jurídica puede contratar una base de datos que incluya legislación, jurisprudencia y doctrina. El valor del servicio no reside únicamente en los documentos incorporados, sino también en las herramientas de búsqueda, los sistemas de actualización, las funcionalidades de análisis y la posibilidad de acceder simultáneamente a distintos materiales.

En estos contratos, se debe verificar quiénes son los usuarios autorizados. Puede tratarse de docentes, estudiantes, investigadores, funcionarios, egresados o personas que concurren a la sala de lectura. También debe establecerse si el acceso remoto está permitido y si existen límites geográficos o institucionales.

Otro aspecto relevante es la conservación del acceso después de la terminación del contrato. Una biblioteca puede haber financiado durante años una suscripción a una revista electrónica y descubrir que, al finalizarla, pierde el acceso a los números anteriores. Esa situación debe ser evaluada antes de contratar. Conviene negociar, cuando sea posible, derechos de acceso perpetuo a los contenidos adquiridos, mecanismos de recuperación de archivos, formatos de preservación y condiciones de continuidad del servicio.

Las restricciones tecnológicas también deben ser examinadas. Un proveedor puede establecer límites de descarga, impresión o reutilización de contenidos. Es importante que esas condiciones sean compatibles con las actividades reales de la institución.

El contrato debe describir con precisión el recurso contratado, los usuarios autorizados, la duración de la licencia, las condiciones económicas, las actualizaciones, las restricciones de utilización y las consecuencias de la terminación.

La biblioteca no debe evaluar exclusivamente el precio de la suscripción. También debe considerar la continuidad del servicio, la disponibilidad de los contenidos y el valor institucional de los derechos de acceso que conserva al finalizar el vínculo.





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Post 8 Obras huérfanas, autores desconocidos o titulares de derechos difíciles de localizar - 8 de 15


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Las bibliotecas históricas suelen conservar materiales cuya titularidad resulta difícil de determinar. Puede tratarse de libros sin datos editoriales completos, publicaciones anónimas, revistas antiguas, traducciones de las que no se conserva información o documentos producidos por instituciones que dejaron de existir.

La ausencia de información sobre el titular no equivale a la extinción del derecho de autor y tampoco significa que la obra pueda utilizarse libremente.

En Uruguay, además, la protección de los derechos de autor no depende de la inscripción de la obra en un registro. La falta de registro, por tanto, tampoco permite concluir que una obra carezca de protección.

La biblioteca debe adoptar un procedimiento de investigación razonable antes de realizar usos que requieran autorización. Esa investigación puede comprender la consulta de catálogos bibliográficos, registros editoriales, bases de datos de autoridades, archivos institucionales y fuentes documentales relacionadas con el autor o la publicación.

También conviene conservar evidencia de las gestiones realizadas. Una ficha jurídica puede registrar la información disponible, las fuentes consultadas, las personas o instituciones contactadas y la conclusión provisional alcanzada.

Esta documentación tiene valor de gestión. Permite evitar que distintos funcionarios repitan las mismas investigaciones y facilita la revisión de decisiones cuando aparecen nuevos datos.

Cuando no es posible identificar al titular, la biblioteca debe distinguir entre actividades de bajo riesgo y usos que implican una explotación más amplia. La conservación de un ejemplar, la consulta presencial y la publicación abierta en Internet no son necesariamente equivalentes desde el punto de vista jurídico.

En particular, la digitalización masiva de obras cuya titularidad no ha podido determinarse debe ser objeto de una evaluación específica. No existe una autorización general que permita presumir que las obras huérfanas pueden publicarse libremente por el solo hecho de que sus titulares sean difíciles de localizar.

La biblioteca puede establecer prioridades. Por ejemplo, digitalizar primero los materiales de dominio público confirmado, solicitar autorizaciones para obras contemporáneas de mayor demanda y mantener bajo evaluación aquellos casos en que la situación jurídica permanezca incierta.




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Post 9 Autores, docentes e investigadores ¿quién es titular de los derechos sobre los materiales educativos? - 9 de 15



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Las bibliotecas educativas reciben, producen y administran materiales de estudio de muy diversa procedencia. Entre ellos pueden encontrarse apuntes de docentes, presentaciones, artículos científicos, tesis, informes de investigación, manuales institucionales y compilaciones bibliográficas. Lo ideal es poder encontrar en cada caso la referencia clara a la autoría y titularidad de los derechos o, al menos, lograr que los propios eventuales titulares de derechos así lo declaren.

La circunstancia de que una obra haya sido elaborada en el marco de una relación laboral, una actividad docente o un proyecto de investigación no resuelve por sí sola la cuestión de su titularidad. Es necesario examinar las normas aplicables y los acuerdos que regulan la producción del material.

En Uruguay, el derecho de autor protege las creaciones literarias, científicas y artísticas. La legislación contempla tanto derechos morales como patrimoniales y reconoce facultades exclusivas sobre diferentes modalidades de utilización.

Hay que considerar que la circunstancia de que una institución haya financiado una investigación o proporcionado los medios para realizarla no significa necesariamente que pueda reproducir, publicar o distribuir libremente todos sus resultados. Habrá que analizar la situación y las normas vigentes para cada trabajo en cada caso, al menos a los directos efectos de saber a quién preguntar o solicitar autorización.

