martes, 10 de noviembre de 2026

La caligrafía como dato personal y alguna referencia a la IA


1 Introducción


La escritura manuscrita es una manifestación de la personalidad. Hay un margen de intención o intencionalidad en la expresión gráfica de las letras que eligen las personas para escribir, pero también otro de expresión natural a lo largo del tiempo. Aunque habitualmente se la considera una forma de comunicación o una habilidad adquirida mediante el aprendizaje, la caligrafía de una persona también puede funcionar como un elemento de identificación, permitir inferencias sobre determinados aspectos de su comportamiento y convertirse en un instrumento de reconocimiento individual.

La letra manuscrita tiene características que, en mayor o menor medida, pueden mantenerse a lo largo del tiempo y distinguir a una persona de otras. La forma de las letras, su inclinación, el tamaño, la presión ejercida sobre el papel, la continuidad de los trazos, los enlaces, los espacios y la disposición general del texto constituyen algunos de los elementos que pueden ser objeto de observación y análisis. Todo ello lo analizan los peritos calígrafos, por ejemplo, en diversos juicios civiles y penales, para la atribución documental sea en escritura de textos generales o de las firmas personales. Esto no es novedad. La ciencia forense nos tiene acostumbrados a este tipo de análisis.

En este post lo que planteamos en otra dimensión legal de la caligrafía, la de dato personal y su consecuente protección en su régimen jurídico.

No es adelantar conclusiones ir afirmando que sí, que es lo que se considera usualmente. Desde el punto de vista de constituir una manifestación de la personalidad, queda alcanzado por la característica de dato personal y, por tanto, por su protección legal. La caligrafía no es necesariamente, por sí misma, un dato sensible ni un dato biométrico en sentido jurídico. Sin embargo, cuando se encuentra vinculada con una persona identificada o identificable, constituye información relativa a ella y puede quedar comprendida en el concepto de dato personal. Incluso siendo potencialmente vinculable a una persona, queda sujeta a dicha protección.

Tal afirmación tiene consecuencias en nuestro mundo de alternativas de la inteligencia artificial, en adelante también IA, por ejemplo, cuando estamos utilizando algoritmos que cumplen tareas a partir de documentos manuscritos ajenos que se suben al software específico.


2 La escritura manuscrita como elemento de identificación


La caligrafía es una conducta aprendida que, a través de su ejercicio reiterado, desarrolla características individuales. Aunque una persona puede modificar voluntariamente su escritura, utilizar distintos estilos o adaptarla a las circunstancias, existen regularidades gráficas que permiten reconocer semejanzas entre diferentes muestras manuscritas.

Desde el punto de vista técnico, el análisis de escritura puede considerar aspectos estáticos y aspectos dinámicos. Los aspectos estáticos están vinculados con el resultado gráfico que queda plasmado en el papel. Los aspectos dinámicos se relacionan con factores del proceso de ejecución, tales como velocidad, presión, dirección, continuidad, secuencia y coordinación de los movimientos.

Esta distinción es clave en cuanto se pasa del examen tradicional de documentos a los sistemas digitales de reconocimiento de escritura. Una imagen digital de un manuscrito permite estudiar sus características visuales, mientras que un dispositivo de captura dinámica puede registrar, además, información sobre la manera en que fue producido.

Los aspectos estáticos se evalúan cuando se escanea un documento manuscrito con firma de difícil lectura y se “sube a la IA” para que lo transcriba de manera que pueda leerse como documento en cualquiera de las fuentes usuales. Es lo que hace un docente que escanea el escrito que le cuesta leer de un estudiante y lo sube a una aplicación que identifica las palabras y lo transcribe para la clara lectura.

La investigación científica ha estudiado la individualidad de la escritura manuscrita y su utilización en procesos de identificación. Srihari, Cha, Arora y Lee (2002), por ejemplo, examinaron la posibilidad de reconocer características individuales a partir de muestras de escritura, utilizando técnicas computacionales y métodos estadísticos. Por su parte, Plamondon y Srihari (2000) analizaron los fundamentos y las aplicaciones del reconocimiento automático de escritura, incluyendo sus dimensiones tecnológicas y de procesamiento.

La importancia jurídica de estas características no reside exclusivamente en que permitan identificar a quien escribió un texto. También interesa que puedan ser conservadas, comparadas, clasificadas y utilizadas para tomar decisiones sobre una persona.

Así, una muestra manuscrita puede cumplir diferentes funciones:

a permitir entender el contenido de un manuscrito, transcribiéndolo tal como lo identifica la IA;

b identificar o contribuir a identificar a su autor;

c verificar la autenticidad de una firma o de un documento;

d comparar distintas muestras de escritura;

e detectar posibles alteraciones o falsificaciones;

f alimentar sistemas automatizados de reconocimiento;

g construir patrones de referencia para posteriores verificaciones;

h producir inferencias sobre características del comportamiento gráfico de una persona.

La escritura manuscrita, por tanto, es información susceptible de tratamiento autónomo.


3 La caligrafía y el concepto de dato personal


La calificación de la caligrafía como dato personal debe partir de una concepción amplia de la información personal. No es necesario que un dato revele directamente el nombre, la identidad civil o algún aspecto íntimo de una persona para quedar comprendido en el régimen de protección. Basta con que se refiera a una persona identificada o identificable.

En el ordenamiento uruguayo, el artículo 4 literal D) de la ley n.°18.331 define el dato personal como la información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables. Se trata de una definición amplia.La norma no limita la categoría a datos textuales, identificadores oficiales o informaciones declarativas. Comprende cualquier tipo de información que permita establecer una relación con un sujeto determinado o determinable.

La caligrafía encaja en esta definición, dado que una muestra manuscrita puede vincularse con una persona, cuando sus características permiten contribuir a su identificación. La protección no depende de que la escritura sea reconocida inmediatamente por cualquier observador. Puede bastar con que sea posible identificar al titular mediante su asociación con otros datos o mediante técnicas de análisis.

