Parte 2
4 . 8 . Las citas, los extractos y la utilización de fragmentos
Las bibliotecas jurídicas cumplen una función de apoyo a la investigación y a la docencia. En ese contexto, los usuarios pueden necesitar incorporar fragmentos de obras a trabajos académicos, informes, presentaciones o publicaciones.
La excepción de cita tiene una clara base en el texto del artículo 10.1 de la Convención de Berna.
La ley n.° 9.739 contiene disposiciones relativas a determinados usos de extractos y fragmentos, pero su alcance debe examinarse conforme al texto legal. No corresponde trasladar automáticamente a Uruguay el régimen de cita o de uso legítimo de otros países.
El artículo 45 contempla, entre otros supuestos, la reproducción de extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos en determinadas publicaciones o difusiones, así como las transcripciones realizadas con propósitos de comentarios, críticas o polémicas.
La existencia de estas disposiciones no supone una autorización general para reproducir cualquier fragmento de una obra con fines académicos.
En particular, debe distinguirse entre:
a la cita de un fragmento para fundamentar una reflexión propia;
b la reproducción de un artículo completo;
c la reproducción de un capítulo de libro;
d la incorporación de fragmentos en una publicación institucional;
e la entrega de una copia a un usuario para su posterior utilización.
La biblioteca puede facilitar el acceso a las fuentes, orientar sobre su identificación y promover prácticas de cita adecuadas. Sin embargo, la licitud de la reproducción y utilización posterior dependerá de las circunstancias concretas y del régimen jurídico aplicable.
4 . 9 . Los formatos accesibles y las excepciones para personas con discapacidad
El acceso a las obras por parte de personas con discapacidad constituye uno de los ámbitos en los que el derecho uruguayo ha incorporado una excepción específica.
La ley n.° 19.149, artículo 237, modificó el régimen de la ley n.° 9.739 e incorporó una excepción para determinados actos de reproducción, adaptación, distribución y comunicación de obras en formatos adecuados para personas ciegas o con otras discapacidades para la lectura o sensoriales.
La disposición fue desarrollada en el marco del Tratado de Marrakech, aprobado en Uruguay por la ley n.° 19.262, y reglamentada por el Decreto N.º 295/017. Este tratado está amplicamente incorporado en distintos países del mundo.
La excepción permite realizar determinados usos de textos lícitamente publicados sin autorización del titular y sin remuneración, siempre que se cumplan las condiciones legales.
El Decreto N.º 295/017 establece requisitos relativos a los formatos accesibles, la utilización por las personas beneficiarias, la ausencia de fines de lucro y el respeto a la integridad de la obra, teniendo en cuenta las modificaciones necesarias para hacerla accesible.
La importancia de esta excepción para las bibliotecas jurídicas es considerable. El acceso a un código, una obra doctrinaria o un artículo científico puede resultar imposible para una persona con discapacidad visual si el documento no se encuentra disponible en un formato accesible.
La biblioteca puede desempeñar un papel fundamental en la producción, adaptación y circulación de esos materiales, siempre dentro de las condiciones legales aplicables. El régimen del tratado de Marrakech demuestra que las excepciones no constituyen necesariamente una disminución de la protección autoral, sino la manera de hacer compatibles los derechos de los titulares con otros derechos fundamentales, en este caso el acceso a la cultura, la educación y la información.
4 . 10 . Las bases de datos jurídicas y los recursos electrónicos
La gestión de una biblioteca jurídica contemporánea no se limita a libros y revistas impresos. Comprende bases de datos, revistas electrónicas, repositorios institucionales, plataformas de jurisprudencia y otros recursos digitales.
En estos casos, la biblioteca debe distinguir entre los derechos de autor sobre los contenidos, los posibles derechos sobre las bases de datos y las condiciones contractuales de acceso.
La adquisición de una suscripción a una base de datos no implica necesariamente la posibilidad de descargar, reproducir o distribuir todos sus contenidos. Las licencias pueden establecer condiciones sobre el número de usuarios, la descarga de documentos, el acceso remoto, la impresión, la utilización de materiales en cursos y la conservación de copias.
La biblioteca debe examinar las condiciones contractuales antes de ofrecer servicios que excedan el acceso previsto por el proveedor.
La cuestión se vuelve especialmente relevante cuando una biblioteca conserva colecciones electrónicas de revistas jurídicas o bases de datos cuya suscripción ha finalizado. El cese del acceso no implica necesariamente que la institución pueda conservar y poner a disposición copias de los contenidos anteriormente consultados.
La gestión de recursos electrónicos exige, por tanto, una política de licencias que complemente el análisis de las excepciones legales.
