lunes, 16 de noviembre de 2026

Post 10 Contratos, competencia y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en los mercados circulares - 10 de 10


 

Serie Economía circular y PI – Diez posts de PI

Propiedad intelectual para la sostenibilidad, un modelo circular de consumo y uso de recursos



La consolidación de una economía circular plantea un desafío jurídico que excede el análisis individual de cada modalidad de propiedad intelectual. Se trata de determinar cómo deben organizarse las relaciones entre los titulares de derechos, los fabricantes, los distribuidores, los reparadores, los operadores de recuperación de materiales y los nuevos participantes que desarrollan actividades de reutilización y comercialización de productos reacondicionados.

En el mercado hay varios sectores o ramas de derecho convergentes cuya operativa simultánea corresponde analizar, definiendo el régimen correspondiente para sus intersecciones pues no hay base legal para definir uno prevalente sobre otro.

El derecho contractual y el derecho de la competencia, en paralelo a la propiedad intelectual, tienen un rol protagónico. Los modelos de negocio circulares requieren acuerdos que tradicionalmente no ocupaban un lugar central en las relaciones comerciales. Contratos de reparación, mantenimiento, reacondicionamiento, recuperación de componentes, reutilización de materiales, licencias tecnológicas, distribución de productos usados y colaboración entre operadores son algunas de las figuras que pueden aparecer.

La propiedad intelectual está presente en buena parte de esas relaciones.

Una empresa que autoriza a otra a reparar sus productos puede necesitar conceder acceso a documentación técnica, software de diagnóstico, diseños de componentes y determinados conocimientos confidenciales. Otra que permite utilizar su marca en productos reacondicionados deberá establecer condiciones de identificación, control de calidad y responsabilidad comercial.

En los contratos de recuperación de materiales puede ser necesario regular la titularidad de los resultados de los procesos de transformación. También puede resultar conveniente determinar quién podrá utilizar los conocimientos adquiridos, quién será titular de las mejoras tecnológicas y bajo qué condiciones podrán comercializarse los nuevos productos.

La redacción contractual debe evitar que la titularidad de un derecho intelectual se convierta en una fuente de incertidumbre para los participantes de la cadena circular.

Volvemos en este punto al tema de las licencias. La autorización para utilizar una patente, un diseño o un programa informático puede resultar indispensable para desarrollar una actividad de reparación o remanufactura. Sin embargo, las condiciones de la licencia deben ser analizadas atendiendo a su objeto, alcance, duración, territorio, exclusividad, remuneración y restricciones de uso.

En este punto hay que evaluar la legalidad de los actos del mercado a tenor de los preceptos del derecho de la competencia.

Los derechos de propiedad intelectual reconocen exclusividades legítimas, pero su ejercicio no queda situado fuera del ordenamiento general del mercado. En determinadas circunstancias, las condiciones contractuales, las negativas de acceso o las restricciones impuestas por un titular pueden generar problemas competitivos.

Supongamos el caso de un fabricante que controla la disponibilidad de repuestos y documentación técnica y que, además, limita contractualmente la posibilidad de que terceros reparen sus productos. O en una empresa que impide que un operador independiente comercialice bienes reacondicionados mediante restricciones que exceden la protección legítima de sus derechos.

No toda negativa de licencia constituye un ilícito. Tampoco toda restricción contractual es anticompetitiva. El análisis debe considerar el mercado relevante, el poder económico del titular, la justificación objetiva de la conducta, sus efectos y las particularidades del derecho intelectual involucrado.

La cuestión se vuelve más compleja cuando las restricciones afectan la entrada de operadores especializados en reparación, mantenimiento o recuperación de materiales. La economía circular puede depender de la existencia de mercados secundarios competitivos, en los cuales participen empresas distintas del fabricante original.

El derecho de la competencia debe examinar, por tanto, si determinadas prácticas contribuyen a preservar una exclusividad legítima o si, por el contrario, utilizan esa exclusividad como instrumento para bloquear mercados complementarios.

La experiencia europea nos resulta un buen antecedentes, desde la perspectiva del derecho uruguayo por la comunidad de los principios de ambos sistemas. La Directiva (UE) 2024/1799 sobre reparación de bienes reconoce expresamente la necesidad de evitar determinadas prácticas que obstaculicen la reparación, incluyendo el uso de técnicas contractuales, de hardware o de software, sin perjuicio de la protección legítima de los derechos de propiedad intelectual. Este planteamiento refleja que la reparación no es una cuestión exclusivamente técnica ni de consumo: también involucra la organización de los mercados y las condiciones de acceso a los servicios posventa.

En Uruguay, el análisis debe articularse con el régimen general de defensa de la competencia de la ley n.° 18.159, sin perder de vista las particularidades de cada derecho intelectual y la normativa sectorial que resulte aplicable.

Hay, además, un problema transversal que es la comunicación comercial de la circularidad.

Las empresas tienen incentivos para presentarse como sostenibles, ecológicas o comprometidas con la reutilización de recursos. Sin embargo, las afirmaciones ambientales pueden convertirse en instrumentos de competencia desleal si no tienen sustento suficiente. La utilización de marcas, certificaciones, expresiones publicitarias y elementos gráficos que sugieren atributos ambientales debe evaluarse desde la perspectiva de la veracidad, la transparencia y la posibilidad de inducir a error. En consecuencia, el desarrollo de mercados circulares necesita una política jurídica que contemple simultáneamente propiedad intelectual, contratos, competencia y protección del consumidor.

La conclusión es que la economía circular no exige abandonar la protección de los activos intelectuales, sino revisar cómo se ejercen los derechos y cómo se organizan las relaciones comerciales durante las distintas etapas de vida de los productos.



LINKs de interés

Uruguay. (2007). Ley n.° 18.159 de 20 de julio de 2007 sobre libre comercio y defensa de la competencia.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Directiva (UE) 2024/1799, sobre normas comunes para promover la reparación de bienes. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1799/oj

Organización Mundial del Comercio. (1994). Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, artículos 7, 8, 30, 31 y 40. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf

World Intellectual Property Organization. (s. f.). WIPO GREEN. https://www.wipo.int/en/web/wipogreen




Fotografía: Flores de Santiago de Compostela. © Beatriz Bugallo 2016



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