Esta interpretación se sustenta también en el artículo 1 del Decreto N.º 414/009, reglamentario de la ley n.°18.331. La disposición establece que el derecho a la protección de datos personales se aplica a las personas físicas, directa o indirectamente, a través de cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que refiera a ellas.

La referencia expresa a la información gráfica resulta definitoria. Una muestra de escritura es, precisamente, una representación gráfica que puede referirse a una persona y permitir su identificación. Por lo tanto, no parece necesario recurrir a una interpretación extensiva o forzada de la legislación uruguaya para reconocer que la caligrafía puede constituir un dato personal. La propia amplitud de las disposiciones legales y reglamentarias permite comprenderla dentro de esa categoría.

Hay quienes sostienen que no toda escritura manuscrita constituye necesariamente un dato personal. Un texto anónimo, sin elementos que permitan identificar o hacer identificable a su autor, no adquiere automáticamente esa condición por el solo hecho de estar escrito a mano. Entienden que la calificación dependerá de la posibilidad de establecer el vínculo entre la información y una persona determinada o determinable. Por mi parte entiendo que la imposibilidad circunstancial de dar un nombre a la caligrafía que puede estar almacenada como dato en una IA no afecta el carácter de dato personal. Tiene la potencialidad de contribuir al reconocimiento con otras muestras caligráficas que de la misma persona se agreguen y sumarse a una identificación o imputación de autoría.

Tampoco debe confundirse el carácter personal de la caligrafía con la titularidad del soporte material en el que aparece. El propietario de una carta, un cuaderno, un formulario o un documento que contiene escritura manuscrita no adquiere por ese solo hecho libertad irrestricta para tratar o utilizar la información personal que allí se encuentra.


4 ¿Es la caligrafía un dato biométrico?


En el lenguaje técnico, la escritura manuscrita puede utilizarse como característica biométrica conductual. A diferencia de otros rasgos biométricos asociados a características físicas o fisiológicas, como las huellas dactilares o determinados rasgos faciales, la escritura se relaciona con una actividad motora aprendida.

Sin embargo, es necesario distinguir entre la utilización de una muestra manuscrita como dato personal y su utilización como instrumento biométrico de identificación.

No toda muestra de escritura constituye necesariamente un dato biométrico en sentido funcional. Una carta manuscrita puede contener información personal por su autoría, por su contenido o por las circunstancias en que fue producida, sin que haya sido recogida ni procesada con fines de identificación biométrica.

La situación es diferente cuando un sistema analiza características de la escritura para generar un patrón individual y utilizarlo en procedimientos de autenticación o identificación. En ese supuesto, la información gráfica se transforma en un insumo para un proceso de identificación basado en características individuales.

La distinción también permite separar las dos modalidades tecnológicas de análisis ya anticipadas.

Por un lado, el análisis estático de escritura que se realiza a partir de una imagen o reproducción del manuscrito. El sistema estudia las formas, dimensiones, inclinaciones y demás características gráficas visibles.

Por otro lado, el análisis dinámico de escritura que se desarrolla mediante dispositivos capaces de registrar el proceso de escritura, incluyendo variables como presión, velocidad, aceleración, trayectoria y secuencia de los trazos.

El segundo procedimiento puede proporcionar información mucho más rica sobre la conducta gráfica del individuo.

En el derecho uruguayo, el artículo 4 literal E) de la ley n.°18.331 enumera las categorías de datos sensibles, que son aquellos que revelan origen racial y étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, afiliación sindical e informaciones referentes a la salud o a la vida sexual.

La caligrafía no aparece expresamente incluida en esa enumeración. Tampoco corresponde afirmar que cualquier dato biométrico queda automáticamente comprendido en ella por el solo hecho de ser biométrico. En consecuencia, no es posible realizar una equiparación automática entre caligrafía, dato biométrico y dato sensible. Son categorías que pueden relacionarse, pero no son equivalentes.

Una muestra de escritura puede ser un dato personal sin ser sensible. Puede, asimismo, utilizarse como dato biométrico cuando se somete a un tratamiento dirigido a reconocer o verificar la identidad de una persona. Por otra parte, puede revelar - por su contenido o por la información que se le asocia - datos sensibles, supuesto en el cual corresponderá aplicar las garantías reforzadas previstas legalmente.

La consecuencia jurídica es importante: la naturaleza del dato y la finalidad del tratamiento deben analizarse conjuntamente, sin atribuir a toda muestra manuscrita un régimen jurídico que no necesariamente le corresponde.


5 Caligrafía y la ley n.°18.331


Reconocida la caligrafía como posible dato personal, corresponde determinar qué consecuencias produce su inclusión en el ámbito de aplicación de la ley n.°18.331.

La primera cuestión es que la protección no se limita a la escritura digitalizada. El artículo 3 de la ley comprende los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento, así como sus modalidades de uso posterior. A su vez, el artículo 2 del decreto N.º 414/009 extiende expresamente el régimen a la recolección, registro y tratamiento automatizado o no automatizado, cualquiera sea el soporte y la modalidad de utilización.

Por tanto, la escritura manuscrita en papel puede quedar comprendida en el régimen legal, no es necesario que se encuentre incorporada a una base de datos electrónica. Una colección organizada de muestras caligráficas, fichas manuscritas, documentos escaneados o patrones de escritura utilizados para efectuar comparaciones pueden constituir manifestaciones de tratamiento de datos personales.

Esto no significa que cualquier acto de escribir o conservar un documento manuscrito esté sometido, sin más, a todas las obligaciones de la ley. Debe considerarse el contexto, la existencia de un tratamiento de información personal y las exclusiones previstas en el artículo 3, entre ellas las bases mantenidas por personas físicas para actividades exclusivamente personales o domésticas.


5 . 1 Principio de finalidad

El artículo 8 de la ley n.°18.331 establece que los datos no pueden utilizarse para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.