3 . 11 . Los repositorios institucionales y la difusión de documentos
La publicación de documentos en repositorios institucionales constituye una práctica cada vez más extendida en las bibliotecas universitarias y jurídicas.
La finalidad de estos repositorios es facilitar el acceso, preservar la producción intelectual y promover la circulación del conocimiento. Sin embargo, la incorporación de una obra a un repositorio implica actos que deben examinarse desde la perspectiva del derecho de autor.
La biblioteca debe determinar si cuenta con autorización suficiente para reproducir y poner a disposición el documento. La autorización puede derivar de una licencia, de una cesión de derechos o de las condiciones de publicación aceptadas por el autor.
En el caso de artículos científicos, tesis, libros y documentos institucionales, la situación jurídica puede variar según el contrato editorial, la titularidad de los derechos y las condiciones de depósito.
La mera disponibilidad de una obra en Internet no significa que pueda incorporarse libremente a otro repositorio. Tampoco la circunstancia de que el autor sea funcionario público o docente universitario determina, por sí sola, que los derechos patrimoniales pertenezcan a la institución.
En las bibliotecas jurídicas de larga trayectoria, la digitalización de colecciones históricas para su publicación en repositorios requiere una política específica de identificación de titulares, análisis de derechos y documentación de las autorizaciones.
4 . 11 . Las obras huérfanas y las dificultades de identificación de titulares
Las obras huérfanas son aquellas respecto de las cuales no es posible identificar o localizar al titular de los derechos, pese a los esfuerzos razonables realizados para ello.
El problema es especialmente frecuente en las bibliotecas históricas. Una publicación puede haber sido editada hace muchas décadas, carecer de información editorial suficiente o haber sido editada y publicada por una institución desaparecida.
La dificultad no se limita a las obras anónimas. También puede afectar a obras cuyos autores son conocidos, pero cuyos herederos o cesionarios no pueden ser identificados.
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) ha señalado que las obras huérfanas pueden quedar excluidas de los procesos de preservación y difusión cuando la legislación no ofrece un mecanismo adecuado para su utilización (IFLA, s. f.).
En Uruguay, la imposibilidad de localizar al titular no equivale, por sí sola, a una autorización para reproducir la obra. La biblioteca debe distinguir entre la incertidumbre acerca de la titularidad y la extinción de los derechos patrimoniales.
Esto es muy importante en el caso de colecciones de publicaciones jurídicas antiguas, en las que puede existir un interés público considerable en preservar y facilitar el acceso a los materiales, aun cuando resulte difícil obtener las autorizaciones necesarias.
La existencia de obras huérfanas constituye, por ello, uno de los argumentos más relevantes para considerar un régimen legislativo específico de utilización, con garantías para los titulares que eventualmente puedan ser identificados.
4 . 12 . Las obras inéditas, manuscritos y archivos personales
Las bibliotecas históricas pueden conservar manuscritos, correspondencia, borradores de libros, apuntes de cátedra, documentos personales y archivos de juristas. Estos materiales presentan una complejidad adicional, porque la propiedad del soporte documental no necesariamente coincide con la titularidad de los derechos de autor.
La adquisición de un archivo personal mediante donación o legado puede conferir a la biblioteca la propiedad de los documentos físicos, pero no implica necesariamente una autorización para publicarlos o reproducirlos.
En el caso de manuscritos inéditos, la biblioteca debe examinar, además, la situación de los derechos patrimoniales, los derechos morales y las condiciones bajo las cuales los documentos fueron incorporados a la colección.
La difusión de correspondencia privada o de documentos personales puede involucrar también otros intereses jurídicos, como la intimidad, el honor y la protección de datos personales. Estas cuestiones no se resuelven exclusivamente mediante el análisis del derecho de autor.
La gestión de archivos históricos requiere, por tanto, una evaluación que contemple tanto los derechos sobre las obras como las condiciones de acceso y utilización de los documentos.
5 . Las particularidades de las bibliotecas públicas jurídicas de larga trayectoria
Las bibliotecas jurídicas históricas presentan características que justifican una consideración específica dentro de la política legislativa sobre excepciones al derecho de autor.
Su valor no reside únicamente en la cantidad de libros que conservan. También se encuentra en la continuidad histórica de sus colecciones, en la posibilidad de reconstruir la evolución de las ideas jurídicas y en la conservación de documentos que permiten comprender las transformaciones del derecho, de las instituciones y de la sociedad.
Una colección jurídica histórica puede reunir obras doctrinarias, revistas especializadas, repertorios de jurisprudencia, colecciones legislativas, publicaciones institucionales, tesis, documentos de congresos y archivos personales de juristas. La relevancia de estos materiales puede exceder ampliamente el interés de sus autores o de quienes los publicaron.
