Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida: una reforma transversal del entorno económico uruguayo
El proyecto de ley conocido como Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida es una de las iniciativas legislativas de más ambiciosas que hasta ahora se han presentado, en este período de gobierno, en cuanto a la agenda económica uruguaya.
Fue presentado por el Poder Ejecutivo en junio de 2026 y remitido posteriormente al Parlamento.
Su formulación parte de una premisa muy propia del Derecho Comercial, como lo es que una parte importante de los costos que soportan las empresas y los consumidores no deriva necesariamente del funcionamiento propio de los mercados, sino de las cargas regulatorias, administrativas y operativas que se acumulan en torno de ellos. Es decir: derivan del peso del Estado.
La formulación oficial del proyecto sintetiza su finalidad en términos de aumento de la productividad, crecimiento económico e inversión, mediante la simplificación administrativa, la mejora de la calidad regulatoria y la agilización de los procedimientos vinculados con el desarrollo de actividades económicas.
No procura reformar aspectos de determinada materia, sino tener incidencia en cuanto a la relación entre el Estado y los agentes económicos, sobre el comercio exterior, sobre la competencia, sobre la protección de los consumidores, sobre las micro, pequeñas y medianas empresas y sobre determinadas condiciones de acceso al financiamiento y de promoción de la innovación.
Uno de los aspectos interesantes del planteo es que la competitividad aparece concebida desde una perspectiva microeconómica. Durante la presentación del proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que, alcanzados determinados niveles de estabilidad macroeconómica, una parte sustancial de los problemas de competitividad se desplaza hacia los costos de funcionamiento del sistema. Estos serían costos regulatorios, costos administrativos, tiempos de tramitación, barreras de entrada, dificultades de acceso a mercados y obstáculos para la inversión. La competitividad, desde esta perspectiva, no se identifica simplemente con la capacidad de una empresa para vender más barato o exportar más, sino que supone también que el ordenamiento jurídico genere condiciones razonables para que los agentes económicos puedan ingresar, permanecer, innovar, invertir y competir.
Los temas que trata el proyecto se refieren a conceptos que tradicionalmente se estudian en compartimentos separados: calidad regulatoria, simplificación administrativa, competencia, protección del consumidor, comercio exterior, innovación y financiamiento. Esta variedad de planos regulatorios converge en la finalidad que titula al proyecto en su presentación.
El proyecto presentado al Parlamento comprendió originalmente 240 disposiciones y fue estructurado en grandes bloques temáticos. En la información institucional difundida por el Poder Ejecutivo aparecen como ejes la agilización de trámites y la calidad regulatoria, la facilitación del comercio exterior, la promoción de la competencia y reducción del costo de vida, y la innovación y aceleración de la inversión. En el curso del tratamiento parlamentario el articulado experimentó modificaciones, y la información oficial difundida en setiembre de 2026 refiere a 239 disposiciones. Actualmente ya fue aprobado por unanimidad en el Senado y había pasado a consideración de la Cámara de Diputados.
En cuanto a temas tratados, podemos destacar algunos puntos clave.
En primer lugar, se plantea la revisión de la relación entre Administración y actividad económica, proponiendo mecanismos orientados a reducir cargas administrativas, incluyendo declaraciones juradas, establecimiento de plazos máximos para algunas respuestas estatales y utilización del silencio positivo en los supuestos previstos, entre otros temas. Considerando que la regulación administrativa tiene una dimensión económica y cada trámite tiene un costo, la reducción tendrá clara influencia, especialmente para las microempresas o las etapas iniciales de toda empresa, para quienes todos los costos pueden ser una verdadera barrera de entrada.
En segundo lugar, se encuentra la propuesta referida a derecho de la competencia, vinculando promoción de la competencia y reducción del costo de vida. El proyecto propone fortalecer la institucionalidad de defensa de la competencia y otorgar mayor autonomía técnica a la autoridad correspondiente. Entre las modificaciones institucionales se plantea la transformación de la actual estructura en un servicio descentralizado, nuevas reglas de gobernanza y financiamiento, separación de las funciones investigativas y resolutorias y fortalecimiento de las facultades de investigación, acceso a información, inspección y solicitud de medidas cautelares. La competencia deja de aparecer solamente como una disciplina destinada a sancionar determinados comportamientos empresariales y pasa a ser presentada también como una herramienta de política económica vinculada con la productividad, los precios y las condiciones de funcionamiento de los mercados. Son varios los puntos al respecto, tal como veremos en un post específico sobre el tema.