Este principio tiene una aplicación particularmente interesante en materia de caligrafía. En el caso, por ejemplo, de una institución educativa que recoge ejercicios manuscritos de sus estudiantes con fines de evaluación. La utilización de esas muestras para calificar los trabajos responde a la finalidad que justificó su obtención. Sin embargo, su incorporación posterior a un sistema de reconocimiento de identidad, destinado a detectar automáticamente quién realizó cada ejercicio, constituye una finalidad diferente que requiere un análisis jurídico propio.

Lo mismo sucede en el ámbito laboral. Una empresa puede recibir documentos manuscritos durante un procedimiento de selección o conservar documentos firmados por sus trabajadores. Ello no significa que pueda reutilizar libremente esas muestras para desarrollar perfiles de escritura, alimentar sistemas de identificación o efectuar controles no informados.

La finalidad no puede presumirse por el mero hecho de que la información se encuentre legítimamente en poder de una organización.


5 . 2 Consentimiento e información

El artículo 9 de la ley n.°18.331 establece, como regla general, que el tratamiento de datos personales es lícito cuando el titular ha prestado su consentimiento libre, previo, expreso e informado, debidamente documentado. La norma contempla excepciones, entre ellas determinados tratamientos derivados de relaciones contractuales, científicas o profesionales, cuando los datos resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento.

En el caso de la escritura manuscrita, la aplicación de este principio exige distinguir entre la recepción de un documento y la utilización de sus características gráficas para una finalidad adicional.

Si una persona entrega un formulario manuscrito para realizar un trámite, no puede entenderse automáticamente que ha consentido la utilización de su escritura para cualquier otro propósito.

El artículo 13 complementa esta protección al exigir que, al recoger los datos, se informe de manera expresa, precisa e inequívoca sobre la finalidad del tratamiento, los destinatarios, la existencia de la base de datos, la identidad del responsable, el carácter obligatorio o facultativo de la entrega y las posibilidades de ejercicio de los derechos correspondientes.

La información resulta especialmente importante cuando la persona desconoce que su escritura será sometida a análisis automatizado.


5 . 3 Calidad, proporcionalidad y seguridad

También son relevantes los principios de veracidad, finalidad, proporcionalidad y seguridad previstos en los artículos 7, 8 y 10 de la ley.

Una muestra de escritura puede ser poco representativa de la forma habitual de escribir de una persona. El cansancio, la edad, una lesión, las condiciones materiales de escritura, el instrumento utilizado o la situación emocional pueden incidir en sus características.

Por ello, no sería razonable atribuir a una muestra aislada un valor identificatorio absoluto ni construir conclusiones definitivas sobre la personalidad de alguien a partir de ella.

El principio de veracidad exige que la información sea adecuada y exacta; el de proporcionalidad impide recoger datos excesivos respecto de la finalidad perseguida, y el de seguridad obliga a protegerlos contra accesos, consultas, tratamientos o alteraciones no autorizados.

La responsabilidad proactiva incorporada al artículo 12 por la ley n.°19.670 agrega a la premisa anterior que el responsable debe adoptar y poder demostrar la implementación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, incluyendo privacidad desde el diseño, privacidad por defecto y evaluación de impacto cuando corresponda.

En una organización que almacena muestras manuscritas para identificación, estas obligaciones no son meras formalidades. Deben traducirse en controles de acceso, limitación de usos, conservación adecuada y medidas para impedir que las muestras sean utilizadas fuera de los propósitos autorizados.


6 La escritura manuscrita y los derechos de su titular


La consideración de la caligrafía como dato personal permite reconocer al individuo los derechos que la ley n.°18.331 establece respecto de la información que le concierne.

El derecho de acceso, previsto en el artículo 14, permite conocer qué información personal se encuentra almacenada en bases de datos públicas o privadas. Aplicado a este supuesto, puede comprender la posibilidad de conocer la existencia de muestras de escritura conservadas y los tratamientos que se realizan sobre ellas.

El artículo 15 reconoce los derechos de rectificación, actualización, inclusión y supresión. Su ejercicio puede presentar particularidades cuando se trata de una muestra gráfica original, porque no siempre es posible modificar el documento material sin alterar su integridad. No obstante, ello no elimina el derecho a corregir información asociada incorrectamente a la muestra, actualizar su clasificación o solicitar su supresión cuando corresponda legalmente.

También interesa el artículo 16, relativo a la impugnación de valoraciones personales basadas en tratamientos automatizados.

Esta disposición merece especial atención en relación con los sistemas de análisis de escritura. Pongamos el caso de que una empresa utiliza un sistema automatizado para evaluar la fiabilidad de candidatos a un empleo mediante características extraídas de sus manuscritos o que una institución utiliza patrones gráficos para atribuir conductas o realizar clasificaciones individuales.

Si esa valoración produce efectos jurídicos significativos y se funda en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar aspectos de la personalidad, pueden resultar aplicables las garantías del artículo 16. La persona afectada tiene derecho a impugnar la decisión y obtener información sobre los criterios de valoración y el programa utilizado.

La norma uruguaya demuestra así que la protección de datos personales no se limita al control de la información almacenada. También alcanza, bajo sus condiciones legales, los procedimientos mediante los cuales esa información se utiliza para valorar a las personas.


7 Ámbitos de aplicación y situaciones problemáticas


La caligrafía puede aparecer en contextos muy diversos que permiten apreciar la relevancia práctica de su protección.

En el ámbito educativo, los ejercicios manuscritos, las evaluaciones y las fichas de estudiantes pueden convertirse en fuentes de información para sistemas de reconocimiento de autoría, más allá de auxiliar al docente para la lectura de las evaluaciones. La institución debe diferenciar la utilización pedagógica de los trabajos de su aprovechamiento para finalidades de identificación o análisis automatizado.

En el ámbito laboral, las muestras manuscritas pueden utilizarse en procedimientos de selección, control documental o autenticación. Se vuelve particularmente problemático el tema en este caso cuando se convierten en instrumentos para elaborar perfiles o realizar inferencias que no guardan relación necesaria con la finalidad para la cual fueron obtenidas.