La preservación y difusión de estos fondos plantea problemas que no siempre pueden resolverse mediante las herramientas tradicionales del derecho de autor.
5 . 1 . La antigüedad de las colecciones y la incertidumbre jurídica
En las bibliotecas de larga trayectoria es frecuente que los ejemplares hayan sido adquiridos bajo condiciones que no se encuentran documentadas de manera suficiente.
Puede ocurrir que la institución conserve ejemplares cuya procedencia se remonta a donaciones de particulares, transferencias de otras bibliotecas o adquisiciones realizadas hace varias décadas.
La biblioteca puede conocer la fecha de publicación de una obra, pero no necesariamente la identidad de sus titulares actuales. Puede disponer de un ejemplar original y carecer de información acerca de los derechos de reproducción. Puede conservar una revista jurídica cuyo editor ha desaparecido o cuyo archivo editorial ya no existe.
Estas circunstancias no eliminan los derechos de autor, pero dificultan su gestión.
La solución no consiste en considerar que los materiales antiguos se encuentran automáticamente libres de protección. No sería razonable sostener que la imposibilidad de localizar a un titular conduzca necesariamente a la exclusión permanente de una obra del acceso público. La situación pone en evidencia la necesidad de instrumentos jurídicos que permitan conciliar la preservación del patrimonio documental con los derechos de los titulares.
5 . 2 . Las colecciones de publicaciones periódicas jurídicas
Las revistas jurídicas presentan como dificultad adicional que suelen reunir contribuciones de numerosos autores, bajo la dirección de un editor o una institución.
La reproducción de un número completo puede involucrar derechos sobre los artículos individuales, sobre las fotografías o ilustraciones, sobre los estudios preliminares y sobre otros contenidos incorporados.
En una colección histórica, la identificación de los titulares puede resultar, por lo menos, compleja, cuando no imposible.
La digitalización de una revista jurídica no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del soporte físico. Es necesario identificar los contenidos protegidos y determinar si existe autorización o una excepción que permita su reproducción y difusión.
La dificultad se acentúa cuando la biblioteca pretende digitalizar una colección completa, con el propósito de construir un repositorio histórico de la producción doctrinaria nacional.
El valor científico y cultural de esa iniciativa puede ser considerable, pero no sustituye la necesidad de una norma legal habilitante.
5 . 3 . La conservación de repertorios jurisprudenciales y documentos de investigación
Las bibliotecas jurídicas pueden conservar repertorios de jurisprudencia, compilaciones de sentencias, documentos de investigación y materiales elaborados por juristas. En estos casos, debe distinguirse entre los documentos oficiales y las contribuciones intelectuales que pueden acompañarlos.
La reproducción fiel de las leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos comprendidos en el artículo 45, numeral 5.º, de la ley n.° 9.739 tiene un régimen específico. En cambio, las notas doctrinarias, comentarios, índices originales y otras elaboraciones intelectuales pueden estar protegidos por derechos de autor.
La biblioteca debe identificar el contenido que pretende reproducir y determinar su situación jurídica. Esta distinción es especialmente importante cuando se digitalizan repertorios históricos que combinan documentos oficiales con aportes de autores particulares.
6 . Las licencias como instrumento complementario de la gestión bibliotecaria
La ausencia de una excepción legal no significa que una biblioteca deba renunciar necesariamente a la reproducción o difusión de una obra. Puede obtener una autorización del titular de los derechos.
Las licencias constituyen, por tanto, un instrumento relevante para la gestión de los derechos de autor.
En el ámbito bibliotecario, pueden utilizarse para autorizar:
a la digitalización de una obra;
b la reproducción de determinados capítulos o artículos;
c la incorporación de documentos a un repositorio institucional;
d la puesta a disposición de obras en Internet;
e la conservación de copias digitales;
f la utilización de materiales en actividades docentes;
g la reproducción de imágenes y cubiertas en catálogos o exposiciones.
La autorización debe delimitar con claridad los actos permitidos, la finalidad de la utilización, los medios de difusión, el territorio, la duración y las condiciones económicas, cuando corresponda.
La biblioteca debe evitar que una autorización para un uso específico sea interpretada como una autorización general para cualquier modalidad de explotación.
En las colecciones históricas, la documentación de las autorizaciones resulta especialmente importante. Una política de gestión de derechos debería permitir identificar, para cada obra o conjunto documental, la situación de titularidad, las autorizaciones obtenidas y los usos permitidos.