En tercer lugar, se pueden destacar las disposiciones incluidas sobre el consumidor como sujeto económico. El consumidor no aparece únicamente como destinatario de una tutela jurídica frente a cláusulas abusivas, incumplimientos contractuales o prácticas comerciales ilícitas, sino como agente económico cuya capacidad de comparar y decidir puede contribuir al funcionamiento competitivo del mercado. Desde el punto de vista del Derecho del Consumidor, esto introduce una dimensión adicional, en tanto la protección informativa se articula con la política de competencia. Haremos referencia específica también a este punto.
En cuarto lugar, se encuentra en la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, la innovación y la inversión. El proyecto incorpora medidas de simplificación tributaria para determinadas mipymes, mecanismos para facilitar la gestión y facturación electrónica y reducción de costos vinculados al registro de productos. También propone instrumentos destinados a favorecer la innovación financiera, incluyendo entornos controlados de prueba, finanzas abiertas, fondos de inversión cerrados promovidos y modificaciones al régimen de las plataformas de financiamiento colectivo.
En quinto lugar, hay planteadas modificaciones en torno a las plataformas de financiamiento colectivo. El crowdfunding puede funcionar como mecanismo de intermediación entre proyectos que necesitan capital y una pluralidad de inversores o aportantes, utilizando plataformas tecnológicas para organizar esa relación. La propuesta legislativa procura ampliar la definición existente e incorporar incentivos tributarios, integrando el financiamiento colectivo dentro de una política más amplia de innovación e inversión.
Por la diversa naturaleza y aspectos propuestas para modificación se ha destacado que no se trata de una ley sectorial, sino de una reforma transversal. No es una modificación aislada de la Ley de Defensa de la Competencia, ni una reforma de la Ley de Relaciones de Consumo, ni una regulación específica del financiamiento colectivo. Es una iniciativa que procura modificar simultáneamente distintas condiciones del entorno en el cual se desarrolla la actividad económica con el objetivo manifiesto en la titulación del proyecto de ley: lograr mayor competitividad y reducción de costos.
Este aspecto fue señalado durante el debate público generado por el proyecto. En setiembre de 2026, un análisis del IEEM identificó, entre otros asuntos, la delimitación entre aquello que debe ser regulado por ley y aquello que puede quedar librado a la reglamentación, la calidad regulatoria del propio proyecto, el régimen de importadores múltiples y la necesidad de establecer mecanismos adecuados para medir sus resultados (IEEM, 2026).
Desde la perspectiva del Derecho Comercial, el proyecto es interesante porque vuelve a colocar en primer plano la discusión sobre las condiciones jurídicas de funcionamiento del mercado. Resulta muy claro que el Derecho Comercial contemporáneo ya no puede limitarse al estudio de los contratos, sociedades, títulos valores o insolvencia como categorías autónomas. Las condiciones de entrada al mercado, la regulación administrativa, la competencia, la protección del consumidor, el acceso al financiamiento, la innovación tecnológica y la información forman parte de un mismo entramado jurídico-económico. El proyecto, precisamente, en los temas y tendencias que articula, representa dicha transformación.
Dentro de este marco general, existen al menos tres núcleos de especial interés para el Derecho Comercial que merecen un análisis específico y veremos en respectivos posteos.
El primero es la reforma del régimen de defensa de la competencia, particularmente extensa. El proyecto pretende modificar diversos aspectos de la ley n.° 18.159 y propone una transformación institucional de la autoridad de competencia, además de introducir modificaciones en materia de investigación, procedimiento, conductas y herramientas de actuación.
El segundo es la reforma vinculada con la defensa del consumidor, que incorpora modificaciones a la ley n.° 17.250 y procura fortalecer determinados mecanismos de información y protección en el mercado, entre ellos aquellos relacionados con la comparación de precios.
El tercero es la promoción de las plataformas de financiamiento colectivo, dentro del capítulo dedicado a innovación, inversión y financiamiento. Se trata de una materia particularmente novedosa porque conecta tecnología, mercado de capitales, emprendimientos, inversión y regulación financiera.
Son tres aspectos sobre cómo debe configurarse el marco jurídico para que los mercados funcionen con menores costos, mayor competencia, mejor información y mayores posibilidades de inversión e innovación.
Dos links para el seguimiento:
Proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el Poder Ejecutivo el 18 de junio de 2026. El Proyecto que comentamos está en el siguiente link, entre otros, online:
Para seguimiento de sus modificaciones a nivel legislativo, debe consultarse la web del Parlamento. Este análisis se realiza a partir del texto inicial.
Imagen: https://publicdomainreview.org/collection/the-first-tour-de-france-1903/
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