En el ámbito bancario y financiero, la comparación de firmas y patrones de escritura puede contribuir a verificar operaciones y prevenir fraudes. La legitimidad de estos tratamientos debe analizarse atendiendo a su finalidad, necesidad, proporcionalidad y fundamento jurídico.

En el ámbito notarial y documental, la escritura y la firma pueden ser objeto de análisis pericial para determinar autenticidad o detectar falsificaciones. Aquí debe distinguirse el tratamiento de datos personales de la actividad probatoria o pericial, que puede contar con fundamentos jurídicos propios. La conservación y utilización de muestras de referencia también merecen atención.

En el ámbito de la inteligencia artificial, los sistemas de reconocimiento de escritura pueden procesar grandes volúmenes de manuscritos, extraer patrones y generar modelos de identificación. Si esos sistemas permiten vincular las muestras con personas identificadas o identificables, el tratamiento queda sujeto al régimen de protección de datos que corresponda.

En todos estos casos corresponde tener presente que la información esté contenida en un documento entregado voluntariamente no significa que cualquier utilización posterior sea jurídicamente admisible.

También, en todos los casos, es muy importante tener claro que si se están utilizando aplicaciones de IA abiertas o de acceso general, todos los datos que se ingresen para la finalidad que sea – por más legítima que sea – están liberando dichos datos a un uso ulterior incorporados al data set general. Es similar a subir datos ajenos a internet, literalmente, para un uso o aprovechamiento de terceros.

La forma correcta sería tener los documentos manuscritos utilizados en un servidor cerrado, sin que sean incorporados al universo general de la IA que se trate, dado que no se puede disponer de los datos ajenos.

Rotondo (2024, p. 41) afirma que la IA tiene en los datos personales un insumo relevante, cuyo tratamiento está regulado por la normativa nacional e internaiconal correspondiente para los sujetos comprendidos.


8 Limitaciones en el uso de estos sistemas


La utilización de la escritura manuscrita como elemento identificatorio también obliga a considerar sus límites. La individualidad de la escritura ha sido objeto de investigación científica, pero de ello no se desprende que cualquier procedimiento de comparación permita identificar infaliblemente a una persona.

El estudio de Srihari et al. (2002) es un antecedente importante en la investigación cuantitativa de las características individuales de la escritura. Los autores trabajaron con muestras de 1.500 personas y utilizaron procedimientos computacionales para estudiar diferencias gráficas. Su investigación contribuye a comprender el potencial identificatorio de la escritura, pero no autoriza a convertir cualquier coincidencia gráfica en prueba concluyente de autoría.

De igual modo, los sistemas de reconocimiento automático tienen limitaciones técnicas y pueden producir falsos positivos o falsos negativos. La calidad de las muestras, las condiciones de captura, las modificaciones voluntarias y las variaciones naturales de la escritura son factores que deben considerarse.

Desde la perspectiva jurídica, resulta necesario separar tres cuestiones:

a que una muestra manuscrita constituya un dato personal;

b que un tratamiento permita obtener información útil para identificar a su autor;

c que el resultado de ese tratamiento tenga suficiente fiabilidad para fundamentar una decisión o servir como elemento probatorio.

Son cuestiones diferentes y requieren evaluaciones distintas. La protección de datos personales no sustituye las reglas sobre admisibilidad y valoración de la prueba, ni convierte una técnica de reconocimiento en un método infalible.


9 La caligrafía como expresión de la personalidad


Existe, finalmente, una dimensión que merece una prudente consideración, que es la relación entre escritura manuscrita y personalidad.

La escritura es una actividad humana compleja, en la que intervienen aprendizaje, hábitos motores, coordinación, experiencia y circunstancias personales. Por eso puede presentar características relativamente estables y, al mismo tiempo, experimentar modificaciones a lo largo de la vida.

Sin embargo, no corresponde confundir el reconocimiento de características individuales de la escritura con la posibilidad de deducir científicamente rasgos psicológicos, aptitudes, intenciones o comportamientos a partir de ella.

La grafología, entendida como disciplina que pretende inferir características de personalidad a partir de la escritura, no debe confundirse con el examen pericial de documentos ni con los sistemas científicos de reconocimiento de escritura. Sus pretensiones interpretativas han sido objeto de cuestionamientos científicos y no corresponde atribuirles, sin validación suficiente, capacidad para fundamentar decisiones jurídicas relevantes.

Esta distinción adquiere importancia desde la protección de datos personales. La utilización de una muestra caligráfica para identificar a su autor es una operación diferente de aquella que pretende elaborar un perfil psicológico o valorar la confiabilidad de una persona. En el segundo supuesto, además de los problemas de exactitud y proporcionalidad, puede entrar en juego el artículo 16 de la ley n.°18.331, si se trata de decisiones significativas basadas en tratamientos automatizados destinados a evaluar aspectos de la personalidad.


10 Conclusiones finales


La letra de una persona puede ser, simultáneamente, una forma de expresión, un elemento de identificación y un dato personal.

La caligrafía constituye un ejemplo de cómo la evolución tecnológica modifica la relevancia jurídica de manifestaciones tradicionales de la actividad humana. Durante mucho tiempo, la escritura manuscrita fue considerada fundamentalmente como un medio de comunicación y como soporte de documentos. Su utilización para reconocer a una persona estaba asociada, principalmente, a la comparación de firmas y a la actividad pericial.

La digitalización y los sistemas automatizados de reconocimiento amplían considerablemente sus posibilidades de utilización. Una muestra manuscrita puede convertirse en un conjunto de características cuantificables, susceptible de almacenamiento, comparación y procesamiento masivo.

Desde el derecho uruguayo, la conclusión fundamental es que la caligrafía puede constituir un dato personal conforme al artículo 4 literal D) de la ley n.°18.331, especialmente cuando permite identificar o hacer identificable a su autor. El artículo 1 del Decreto N.º 414/009 refuerza esta interpretación al incluir expresamente la información gráfica entre las modalidades mediante las cuales puede referirse información a una persona.

No obstante, su calificación como dato biométrico dependerá de las características del tratamiento y de su utilización para identificar o autenticar a una persona. Tampoco corresponde considerarla automáticamente un dato sensible conforme a la enumeración del artículo 4 literal E) de la ley.