7 . El desafío de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial
La transformación digital de las bibliotecas ha ampliado las posibilidades de acceso, pero también ha multiplicado los actos que por involucrar derechos de autor pueden estar comprometiendo responsabilidad de la biblioteca. La digitalización masiva, los repositorios institucionales, las plataformas de consulta remota y las herramientas de búsqueda automatizada pueden involucrar reproducción, almacenamiento, comunicación y puesta a disposición de obras protegidas.
La inteligencia artificial agrega nuevas cuestiones. Una biblioteca puede utilizar sistemas automatizados para clasificar documentos, generar índices, identificar referencias, producir resúmenes o facilitar búsquedas dentro de una colección.
La licitud de estas operaciones no puede determinarse únicamente por la finalidad bibliotecaria. Debe examinarse qué materiales se utilizan, qué actos técnicos se realizan, si se generan copias, qué contenidos se incorporan a los sistemas y si existe una autorización o excepción aplicable.
También debe distinguirse entre el uso de herramientas de búsqueda sobre metadatos, la extracción de información de documentos y la reproducción de las obras completas para su procesamiento.
No todas estas operaciones tienen necesariamente el mismo tratamiento jurídico.
En una biblioteca la incorporación de inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la recuperación de información y el acceso a colecciones de gran valor. Pero la innovación tecnológica no elimina la necesidad de respetar los derechos de autor ni de establecer políticas institucionales de utilización de los materiales.
La cuestión requiere una regulación que contemple las nuevas modalidades de reproducción y tratamiento de obras, especialmente cuando se desarrollan con fines de investigación, preservación o acceso al conocimiento.
8 . Hacia una política institucional de gestión de derechos de autor
La gestión de derechos de autor en una biblioteca no debería limitarse a resolver solicitudes individuales de reproducción. Resulta conveniente establecer una política institucional que permita identificar las situaciones de riesgo y adoptar criterios uniformes.
En una biblioteca jurídica de larga trayectoria, esa política podría estructurarse sobre diversos ejes entre los que destacamos los siguientes.
En primer lugar, proceder a la identificación de las colecciones. Es necesario conocer la composición de los fondos, las fechas de publicación, la procedencia de los ejemplares y las condiciones de adquisición.
En segundo lugar, hay que determinar la situación jurídica de las obras. La biblioteca debería distinguir entre obras protegidas, obras en dominio público, obras sujetas a licencias y obras cuya titularidad no puede determinarse con certeza.
En tercer lugar, hay que identificar los actos de explotación. La digitalización, la reproducción, el préstamo, la entrega de copias y la publicación en repositorios deben analizarse como operaciones diferentes.
En cuarto lugar, corresponde documentar las autorizaciones. Las licencias y permisos deberían conservarse de manera que permitan conocer qué usos han sido autorizados y bajo qué condiciones.
En quinto lugar, deben adoptarse criterios de acceso. La institución debería establecer procedimientos para atender solicitudes de usuarios, evitando tanto las restricciones innecesarias como los usos que carecen de fundamento jurídico. Es una forma de control que informa sobre intención o finalidad.
En sexto lugar, es fundamental la capacitación del personal. La gestión de derechos de autor requiere conocimientos jurídicos y bibliotecológicos, especialmente cuando se trata de colecciones históricas y recursos digitales.
Finalmente en séptimo lugar, hay que organizar la revisión periódica de las políticas. Las transformaciones tecnológicas y normativas obligan a revisar las prácticas institucionales de manera permanente.
Estas medidas no sustituyen las excepciones legales que resultan necesarias, pero permiten mejorar la gestión de los derechos existentes y reducir la incertidumbre jurídica.
9 . Fundamentos legales de excepciones para bibliotecas públicas o de acceso público uruguayas emplazadas en centros educativos
En este punto el ámbito para los comentarios es muy específico, tal como dice el título: bibliotecas públicas uruguayas emplazadas en centros educativos, comprendiendo educación a todo nivel o investigación. No se hace referencia a algunas particularidades que se podrían plantear para el caso de bibliotecas privadas, que no son de acceso público o que cobran una suma periódica por pertenencia y acceso a servicios.
Explicados los derechos de autor involucrados en actividades que realizan las bibliotecas, planteadas cuáles serían las actividades que necesitan excepciones - que existen en diversos países - y las limitantes del derecho uruguayo, ¿cuáles son los casos concretos de excepciones en las que se puede fundamentar la actividad en el Uruguay?
9 . 1 Regla general – Regla de los tres pasos
Hay una regla presente en tratados internacionales que es fundamental para entender qué es una excepción y cual es su fundamento. Por consistir en tres condiciones se le denomina en los distintos idiomas regla de los tres pasos.