En el caso de las tesis, por ejemplo, deben distinguirse la titularidad del autor, las condiciones de depósito institucional, las autorizaciones de publicación y los posibles compromisos de confidencialidad. La entrega de una tesis a una biblioteca no equivale automáticamente a una autorización para publicarla íntegramente en Internet.

Lo mismo sucede con los materiales docentes. Una presentación utilizada en un curso puede incluir textos, imágenes, gráficos, fotografías o fragmentos de publicaciones ajenas. La autorización del docente para incorporar su material a una plataforma no necesariamente comprende todos los derechos sobre los elementos incorporados.

En Uruguay, la Universidad de la República tiene una Ordenanza de Propiedad Intelectual que establece qué tipo de creaciones intelectuales de estudiantes de grado, posgrado y doctorado, de docentes y de investigadores, están sujetos a titularidad por parte de la UDELAR. Sin perjuicio del reconocimiento de los derechos morales que siempre – como corresponde – pertenecen a la persona que autora de la creación.

Las bibliotecas pueden desarrollar formularios de depósito y autorización que contemplen estas cuestiones. Deben especificar si el autor permite la conservación, catalogación, reproducción, consulta presencial, acceso remoto o publicación abierta de su obra.

También es conveniente establecer mecanismos para identificar las condiciones de reutilización. Un material puede encontrarse disponible para consulta, pero no estar autorizado para su reproducción o distribución por terceros.

La política institucional debe contemplar, además, la posibilidad de que el autor retire una autorización o solicite la modificación de las condiciones de acceso, de acuerdo con los derechos que le correspondan y con los compromisos previamente asumidos.

Una biblioteca que organiza adecuadamente la titularidad de sus materiales educativos no solamente reduce riesgos, mejora la calidad de sus repositorios y permite que los autores conozcan con claridad el alcance de la difusión institucional de sus obras.


Universidad de la República Oriental del Uruguay. [UDELAR] Ordenanza de los derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República, Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994 https://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/10/Ordenanza-Propiedad-Intelectual-de-la-Universidad.pdf.




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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/revistas-juridicas-academicas-y-regimen.html




Fotografía de la Biblioteca de la Facultad de Derecho UDELAR. © Beatriz Bugallo 2026



Post 10 Repositorios institucionales, acceso abierto y licencias de reutilización - 10 de 15



 Serie PI para Bibliotecas - Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada #BibliotecaPIAplicada


Los repositorios institucionales se han convertido en una herramienta importante para las universidades, los centros de investigación y las bibliotecas especializadas. Permiten reunir, organizar y difundir la producción intelectual de una institución, mejorar su visibilidad y facilitar la recuperación de información.

Desde el punto de vista de la propiedad intelectual, un repositorio no es simplemente un catálogo ampliado. Es una plataforma que puede involucrar actos de reproducción, almacenamiento, comunicación y puesta a disposición de obras protegidas.

Por eso, la incorporación de un documento debe estar acompañada de información sobre su titularidad y las condiciones de utilización. La biblioteca que esté a cargo de un repositorio debe determinar si el autor autorizó la publicación, si existe una licencia editorial que permite el depósito y si el documento contiene materiales de terceros cuya utilización requiere permisos adicionales.

El acceso abierto tampoco debe confundirse con la ausencia de derechos de autor. Una obra puede encontrarse disponible gratuitamente y continuar protegida. El acceso sin costo es una condición de consulta, mientras que la posibilidad de reutilizar el contenido depende de la autorización correspondiente.

Las licencias de Creative Commons, entre otras, así como la expresa declaración o autorización del autor o titular de los derechos son herramientas para establecer condiciones de reutilización. Sin embargo, deben utilizarse correctamente. La institución necesita comprobar que quien concede la licencia tiene facultades suficientes y que la licencia elegida corresponde a los usos que se pretende permitir.

Una licencia que autoriza la reproducción y distribución con determinadas condiciones no debe presentarse como una autorización irrestricta para modificar la obra o utilizarla comercialmente. La información sobre las condiciones de uso debe acompañar al documento de forma clara.

En los repositorios de investigación también pueden aparecer contratos editoriales que limitan el depósito de versiones específicas. Una editorial puede permitir el depósito de un manuscrito aceptado, pero no de la versión final publicada. Es necesario verificar las condiciones de cada publicación.

También se debe contemplar la preservación de los documentos, la migración de formatos y la continuidad del repositorio. Una autorización para publicar en una plataforma concreta puede necesitar una previsión adicional para permitir la conservación y el acceso en sistemas futuros.

El repositorio institucional se convierte así en un activo estratégico. Su valor depende de la calidad de los contenidos, la organización de la información, la seguridad tecnológica y la correcta gestión de los derechos.




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Las excepciones del derecho de autor en la gestión de las bibliotecas públicas

Parte 1 https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en_0605807907.html

Parte 2 https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en.html


PI para Bibliotecas – Serie con 15 post informativos y algunos recursos del tema.

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Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada:

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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

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