Hay varias cuestiones involucradas en este tema: qué información contiene una escritura manuscrita, qué puede hacerse con ella, para qué finalidad se obtiene, quién la conserva, durante cuánto tiempo y qué decisiones pueden adoptarse a partir de su análisis.

La caligrafía demuestra que la protección de datos personales no debe limitarse a los identificadores tradicionalmente reconocidos, sino también comprender aquellas manifestaciones individuales que, mediante procedimientos técnicos, permiten convertir una expresión humana en información susceptible de identificación, clasificación y utilización.




Referencias bibliográficas


Normativa uruguaya

Uruguay. (2008). ley n.°18.331 de 11 de agosto de 2008 sobre protección de datos personales y acción de habeas data. IMPO.

Uruguay. (2009). Decreto n.º 414/009 de 31 de agosto de 2009, reglamentario de la ley n.°18.331. IMPO.

Uruguay. (2018). Ley n.°19.670 de 15 de octubre de 2018. IMPO.


Referencias


Plamondon, R., & Srihari, S. N. (2000). On-line and off-line handwriting recognition: A comprehensive survey. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22(1), 63–84. https://doi.org/10.1109/34.824821


Rotondo, F. (2024) Temas de protección de datos personales. FCU. 131 pp.


Srihari, S. N., Cha, S.-H., Arora, H., & Lee, S. (2002). Individuality of handwriting. Journal of Forensic Sciences, 47(4), 856–872.


https://www.lawyerpress.com/2026/03/05/el-recordatorio-gallego-sobre-la-caligrafia-como-dato-personal/





Imagen: Parque Rodó. Fotografía: Beatriz Bugallo 2022. 

lunes, 9 de noviembre de 2026

Post 1 La biblioteca como patrimonio intelectual y los derechos que se administran en una colección - 1 de 15


Serie PI para Bibliotecas - Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada #BibliotecaPIAplicada


Una biblioteca no es nada más que un conjunto de libros ordenados en estanterías con criterio técnico que se pueden consultar. Es una organización que administra un patrimonio de bienes culturales, científicos y técnicos, cuyo valor no depende exclusivamente de su precio de adquisición. Una colección jurídica puede reunir obras doctrinarias, repertorios jurisprudenciales, revistas especializadas, comentarios legislativos, tesis, documentos históricos y publicaciones institucionales que cumplen funciones diferentes dentro del mercado educativo. Otra variedad de documentos y recursos se podrá encontrar en la colección de una biblioteca orientada a medicina o arquitectura

Ese patrimonio tiene la especial característica de estar integrado por bienes materiales y por derechos de propiedad intelectual que no necesariamente pertenecen a quien posee los ejemplares, pero que parte de su función en el caso de las bibliotecas – y particularmente de las bibliotecas públicas ubicadas en un centro educativo - consiste en administrar facetas de su uso. La adquisición de un libro permite, en principio, disponer del ejemplar adquirido dentro de los límites legales, pero no convierte a la biblioteca en titular del derecho de autor sobre su contenido. La propiedad del soporte y la titularidad de los derechos intelectuales son cuestiones distintas.

Sin embargo, aún no siendo titular de los derechos de autor una biblioteca gestiona algunos de tales derechos en cumplimiento de sus cometidos culturales. Prestar un libro, fotocopiarlo, digitalizarlo, incorporarlo a una plataforma, reproducirlo en una exposición o incluirlo en una compilación son actividades que pueden involucrar facultades diferentes del titular.

La ley n.° 9.739, en la redacción vigente, reconoce al autor facultades exclusivas sobre la reproducción, distribución, adaptación, transformación, comunicación y puesta a disposición de la obra. La reproducción comprende también el almacenamiento electrónico que posibilite su percepción o comunicación.

Por eso, la primera tarea en una biblioteca es conocer qué activos administra también en la dimensión jurídica autoralista. No basta con un inventario físico de títulos y ejemplares. Es necesario construir un inventario que permita distinguir los bienes adquiridos, las obras cuyos derechos se encuentran vigentes, las obras de dominio público, las publicaciones institucionales, los recursos contratados mediante licencias y los materiales respecto de los cuales existen autorizaciones especiales.

Este enfoque no convierte a la biblioteca en una empresa comercial en sentido estricto. La visualiza como una organización que debe gestionar responsablemente sus recursos, sus relaciones contractuales y los riesgos de sus decisiones. El valor de una colección depende, en buena medida, de la capacidad institucional de mantenerla, utilizarla y ofrecer servicios legítimos a partir de ella.

La propiedad intelectual no es un tema que aparece únicamente cuando llega un reclamo. Pasa a integrar la planificación, el presupuesto, las políticas de adquisición, la conservación y el desarrollo de servicios bibliotecarios.





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Las excepciones del derecho de autor en la gestión de las bibliotecas públicas

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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

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Post 2 Libros antiguos, revistas históricas y colecciones heredadas - 2 de 15



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Una biblioteca jurídica pública puede haber acumulado durante muchos años una colección extraordinariamente valiosa. En ella pueden convivir libros del siglo XIX o anteriores, tratados de comienzos del siglo XX, revistas de varias décadas, obras contemporáneas y publicaciones que fueron adquiridas por instituciones que ya no existen. La antigüedad de un ejemplar, sin embargo, no permite concluir automáticamente que su contenido se encuentre en el dominio público.

La investigación de la situación jurídica de una colección requiere considerar, como mínimo, la fecha de publicación, la identidad del autor, su fecha de fallecimiento cuando corresponda, la existencia de coautoría, las características de la obra y las posibles modificaciones legislativas que hayan incidido en el plazo de protección.

En Uruguay, la ley n.° 19.857 extendió a setenta años los plazos de protección previstos en la legislación de derechos de autor. Además, estableció que determinadas obras que se encontraban en el dominio público sin haber cumplido el nuevo plazo podían volver automáticamente al dominio privado, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros sobre las reproducciones realizadas durante el período correspondiente.