Se encuentra tanto en el Convenio de Berna de 1866 como en el AADPIC del 1995, los dos principales instrumentos internacionales vigentes en prácticamente todo el mundo, en materia de derechos de autor y derechos conexos. Ambos se encuentra ratificados por el Uruguay hace ya tiempo. Por lo tanto, constituyen también derecho aplicable en Uruguay, particularmente sus disposiciones autoejecutivas (que no necesitan una ley o pronunciamiento del Estado a través de una ley para que estén vigentes en Uruguay).
En el Convenio de Berna, se encuentra prevista expresamente para el caso de derecho de reproducción, artículo 9, y para el caso de ilustración de la enseñanza, artículo 10.2.
En cuanto al derecho de reproducción y el reconocimiento de excepciones a los derechos del autor, rige en Uruguay la disposición del artículo 9 numeral 2) del Convenio de Berna para la protección de la propiedad literaria y artística, del que nuestro país es Estado parte. Se trata de un artículo que reconoce el derecho exclusivo de autorizar la reproducción de las obras a los titulares de obras literarias y artísticas protegidas. En cuanto a las posibles excepciones dice así:
“2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.”
Luego, en el artículo 10, que hace referencia a l libre utilización en caso de citas e ilustración de la enseñanza, el numeral 2) establece:
“2) Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar licitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.”
Siempre, destaca el referido artículo 10, en el caso de citas como en el de finalida de ilustración de la enseñanza, deberán mencionarse la fuente y el nombre del autor, si figura en la fuente.
Por su parte en el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, AADPIC, la norma correspondiente es el artículo 13 no distingue ámbito de aplicación, por lo que la regla de tres pasos resulta aplicable en los Estados Miembros para todos los casos que se trate de limitaciones o excepciones. Dice lo siguiente.
“Artículo 13. Limitaciones y excepciones.
Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.”
En definitiva, para estar ante limitaciones o excepciones a los derechos de autor hay de cumplirse estas tres condiciones o tres pasos:
1 que se trate de casos especiales, que deben estar indicados en una ley; lo cual es así por tratarse de limitación a derechos establecidos en una ley y tratados internacionales como lo son los derechos de autor y derechos conexos; la previsión legal puede estar tanto en la ley de derechos de autor como en cualquier otra, no se distingue al formular la condición;
2 que no atente contra la explotación normal de la obra; no puede habilitarse la sustitución total de los derechos de exclusiva del autor en relación con su obra;
3 que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor; si el perjuicio a intereses en aspectos relacionados con derechos morales y patrimoniales del autor no se circunscribe a situaciones aisladas o pone en riesgo sustancialmente las expectativas del autor, no puede justificarse la excepción bajo cuyo amparo alguien pretende actuar.
Naturalmente, la determinación de cada paso da lugar para mucho análisis que se manifiesta en distintos libros y estudios realizados por la doctrina a lo largo de los años.
9 . 2 Situaciones en particular
¿Dónde están las limitaciones y excepciones en el derecho uruguayo?
Hay que buscar la norma legal correspondiente.
Por un lado, de manera general se ha de mencionar el artículo 45 de la ley n.° 9.739 de 17 de diciembre de 1937, mencionada tantas veces ya en estos posts. El referido artículo lo hemos transcripto ya, en el post anterior de este artículo.
El problema es que dicho texto ES EL MISMO desde el año 1937, salvo por el agregado del numeral 12 del Tratado de Marrakech referido a formatos adecuados en beneficio de personas ciegas o con otras discapacidades. Es decir: un texto para otro mundo, sin tecnología habilitante para el acceso masivo a creaciones, sin usuarios prosumidores, sin las consideraciones de acceso a la cultura de las últimas cuarenta décadas por lo menos.
Por más visionario en aspectos como la mención a la televisión en el texto de 1937, muchos años antes de que existiera propiamente en nuestro país, no lo podía intuir todo, ni es esa la misión de un legislador. Al momento de la ley la biblioteca era un lugar de consulta presencial, de lectura in situ, sin siquiera demasiados libros como para pensar en préstamo que tuviera una actividad demasiado intensa. Ese legislador, ni quienes promovieron la ley, no tenían cómo “visionar” la tecnología y cambios sociales de un siglo siguiente que quedaba distante más de sesenta años.
Eso genera un desamparo de las bibliotecas públicas o de acceso público en centros educativos frente a la realidad y, consecuentemente, desamparo legal de la actividad de enseñanza y de la cultura.