Esta modificación fue muy importante para el caso de las bibliotecas históricas. Una obra que se encontraba en el dominio público pudo haber recuperado protección. Por eso, no es prudente adoptar decisiones de digitalización masiva basándose únicamente en un catálogo antiguo o en una clasificación realizada antes de la reforma.

Las revistas jurídicas requieren una atención particular. Una publicación periódica puede contener artículos de numerosos autores, traducciones, fotografías, ilustraciones, comentarios editoriales y otros materiales. Por otra parte, la situación de la revista como conjunto no necesariamente coincide con la de cada contribución. También debe distinguirse entre el derecho sobre un artículo y el eventual derecho sobre la estructura o compilación de la publicación.

Una solución práctica consiste en desarrollar una clasificación jurídica de las colecciones. Puede comenzar con categorías sencillas:

a dominio público confirmado;

b derechos vigentes identificados;

c titularidad pendiente de investigar;

d material institucional;

e material sujeto a licencia;

f material con autorización específica.

La investigación jurídica se transforma así en una inversión de gestión, pues permite saber qué materiales pueden incorporarse inmediatamente a nuevos servicios, cuáles requieren autorización y cuáles deben permanecer sujetos a un régimen de acceso más limitado.





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Post 3 Dominio público y patrimonio bibliográfico - 3 de 15



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El dominio público representa una muy buena oportunidad para la variedad de actividades de las bibliotecas, así como de la cultura en general. Las obras cuyos derechos patrimoniales de autor se han extinguido pueden ser utilizadas sin solicitar autorización por esos derechos que ya no tienen un titular del dominio privado con exclusiva para gestionarlos, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden respecto de derechos morales, como la integridad y paternidad de la obra.

Para una biblioteca jurídica, esto puede significar la posibilidad de desarrollar colecciones digitales de legislación histórica, doctrina clásica, revistas antiguas, documentos de investigación y publicaciones de interés académico. Un fondo bibliográfico que antes se consultaba exclusivamente en sala puede convertirse en un recurso accesible desde distintos lugares, siempre que se hayan verificado los derechos involucrados.

El dominio público debe determinarse con cuidado. No basta con que el libro sea antiguo, que su autor haya fallecido hace mucho tiempo o que la obra esté disponible en Internet.

Hay que considerar el régimen temporal que resulte aplicable y sus efectos sobre las obras que ya estaban en el dominio público, según las modificaciones introducidas por la ley n.° 19.857 en el Uruguay. Por eso, la clasificación debe documentar la fecha de la obra, la información sobre el autor, el plazo aplicable y la razón por la cual se considera que los derechos patrimoniales se han extinguido.

También conviene distinguir el contenido de una obra del trabajo realizado para digitalizarla. Una reproducción digital de una obra de dominio público no implica necesariamente que la biblioteca adquiera derechos exclusivos sobre el contenido original. Cualquier otra persona, a su vez, puede digitalizar esa misma obra que se encuentra en el dominio público. El análisis de eventuales derechos sobre la reproducción, la base de datos o los elementos incorporados debe realizarse según las características concretas del material y las normas aplicables.

Desde la gestión institucional, la digitalización de obras de dominio público puede convertirse en un servicio de alto valor. Permite preservar materiales frágiles, reducir la manipulación de originales, mejorar la recuperación de información y dar visibilidad a colecciones que permanecían prácticamente desconocidas.

La biblioteca puede además desarrollar productos y servicios complementarios: catálogos especializados, colecciones temáticas, exposiciones virtuales, cronologías doctrinarias y herramientas de búsqueda de publicaciones históricas.

La oportunidad no consiste solamente en poner libros antiguos en una pantalla, sino en transformar un patrimonio acumulado en un recurso de investigación y conocimiento, con una planificación jurídica y tecnológica adecuada.





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Las excepciones del derecho de autor en la gestión de las bibliotecas públicas

Parte 1 https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en_0605807907.html

Parte 2 https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en.html


PI para Bibliotecas – Serie con 15 post informativos y algunos recursos del tema.

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Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada:

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Bugallo, B. (2026) Revistas jurídicas académicas y régimen de derechos de autor, derecho uruguayo.

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Fotografía de la Biblioteca de la Facultad de Derecho UDELAR. © Beatriz Bugallo 2026


Post 4 Préstamo, consulta en sala y circulación de ejemplares, acciones típicas de la biblioteca con sus libros - 4 de 15


Serie PI para Bibliotecas - Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada #BibliotecaPIAplicada


El préstamo bibliotecario es una de las actividades más características de una biblioteca. También es una de las que conviene analizar jurídicamente con mayor cuidado, porque suele confundirse la adquisición legítima de un ejemplar con lo que es una autorización general para cualquier modalidad de utilización de la obra. No es lo mismo. No olvidemos que una cosa es ser propietario del soporte físico (sea un libro o hardware) y otra cosa es ser titular de los derechos de propiedad intelectual de la creación contenido en dicho soporte.

Desde el punto de vista jurídico, se debe comenzar por destacar que la ley n.° 9.739 incluye el préstamo dentro de las modalidades de distribución comprendidas en el derecho de autor. En el inciso tercero, explica que la facultad de distribuir del autor comprende – entre otros derechos que enuncia – el préstamo, “como cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de las mismas”.

La norma legal uruguaya no contiene una excepción general que habilite, de manera expresa e indiscriminada, el préstamo público de todos los libros protegidos. Esto obliga a distinguir el funcionamiento tradicional de una biblioteca de las nuevas modalidades de circulación y explotación que pueden desarrollarse a partir de una colección.

Como en toda esta temática, las situaciones son tan disímiles que también lo pueden ser las respuestas a las interrogantes que nos planteamos en esta serie.

En la práctica, una biblioteca puede adquirir ejemplares de forma legítima y desarrollar su actividad habitual de ofrecer a consulta y préstamo de soporte físico. Pero la incorporación de servicios adicionales —como el préstamo digital, la distribución de copias electrónicas o la disponibilidad simultánea de una obra en una plataforma— puede implicar facultades diferentes y requerir una autorización específica. En caso de no disponer de ella, podrá haber algún margen sobre la base de excepciones a los derechos de explotación del autor, muy acotado. Si no lo hay, se trata de una acción que no se ajusta a derecho.

La cuestión se vuelve más compleja cuando se trata de una biblioteca jurídica pública en un centro educativo. Un ejemplar de un tratado puede ser consultado por numerosos estudiantes durante un período prolongado. La biblioteca necesita administrar la circulación, controlar las condiciones de conservación y atender la demanda. Desde el punto de vista de la gestión, esas tareas requieren políticas claras, aunque la existencia de una política institucional no sustituya la autorización jurídica que pueda resultar necesaria.

También debe distinguirse el préstamo de un ejemplar físico del suministro de una reproducción. La posibilidad de prestar el libro adquirido no debe confundirse con la posibilidad de fotocopiarlo íntegramente, escanearlo o entregar a los usuarios una versión digital permanente. Una reproducción no autorizada de una obra con derechos de autor patrimoniales vigentes no la puede realizar la biblioteca para entregar a alguien. La biblioteca puede prestar y no autoriza nada de lo que haga el usuario que recibe el préstamo. Ese es un tema personal de cada usuario.

Es prudene que las bibliotecas documenten las modalidades de circulación que ofrecen. Deben identificar cuáles se realizan sobre ejemplares físicos adquiridos, cuáles dependen de contratos con proveedores y cuáles involucran reproducciones o comunicaciones digitales.

En el caso de las publicaciones sujetas a licencias, es necesario verificar si el contrato permite el acceso en sala, el préstamo, el acceso remoto, la consulta simultánea o la utilización por personas externas a la institución.

Una biblioteca necesita conocer el alcance jurídico de cada modalidad y evitar que una innovación tecnológica transforme inadvertidamente una actividad autorizada en otra que requiere un permiso adicional.





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Post 5 Fotocopias, escaneos y materiales de estudio - 5 de 15


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En las bibliotecas públicas o de acceso público ubicadas en un centro de educación, la reproducción de materiales de estudio es una demanda constante. Los estudiantes necesitan consultar artículos, capítulos, comentarios de sentencias y fragmentos de obras doctrinarias. Los docentes preparan bibliografías y los investigadores reúnen materiales de diversas fuentes.

La importancia de las actividades para las cuales se necesita utilizar recursos educativos o culturales en general no elimina las facultades de los titulares de derechos de autor. En Uruguay, la legislación de derechos de autor no establece una excepción general que permita reproducir libros o capítulos completos por el solo hecho de que la finalidad sea educativa o que la reproducción se realice sin fines de lucro. Las excepciones deben analizarse conforme a los supuestos legalmente previstos. Es decir: puede operar una excepción a los derechos de autor, siempre que se cumplan los términos legales que lo admiten.

La biblioteca debe distinguir, por ejemplo, entre la reproducción de una ley o un documento oficial, un artículo de doctrina, un capítulo de un libro contemporáneo y una obra que se encuentra en el dominio público. La reproducción fiel de leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos está contemplada entre los usos libres de la legislación uruguaya. Esa regla no se extiende automáticamente a los comentarios doctrinarios que acompañan a las normas ni a las compilaciones que incorporan otros contenidos protegidos.

Como prácticas de excelencia, una política institucional de reproducción debe contemplar varios aspectos:

a identificar qué solicitudes pueden atenderse directamente;

b establecer un procedimiento para los casos que requieren autorización;

c informar a los usuarios sobre los límites de los servicios;

d prever un mecanismo para registrar las autorizaciones y las condiciones bajo las cuales se realizaron las reproducciones.

Es muy importante fijar reglas internas de actuación. Una biblioteca puede encontrarse con situaciones semejantes en diferentes sedes o turnos, y la falta de criterios uniformes genera incertidumbre tanto para los usuarios como para la institución.

También es importante distinguir entre el servicio de reproducción que presta la biblioteca y las reproducciones que los usuarios realizan por sus propios medios. La biblioteca debe determinar qué servicios ofrece, qué equipos pone a disposición y cuáles son las condiciones aplicables. No corresponde asumir que toda actividad realizada dentro de sus instalaciones está automáticamente autorizada. Siempre dependerá de quién lo hace y para qué.

La gestión puede mejorarse mediante convenios con editoriales, autorizaciones de autores, adquisición de licencias de reproducción o selección de materiales que cuenten con permisos suficientes. Algo que no es tan fácil de negociar, evidentemente, y difícilmente sería gratuito, tratándose de interlocutores que tienen su fuente de ingresos en el ejercicio de derechos patrimoniales del autor. Se trata de una actividad económica que también es muy legítima.

Como siempre en el Derecho, es un tema de equilibrios.





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Post 6 Digitalización de colecciones: de la conservación del ejemplar a la explotación de una obra - 6 de 15


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La digitalización es una de las transformaciones más importantes de la actividad bibliotecaria debido a los avances tecnológicos. Permite conservar materiales deteriorados, mejorar las condiciones de consulta y desarrollar servicios que antes dependían de la presencia física del usuario.

Hay que contemplar que digitalizar no es simplemente cambiar el soporte de una obra. Desde el punto de vista jurídico, la digitalización constituye una forma de reproducción. La legislación uruguaya comprende dentro de esta facultad la fijación de una obra por cualquier procedimiento y el almacenamiento electrónico que posibilite su percepción o comunicación.

Por eso, una biblioteca debe distinguir entre la digitalización destinada a conservar un ejemplar y aquella que pretende ofrecer el contenido a los usuarios. Aunque ambas actividades puedan utilizar la misma tecnología, sus finalidades y modalidades de explotación son diferentes.

Un escaneo conservado en un servidor institucional no plantea exactamente la misma cuestión que un archivo disponible en una página web abierta. La publicación digital puede implicar, además de la reproducción, la puesta a disposición del público. Si la obra se encuentra protegida, es necesario verificar que la biblioteca cuenta con una autorización suficiente o que resulta aplicable una excepción legal.