Además de las excepciones del artículo 45, que son las directamente mencionadas, corresponde considerar cualquier otra norma legal que habilite la realización de una actividad que pueda entenderse una excepción o limitación a derechos de autor. No puede considerarse que un tema deba regularse solamente en una determinada ley y no en cualquier otra que apruebe el legislador. Esto es así en el caso de los derechos de autor como en cualquier otro caso.
Hay una lógica que hace que deban interpretarse de manera flexible o adaptativa las normas legales para su aplicación a las situaciones que estrictamente no se encuentran previstas en la ley cuando fue aprobada, cuando se trata de la normal evolución social, económica, política o tecnológica.
Los titulares de derechos de autor no han realizado nunca ningún tipo de accionamiento de aproximación literal para impedir algunos actos realizados en el ámbito de bibliotecas públicas, sobre la base de su sentido común y, seguramente también, calibrando lo que sería la repercusión social de un gesto así. Pero no puede sustentarse una actividad que implementa derechos humanos culturales y sociales en la circunstancial razonabilidad de una parte de los integrantes de la sociedad.
Mientras no se proceda a la reforma legislativa tantas veces fracasada o pospuesta, la sociedad uruguaya no está reconociendo merecidamente la actividad de las bibliotecas que estamos analizando en este artículo.
9 . 3 Situaciones previstas en particular en la ley 9.739 y otras eventuales previsiones
En materia de excepciones relacionadas con la actividad de bibliotecas públicas o de acceso público ubicadas en centros educativos, las normas clave para en el derecho positivo uruguayo están en el artículo 45, numerales 1 a 5 de la ley n.° 9.739.
Tratándose de un servicio en torno a una actividad de enseñanza – la ley no distingue niveles o contenidos enseñados – se aplica claramente el numeral 1 del artículo citado, cuyo texto transcribimos nuevamente a continuación.
“Artículo 45 No es reproducción ilícita:
1.° La publicación o difusión por radio o prensa, de obras destinadas a la enseñanza, de extractos, fragmentos de poesías y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor, salvo lo dispuesto en el artículo 22.”
Tener presente en todo caso que esta excepción no significa permitir la reproducción de cualquier obra en cualquier contexto educativo. SIEMPRE hay que tener en cuenta la Regla de los tres pasos, tal como se establece en el artículo 13 del AADPIC, arriba comentada. Hay que ver cada situación.
Nótese que la referencia es a la reproducción, no a comunicación pública ni otros derechos de explotación. Esa es una de las carencias de la normativa del año 1937 frente a las actividades actuales.
Asimismo, pueden citarse disposiciones alusivas a ciertas obras en particular, cuya reproducción es permitida, aunque no se trata del contexto de ilustración a la enseñanza mencionadas.
En primer lugar, sería el caso de la admisión de excepción en caso de lecciones orales de los profesores, discursos informes o exposiciones, del numeral 2. Claro que no dice, por ejemplo para el caso de las lecciones orales, que se trate de todas ellas, sino de las realizadas en reuniones públicas, en cuando sea aplicable. Una clase usualmente no es una convocatoria pública, como lo sería una conferencia, seminario o coloquio.
En segundo lugar, está la excepción propia de las noticias de actualidad o información, pero con reproducción fundada en el numeral 3). Como debe aplicarse la regla de los tres pasos esta excepción no habilita a realizar una actividad patrimonial de reproducción íntegra de estas creaciones como actividad rentable o con ánimo de lucro, mientras perjudique los intereses del autor o sustituya a la propia obra.
En tercer lugar, la excepción muy propia de ámbitos educativos y culturales, referida a reproducción para análisis y debate, del numeral 4). El contexto de la reproducción admitida implica que se destaque esta finalidad, no es un argumento para justificar cualquier reproducción sin que dicho propósito sea evidente de alguna manera.
En cuarto lugar, se encuentra la excepción de reproducción referida a documentos emanados del Estado en cualquiera de sus niveles de actuación, lo que se menciona como “documentos públicos de cualquier género”, entre los que se mencionan expresamente leyes, Códigos, actas oficiales. Esta es una expresión de política pública de transparencia y difusión de la actuación del Estado, condicionada – naturalmente – a que la reproducción se realice fielmente.
De manera que todo lo que involucre reproducción en estas cuatro previsiones, que se realice en el marco de la actividad bibliotecaria, resulta amparado también por la ley.
Para facilitar la interpretación de nuestro comentario, se reitera la transcripción de estos numerales mencionados a continuación, correspondientes al artículo 45 de la ley n.° 9.739.
“2.° La publicación o transmisión por radio o en la prensa, de las lecciones orales de los profesores, de los discursos, informes o exposiciones pronunciadas en las asambleas deliberantes, en los Tribunales de Justicia o en las reuniones públicas;
3.° Noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados de interés general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el origen de ellos;
4.° Las transcripciones hechas con propósitos de comentarios, críticas o polémicas;
5.° La reproducción fiel de las leyes, Códigos, actas oficiales y documentos públicos de cualquier género;”
Reproducción incluye todo tipo de procedimiento y de forma, inclusive la grabación sonora o visual, tal como admite el artículo 9 del Convenio de Berna al regular sobre el derecho de reproducción y su alcance. La digitalización es un acto de reproducción.
Nada se establece en la normativa vigente en cuanto al derecho de comunicación pública, que es el que está involucrado en las actividades de dar acceso. Para el caso de instituciones públicas estatales, la consideración de su naturaleza “pública estatal” puede facilitar algún tipo de ejercicio de actos.
El préstamo de materiales no tiene una excepción literal expresa, por ejemplo, porque es expresión del derecho de distribución de la obra que tiene en exclusiva el autor. La ley n.° 9.739 incluye el préstamo dentro de las modalidades de distribución comprendidas en el derecho de autor. El texto del artículo 2 fue actualizado en el año 2003, mientras que el texto del artículo 45 sigue siendo el mismo desde 1937. En la reforma del 2003 se puso al día a la ley con los derechos consagrados para los titulares, pero no se adaptaron las excepciones y limitaciones, dejando todos los nuevos temas y escenarios tecnológicos por fuera del texto legal. Ese atraso desequilibrante lleva más de veinte años ya.
La norma legal no contiene una excepción general que habilite, de manera expresa e indiscriminada, el préstamo público de todos los libros protegidos. En el derecho comparado, concretamente en Europa, se lo administra como el derecho patrimonial que es y ha sido reclamado por los titulares de derechos. Nada de eso se plantea efectivamente en el contexto latinoamericano y, mucho menos, para el caso de material de educación, aunque la base jurídica sea la misma. Tampoco en el caso de países como el nuestro hay una definición legislativa expresa por admitirlo, como una excepción. No hay nada concreto. Por más que se pueda interpretar la ley.
Esta es una de las situaciones en las cuales la reforma legislativa para reconocer y habilitar una situación que lleva décadas o más de un siglo de constituir una política cultural – el acceso a material educativo facilitando el estudio - es fundamental y de justicia. Por supuesto que, tal como rige para todas las excepciones, siguiendo la regla de los tres pasos plurimencionada.
De todas formas, en el caso de esta actividad hay un fundamento de cometido educativo del Estado, que resulta evidente en esta actividad y que, en realidad, en el volumen en el que se lleva adelante a los titulares de derechos los beneficia pues mantienen la difusión de sus obras. En principio, no tiene lugar la situación de perjuicio de intereses del autor que exige la normativa para que no sea tolerable el caso especial de establecimiento de bibliotecas en centros educativos que admite – y desarrolla - el Estado.
REFLEXIONES CONCLUSIVAS
Las bibliotecas públicas jurídicas de larga trayectoria cumplen una función que excede la conservación de libros. Son instituciones que preservan la memoria jurídica, facilitan la investigación y contribuyen a la continuidad del conocimiento.
La protección del derecho de autor constituye un elemento legítimo de ese sistema. Sin embargo, su aplicación debe considerar las particularidades de las funciones bibliotecarias y las necesidades de acceso, preservación y difusión del patrimonio documental.
El derecho uruguayo contiene disposiciones que permiten determinados usos de obras protegidas, como la reproducción fiel de leyes, códigos, actas oficiales y documentos públicos, así como excepciones específicas en materia de accesibilidad. No obstante, carece de un régimen general de excepciones que contemple las principales actividades de preservación, reproducción y acceso desarrolladas por las bibliotecas.
Esta ausencia se hace sentir más en las bibliotecas históricas, en las que la digitalización y difusión de colecciones pueden resultar indispensables para evitar la pérdida de documentos y facilitar el acceso a fuentes jurídicas de difícil consulta.
La solución no debería consistir en desconocer los derechos de los autores ni en asumir que toda actividad bibliotecaria se encuentra automáticamente legitimada por su finalidad cultural. Tampoco parece adecuado que la falta de una excepción específica impida de manera permanente la preservación y difusión de materiales de indudable interés público.
El desafío es construir un equilibrio normativo que reconozca las funciones de las bibliotecas y permita desarrollar sus actividades dentro de un marco jurídico claro.
La experiencia internacional demuestra que las excepciones para bibliotecas pueden configurarse de manera específica, delimitando las actividades permitidas, las condiciones de utilización y las garantías para los titulares. En Uruguay, la incorporación de un régimen de esta naturaleza permitiría atender necesidades que hoy deben resolverse mediante autorizaciones individuales o interpretaciones restrictivas de las disposiciones existentes.