Las colecciones históricas presentan un problema particular. Puede ser difícil identificar a los autores, sus sucesores o las editoriales que participaron en la publicación. También puede ocurrir que una editorial haya desaparecido o que no exista documentación suficiente sobre la titularidad de los derechos.

En estos casos, conviene adoptar una política de investigación gradual. La biblioteca puede comenzar por las obras cuya situación jurídica se encuentra mejor documentada, desarrollar proyectos piloto y establecer procedimientos para solicitar autorizaciones cuando sean necesarias.

La autorización para digitalizar debe contemplar no solamente la creación del archivo. Es conveniente determinar si incluye almacenamiento, copias de seguridad, reconocimiento óptico de caracteres, indexación, consulta en sala, acceso remoto, descarga y eventuales migraciones tecnológicas.

Un contrato que autoriza exclusivamente la digitalización para conservación no debe interpretarse como una autorización general para distribuir los archivos por Internet.

La biblioteca también debe prever la seguridad de los archivos, la gestión de accesos y la protección de los materiales que se encuentren sujetos a restricciones.

Digitalizar correctamente es una tarea jurídica, tecnológica y administrativa. Su éxito depende de que esas tres dimensiones se desarrollen de manera coordinada.





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Post 7 Libros electrónicos, bases de datos y revistas digitales, la biblioteca no tiene el ejemplar sino una licencia - 7 de 15



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La incorporación de recursos electrónicos modifica la relación tradicional entre la biblioteca y sus proveedores. Cuando una institución adquiere un libro impreso, normalmente recibe un ejemplar material, un soporte físico que debidamente catalogado se ubicará donde le corresponde de los estantes de la biblioteca. En cambio, cuando contrata el acceso a una base de datos, una revista electrónica o una colección de libros digitales, suele adquirir una licencia de utilización bajo determinadas condiciones. El acceso a un recurso electrónico puede depender de la duración del contrato, del número de usuarios autorizados, de las condiciones de autenticación, de las restricciones de descarga y de las modalidades de consulta permitidas.

Una biblioteca jurídica puede contratar una base de datos que incluya legislación, jurisprudencia y doctrina. El valor del servicio no reside únicamente en los documentos incorporados, sino también en las herramientas de búsqueda, los sistemas de actualización, las funcionalidades de análisis y la posibilidad de acceder simultáneamente a distintos materiales.

En estos contratos, se debe verificar quiénes son los usuarios autorizados. Puede tratarse de docentes, estudiantes, investigadores, funcionarios, egresados o personas que concurren a la sala de lectura. También debe establecerse si el acceso remoto está permitido y si existen límites geográficos o institucionales.

Otro aspecto relevante es la conservación del acceso después de la terminación del contrato. Una biblioteca puede haber financiado durante años una suscripción a una revista electrónica y descubrir que, al finalizarla, pierde el acceso a los números anteriores. Esa situación debe ser evaluada antes de contratar. Conviene negociar, cuando sea posible, derechos de acceso perpetuo a los contenidos adquiridos, mecanismos de recuperación de archivos, formatos de preservación y condiciones de continuidad del servicio.

Las restricciones tecnológicas también deben ser examinadas. Un proveedor puede establecer límites de descarga, impresión o reutilización de contenidos. Es importante que esas condiciones sean compatibles con las actividades reales de la institución.

El contrato debe describir con precisión el recurso contratado, los usuarios autorizados, la duración de la licencia, las condiciones económicas, las actualizaciones, las restricciones de utilización y las consecuencias de la terminación.

La biblioteca no debe evaluar exclusivamente el precio de la suscripción. También debe considerar la continuidad del servicio, la disponibilidad de los contenidos y el valor institucional de los derechos de acceso que conserva al finalizar el vínculo.





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Post 8 Obras huérfanas, autores desconocidos o titulares de derechos difíciles de localizar - 8 de 15


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Las bibliotecas históricas suelen conservar materiales cuya titularidad resulta difícil de determinar. Puede tratarse de libros sin datos editoriales completos, publicaciones anónimas, revistas antiguas, traducciones de las que no se conserva información o documentos producidos por instituciones que dejaron de existir.

La ausencia de información sobre el titular no equivale a la extinción del derecho de autor y tampoco significa que la obra pueda utilizarse libremente.

En Uruguay, además, la protección de los derechos de autor no depende de la inscripción de la obra en un registro. La falta de registro, por tanto, tampoco permite concluir que una obra carezca de protección.

La biblioteca debe adoptar un procedimiento de investigación razonable antes de realizar usos que requieran autorización. Esa investigación puede comprender la consulta de catálogos bibliográficos, registros editoriales, bases de datos de autoridades, archivos institucionales y fuentes documentales relacionadas con el autor o la publicación.

También conviene conservar evidencia de las gestiones realizadas. Una ficha jurídica puede registrar la información disponible, las fuentes consultadas, las personas o instituciones contactadas y la conclusión provisional alcanzada.

Esta documentación tiene valor de gestión. Permite evitar que distintos funcionarios repitan las mismas investigaciones y facilita la revisión de decisiones cuando aparecen nuevos datos.

Cuando no es posible identificar al titular, la biblioteca debe distinguir entre actividades de bajo riesgo y usos que implican una explotación más amplia. La conservación de un ejemplar, la consulta presencial y la publicación abierta en Internet no son necesariamente equivalentes desde el punto de vista jurídico.

En particular, la digitalización masiva de obras cuya titularidad no ha podido determinarse debe ser objeto de una evaluación específica. No existe una autorización general que permita presumir que las obras huérfanas pueden publicarse libremente por el solo hecho de que sus titulares sean difíciles de localizar.

La biblioteca puede establecer prioridades. Por ejemplo, digitalizar primero los materiales de dominio público confirmado, solicitar autorizaciones para obras contemporáneas de mayor demanda y mantener bajo evaluación aquellos casos en que la situación jurídica permanezca incierta.




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