En particular, una regulación adecuada debería contemplar la preservación de obras deterioradas, la digitalización de colecciones históricas, el suministro de documentos para investigación, la cooperación interbibliotecaria, el acceso a obras huérfanas y la utilización de tecnologías digitales para la organización y recuperación de información.
La finalidad no sería eliminar la protección autoral, sino asegurar que su ejercicio resulte compatible con la conservación del patrimonio documental y con el acceso al conocimiento jurídico.
Una biblioteca histórica que no puede preservar ni facilitar el acceso a sus colecciones corre el riesgo de perder parte de su función cultural. Una legislación que reconozca esa realidad puede contribuir a que la protección de los derechos de autor y la preservación de la memoria jurídica se desarrollen como objetivos complementarios.
Parte 1 de este artículo: https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2026/11/las-excepciones-del-derecho-de-autor-en_0605807907.html
Referencias bibliográficas
Bugallo Montaño, B. (2024). Activos intangibles. Comentarios sobre algunos contratos. Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria. Aprox 415 p.
Bugallo Montaño, B. (2024). Propiedad intelectual. T. 2. Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria. Aprox 585 p.
Bugallo Montaño, B. (2022). Propiedad intelectual. T. 1. Montevideo. Fundación de Cultura Universitaria. Aprox 585 p.
Bugallo Montaño, B. (2025) La propiedad intelectual en el Uruguay,
https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/2025/01/2025-la-propiedad-intelectual-en-el.html Actualización correspondiente a enero del 2025.
Crews, K. D. (2017). Study on copyright limitations and exceptions for libraries and archives: Updated and revised (2017 edition). World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=389654
International Federation of Library Associations and Institutions. (s. f.). IFLA statement on orphan works. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/files/assets/clm/publications/ifla_statement_on_orphan_works.pdf
International Federation of Library Associations and Institutions. (s. f.). Frequently asked questions. https://www.ifla.org/frequently-asked-questions-2/
Romani Parada, D. (2020). El derecho de autor en el entorno web: Prácticas y servicios bibliotecarios bajo las limitaciones y excepciones de la ley, el caso uruguayo. Informatio, 25(1), 132-156. https://doi.org/10.35643/Info.25.1.6
Universidad de la República Oriental del Uruguay. [UDELAR] Ordenanza de los derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República, Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994 https://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/10/Ordenanza-Propiedad-Intelectual-de-la-Universidad.pdf.
Uruguay. (1937). Ley n.° 9.739, de 17 de diciembre de 1937, sobre derechos de autor y derechos conexo.
Uruguay. (2003). Ley n.° 17.616, de 10 de enero de 2003, sobre derechos de autor y derechos conexos.
Uruguay. (2013). Ley n.° 19.149, de 24 de octubre de 2013.
Uruguay. (2014). Ley n.° 19.262, de 29 de agosto de 2014, por la que se aprueba el Tratado de Marrakech.
Uruguay. (2017). Decreto N.º 295/017, de 16 de octubre de 2017, sobre excepciones de los derechos de autor a favor de personas con discapacidad.
Uruguay. (2019). Ley n.° 19.857, de 23 de diciembre de 2019, sobre extensión del plazo de protección de los derechos de autor.
World Intellectual Property Organization. (s. f.). Limitations and exceptions. https://www.wipo.int/en/web/copyright/limitations/index
Altarriba, N. (2012). Excepciones al derecho de autor a favor de bibliotecas y archivos. FESABID. https://www.fesabid.org/wp-content/uploads/2021/04/2012_Alicante.pdf
Biblioteca Nacional de Uruguay. (s.f.). Derechos de Autor. Ministerio de Educación y Cultura. https://bibna.gub.uy/derechos-de-autor/
Facultad de Derecho - Universidad de la República. (s.f.). Biblioteca: Circulación y préstamo. FDER. http://www.fder.edu.uy/biblioteca/circulacion-y-prestamo
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. (2018). El derecho de préstamo público y su función. Revista de la OMPI. https://www.wipo.int/es/web/wipo-magazine/articles/the-public-lending-right-and-what-it-does-40437
LINKs vinculados a este post
PI para Bibliotecas – Serie con 15 post informativos y algunos recursos del tema.
https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/p/pi-para-bibliotecas.html
Biblioteca de Propiedad Intelectual Aplicada:
https://derechocomercialbeatrizbugallo.blogspot.com/p/biblioteca-de-propiedad-intelectual.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario